Dilemas de la dependencia fiscal

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Se ha hablado de inconformidad de algunos gobernadores por el Proyecto de Presupuesto, incluso se habla de que quieren reformar la Ley de Coordinación Fiscal para obtener un mejor reparto de las participaciones. Lo anterior de acuerdo con información de un informe del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados. En algunos medios se habla de recortes en las aportaciones y las participaciones, ramos 33 y 28 del PPEF, de manera equivocada.

Se trata de dos ramos presupuestales de naturaleza distinta, que ya la opinión pública diferencia con claridad, no está por demás precisar que, en el caso de las participaciones no se puede hablar de ‘recortes en el reparto’ ya que las mismas son gasto no programable y por lo tanto se trata de una estimación, que está vinculada con el comportamiento de la recaudación. Desde que se firma el pacto fiscal en 1980 al entrar en vigor la Ley de Coordinacion Fiscal, el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal a través de la adhesión de los estados, y cambia el sistema de reparto de los recursos pagados por esta vía a las entidades federativas, el resultado es una fuerte dependencia de la recaudación federal.

Las participaciones, como producto de la adhesión al SNCF, son como una contraprestación, ya que los estados dejan en suspenso, es decir, ya no cobran impuestos que la Constitución no les prohíbe, dejándolo en manos de la Hacienda federal, a cambio de recibir una parte de lo recaudado, esto es participaciones.

La estimación del Proyecto, 20 mil millones de pesos, un 0.9 por ciento menor a lo aprobado en 2019, pero es eso, una estimación que puede subir o bajar, en función del comportamiento de la recaudación participable. Esto resulta claro pero a veces pareciera que no.

La recaudación es la variable determinante, y en ello influye el comportamiento económico nacional, así como el entorno internacional, la inflación y sobre todo el esfuerzo recaudatorio federal.

Al inicio de los años 90 se dio una fuerte discusión entre los estados: aquellos que defendían que las participaciones compensasen la capacidad contributiva de cada estado y los que consideraban –la mayoría- que era un instrumento de los pocos estados federales en el mundo para compensar las diferencias en los niveles de desarrollo y en las haciendas públicas estatales, esto es que apostaban a la equidad en el reparto de los recursos.

En 1990 se materializó una primera diferencia, cuando se cambia la fórmula de distribución de participaciones, ganando el principio de equidad, pero añadiendo incentivos al esfuerzo recaudatorio en cada entidad federativa y en la recaudación en el predial municipal.

Cuando cambia la fórmula que se aprobó por consenso, algunos estados que no estuvieron de acuerdo fueron algunos del norte y otros como el DF y el Estado de México, incluso Tabasco y Chiapas, que todavía disfrutaban del privilegio de haber sido estados petroleros. No obstante se agregaron fondos de compensación para los estados perdedores, que operaron con eficiencia hasta 2007, que por recomendación de un organismo internacional, se siguió el criterio de distribuir el cien por ciento en base a la población domiciliada, que provocó – el cambio de fórmula- estados muy perdedores y otros muy ganadores, por ejemplo, la CDMX y Tabasco han acumulado una pérdida de más de 30 mil millones de pesos cada uno, de 2008 a la fecha, ya que la implantación total de la fórmula es gradual y faltan aún algunos años para completar el ciclo.

Es cierto, hay que revisar la Ley de Coordinación Fiscal, crear una ley del gasto federalizado o una de ingreso-gasto, que integre los recursos condicionados y los de libre disponibilidad con reglas de operación diferentes.

Pero no podemos hablar de que se recorten o meter tijera a las participaciones, cuando es gasto programable y depende de lo señalado.