Culiacán: crisis de Estado

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La crisis de violencia en Culiacán centró de manera severa la estrategia de seguridad del gobierno actual en los parámetros de la realidad real y no de la realidad virtual. Y puso la estrategia de seguridad pública pacificadora del presidente López Obrador ante la necesidad de un replanteamiento estratégico: para llegar a la paz hay que pasar antes por la guerra.

Lo ocurrido en Culiacán fue producto de un error táctico que el gabinete de seguridad a lo mejor no entendió o no fue informado: el ejercicio de una orden de aprehensión de Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán Loera, preso de por vida en los Estados Unidos, pero en medio de un reacomodo de lucha de cárteles entre los hijos El Chapo hacia el interior y el acoso del Cártel Jalisco Nueva Generación en proceso de expansión.

La estrategia del gobierno de López Obrador se basa en tres supuestos: cesar la persecución de capos y cárteles para crear las condiciones de no violencia institucional, desarrollar programas de reconstrucción del tejido social y sobre todo crear un Consejo para la Construcción de la Paz.

Sin embargo, la lógica criminal se mueve en los terrenos de la disputa de plazas para consumo y asentamiento, de la lucha por rutas de transporte y sobre todo de consolidación del CJNG como el cártel de cárteles. Es decir, se trata de una ofensiva en el crimen organizado aprovechando la decisión de replegar al Estado de la persecución de capos.

La configuración del crimen organizado se ha ido modificando para llegar a dos grandes grupos: los grupos que quieren trabajar en lo suyo y los que aspiran a capturar a porciones territoriales y de gobierno del Estado. Y a ellos se han ido incorporando bandas y organizaciones pequeñas con actividades delictivas más ofensivas contra los ciudadanos, aprovechando el padrinazgo de algún cártel grande.

Del lado del Estado se terminó el ciclo de la ofensiva de seguridad del bloque de seguridad –policías federales, policías estatales, soldados y marinos– y en su lugar se ha querido implementar una fase de pacificación basado en las cifras de violencia, sobre todo de los homicidios dolosos de más de 250 mil en doce años. Aunque criticada, la primera fase logró descabezar al 90% de los cárteles, aunque dejó intactas sus estructuras criminales y en manos improvisadas de jefaturas sucesorias no entrenadas.

La crisis en Culiacán reventó la estrategia de pacificación del gobierno y obligará a un replanteamiento de la política de seguridad del Estado. Culiacán mostró la capacidad táctica del Cartel de El Chapo para desarrollar una respuesta de guerra lateral atacando posiciones débiles de las fuerzas de seguridad. Además, mostró la fuerza de equipamiento bélico superior al de las policías formales. El mensaje más preocupante tiene que ver con la capacidad de fuerza del Estado ante grupos que le debaten el monopolio del poderío coercitivo de las armas.

El Estado mexicano revolucionario y posrevolucionario venció a los jefes militares como poder autónomo, a los grupos sociales rebeldes, a las guerrillas urbanas y rurales y a las disidencias activistas, pero desde 1984 no ha podido poder orden en el crimen organizado; peor aún, con el apoyo y la complicidad de niveles del propio Estado, en algunas zonas de la república los grupos delictivos son un Estado dentro del Estado.

El problema, por tanto, no es de políticas de seguridad, sino de disputa por el Estado.

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