Privilegios y exmandatarios

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Durante la tarde del 25 de noviembre de 1976, cuando José López Portillo estaba a solo 5 días de rendir protesta como Presidente de la República, y suceder en el cargo a Luis Echeverría Álvarez, éste emitió un acuerdo, que no firmó, con número 7637, que puso de modo vitalicio a las órdenes directas de cada expresidente, un total de 78 miembros de las fuerzas armadas, con cargo al erario federal.

Formulado con presunto fundamento en la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos de 1971, la Ley Orgánica de la Armada de México de 1972 y la Ley de Secretarías y Departamentos de Estado de 1958, aquel acuerdo contiene única y exclusivamente las firmas del Secretario de la Defensa Nacional, Gral. Hermenegildo Cuenca Díaz, y del Secretario de Marina, Almte. Luis Mario Bravo Carrera.
Ninguna de las leyes citadas contenía dispositivo alguno que ordenara o permitiera que al concluir su mandato, los ciudadanos que hubieran desempeñado el cargo de Presidente de la República podrían disponer de personal del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada; tampoco facultaban al Ejecutivo Federal a conferir tales beneficios a los expresidentes. Encima, el acuerdo no fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), por lo que en realidad nunca fue obligatorio ni debería haber producido efectos.
Un poco más de 10 años después, en marzo de 1987, también cerca del ocaso de otro sexenio, el de Miguel de la Madrid, se expidió un nuevo acuerdo en la materia, identificado con el número 2763-BIS, que concedió a cada expresidente, mientras viviera, con cargo a la Hacienda Pública Federal, una pensión equivalente al salario que percibía un Secretario de Estado, así como seguro de vida y de gastos médicos mayores; y 25 empleados (personal civil) a su servicio, adscritos a la planta del personal de la Presidencia de la República, adicionales a los 78 militares ya referidos.
Este acuerdo estableció también seguros de vida y de gastos médicos mayores para la cónyuge del exmandatario y seguro de gastos médicos mayores para los hijos del expresidente, hasta que cumplieran la mayoría de edad. Del mismo modo, instituyó una pensión vitalicia para las viudas de los expresidentes y se emitió con supuesto fundamento la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal de entonces, que no decía que los expresidentes tendrían beneficios con cargo al Presupuesto Federal y menos, que sus cónyuges, viudas o hijos gozarían de dichos privilegios.
Este acuerdo tampoco fue publicado en el DOF ni firmado por el Presidente saliente, sino únicamente por el Secretario de Programación y Presupuesto,Carlos Salinas de Gortari, quien unos meses después sería “destapado” candidato del PRI a la presidencia.
El próximo jueves le cuento el resto.
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@ElConsultor2