FGR acusa a Robles de daño al erario por contrato de 60.9 mdp

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  • El contrato fue terminado anticipadamente sin que concluyeran los trabajos pactados, aunque la dependencia federal pago la totalidad del monto estipulado
  • Los contratos eran suscritos para la prestación de servicios que ni Sedesol ni Sedatu requerían y las entidades contratadas no tenían la capacidad para prestarlos

El único contrato que firmó Rosario Robles Berlanga, durante su gestión en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), generó un daño al erario federal superior a los 60 millones de pesos, de acuerdo con la investigación realizada por la Fiscalía General de la República (FGR).

El documento fue firmado el 1 de febrero de 2015 entre la dependencia federal y la Universidad Autónoma de Chiapas, para implementar, de manera conjunta, acciones relacionadas con la Cruzada Nacional contra el Hambre.

Este convenio fue mencionado por la FGR durante la audiencia inicial contra Robles Berlanga por el presunto  ejercicio indebido del servicio público, donde se acusa a la extitular de la Sedesol y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) de aprobar la realización de contratos irregulares que afectaron a las finanzas públicas, sin hacer algo al respecto.

En la audiencia, el juez de Control no resolvió aun si se vinculará a proceso a la exjefa de Gobierno capitalina, por lo que a las 18:00 horas de este lunes Robles Berlanga volverá a comparecer en el Reclusorio Sur y su defensa presentará las pruebas que tiene para “demostrar su inocencia”.

El contrato que refirió la FGR fue otorgado por un monto de 60 millones 952 mil 400 pesos. Sin embargo, la FGR asegura que fue terminado anticipadamente sin que concluyeran los trabajos pactados, aunque la dependencia federal pago la totalidad del monto estipulado y no existe constancia de que realmente la Universidad de Chiapas hubiera recibido el dinero.

Además, los fiscales enumeraron 27 contratos, la mayoría firmados por Emilio Zebadúa, exoficial mayor tanto en Sedesol como en Sedatu, y de Sonia Angélica Zaragoza, exdirectora de Recursos Humanos, durante  la gestión de Rosario Robles.

También hay contratos firmados por José Antolino Orozco Martínez, exdirector general de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios de Sedesol y exjefe de la Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucional de la Sedatu, y María del Carmen Gutiérrez Medina, extitular de la Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucional en la Sedatu y exdirectora de área en la Dirección que encabezaba Orozco Martínez.

Estos exfuncionarios también se encuentran en calidad de imputados por la FGR en el caso, luego de una denuncia realizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Actualmente, Orozco Martínez y Gutiérrez Medina colaboran con la FGR como los principales testigos que ha ofrecido la institución contra su exjefa.

Ambos aseguran que sus firmas fueron falsificadas y que advirtieron a Rosario Robles sobre estas conductas irregulares en los procesos de contratación y firma de convenios de colaboración e incluso, Orozco Martínez declaró que desde el año 2018 presentó su denuncia ante la FGR de los desvíos en ambas dependencias.

De acuerdo  con estas evidencias, los contratos cuestionados eran suscritos para la prestación de servicios que ni Sedesol ni Sedatu requerían,  pero además, las entidades contratadas no tenían la capacidad para prestarlos por lo que debían subcontratar a otras empresas.

Fueron contratos que realizados mediante adjudicación directa, pues no requieren licitación.

Otro de los testigos contra la exfuncionaria federal es Marcos Salvador Ibarra Infante, exdirector general adjunto en la Unidad de Coordinación de Delegaciones de la Sedesol y exdirector de Coordinación de Delegaciones en la Sedatu y afirmó que la titular de ambas dependencias,  acompañada de diversos exfuncionarios de Sedesol, como José Antolino Orozco Martínez, se reunieron el 14 de junio de 2014 con el entonces auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal.

En dicho encuentro, el exauditor le manifestó a la exsecretaria que las revisiones de la ASF estaban “plagadas de irregularidades en la erogación de recursos públicos”, porque existía un exceso en la posibilidad de adjudicar directamente las contrataciones a los entes públicos, ya que no se estaban verificando bien.

El extitular de la ASF retomó las erogaciones autorizadas por el exoficial mayor, Emilio Zebadúa, en los programas de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Sin embargo, Robles Berlanga afirmó que los contratos no eran ilegales y abandonó abruptamente la reunión.

Todas las irregularidades ocasionaron un daño patrimonial calculado en 5 mil 73 millones 356 mil 846 pesos, pues la FGR indicó que Rosario Robles estaba obligada, por ley, a informar al expresidente de la República, Enrique Peña Nieto, de la existencia de las mismas.