¿La solución priísta para el conflicto interno de Morena?

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Más allá de sus declaraciones y los baños de pureza que se pueda dar un gobernante, son sus actos, decisiones y elecciones para resolver los diversos problemas públicos los que hacen la diferencia entre un demagogo, un gobernante o un estadista. Por ejemplo, no es lo mismo que elija una opción que apuesta por libertades públicas y mecanismos de negociación más complejos, o si optará por figuras regulatorias rebasadas y que más bien tienden a limitar o eliminar libertades públicas.

En estos momentos hay severos choques entre grupos de Morena por hacerse de la dirigencia de ese partido y el Congreso ha sido escenario de esos enfrentamientos, como hemos visto en este espacio las anteriores semanas. Esto es lógico, toda vez que impera el faccionalismo interno gracias a su propia estructura y creación. Sin embargo, hay varias formas de encauzar esto hacia una institucionalidad interna, y no todas son necesariamente democráticas o apuestan por empoderar al ciudadano.

El pasado jueves 22, durante su conferencia matutina, López Obrador sugirió que la población decida en una consulta o plebiscito si se mantiene la reelección inmediata para algunos funcionarios públicos. En sus palabras: “no dejar de insistir en la democracia participativa, en darle el derecho a la gente a que decida en consultas, en plebiscitos, y que se aplique la revocación de mandato y, si la gente quiere, que se quite la reelección porque está permitido en algunos casos. Eso fue un abuso que se cometió”.

Dejemos a un lado que el ejecutivo quiere crear una narrativa negativa en contra de todo tipo de reelección, a manera de formarse una narrativa donde, si lo desea, aceptará que el pueblo pida por su reelección. También ignoremos que en su retórica un político debe ser puro y honesto, aunque desconfíe de todo mecanismo de rendición de cuentas; y por ello un instrumento básico para el control ciudadano como es la reelección inmediata es un “abuso”. Bajo esta excusa pretende restaurar uno de los elementos que consolidaron la hegemonía priísta por décadas.

A principios de los años 30 del siglo pasado, el Partido Nacional Revolucionario era poco más que una coalición de caudillos locales, donde imperaba el faccionalsimo entre dos bandos principales: los blancos y los rojos. El problema era mayor en los estados, donde incluso dificultaban la gobernabilidad. La solución: reformar la Constitución para prohibir la reelección inmediata de legisladores y autoridades municipales en 1933, evitando que representantes y funcionarios tengan un poder propio.

Al poco tiempo de su aplicación, Lázaro Cárdenas descubrió el enorme potencial de la no reelección para consolidar al partido, pues de esa forma todos le deberían el cargo a quien tenga el poder de nominarlos para una candidatura. Por ello se hizo todo un mito en torno a la no reelección, cuando Madero nunca pensó en prohibir esta figura en órganos legislativos o municipios.

Lamentablemente la no reelección tuvo efectos negativos. En primer lugar, inhibió la rendición de cuentas vertical, de ciudadanos a gobernantes, haciendo que votásemos por expectativas a futuro en vez de desempeño. También contribuyó a la débil institucionalización: no puede haber reglas sólidas u organismos estables si sus operadores deben rotar cada tres o seis años. Todavía peor: conforme se fue extendiendo la pluralidad partidista, la no reelección creó partidos deslindados del ciudadano, con élites cuya única habilidad era el control vertical sobre las candidaturas.

Aunque la no reelección fue un factor que desprestigió a los partidos al no haber mecanismos de rendición de cuentas, fue aprobada en 2014 por la presión de académicos, editorialistas, comunicadores y activistas que les arrancamos el derecho a juzgar a nuestros legisladores y autoridades municipales a partir del desempeño. Incluso los institutos políticos postergaron lo más que pudieron su aplicación. Aunque el periodo de calibración durará un tiempo, las experiencias han sido positivas en la mayoría de los casos.

De aprobarse, la idea del ejecutivo implicaría un retroceso enorme a la democratización del país, por más que lo quiera ocultar en su retórica buenista.

@FernandoDworak

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