Morena alista juicio político contra Rosario Robles

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  • Debido que Rosario Robles ya no es servidora pública, la única sanción a la que se haría acreedora es la inhabilitación.
  • De proceder, recibiría una sanción de hasta 20 años de inhabilitación para desempeñar otro cargo de elección popular.

Si bien un juez federal de la Ciudad de México suspendió, por ahora, cualquier orden de aprehensión que pudiera haberse girado en los últimos días contra la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, quien ya fue citada para responder el próximo 8 de agosto a una imputación de la Fiscalía General de la República (FGR) por el caso de fraude con recursos triangulados con universidades, el frente legislativo de Morena parece que no se quedará con los brazos cruzados.

De acuerdo al coordinador de los diputados federales de Morena, Mario Delgado, anunció que su fuerza política, que ostenta la mayoría absoluta de la Cámara de Diputados, acelerará el procedimiento de demanda de juicio político que existe en contra de Rosario Robles, que de proceder puede generar en una sanción de hasta 20 años de inhabilitación para desempeñar otro cargo de elección popular.

“Hay una demanda de juicio político en la Cámara de Diputados contra Rosario Robles que vamos a acelerar, vamos a ver en qué estado está esa demanda, ese proceso de juicio político, porque creo que desviaciones tan claras, robos tan claros, como los que vimos en la Estafa Maestra, no pueden quedar impunes y debe haber una sanción judicial, administrativa y también política”, dijo Mario Delgado en conferencia de prensa.

De acuerdo con el artículo 9 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, “el juicio político sólo podrá iniciarse durante el tiempo en que el servidor público desempeñe su empleo, cargo o comisión, y dentro de un año después de la conclusión de sus funciones”; es decir, los diputados tiene hasta el 31 de noviembre para proceder al juicio político contra quien fuera secretaria de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del sexenio pasado.

Y también establece, en el artículo ocho, que “si la resolución que se dicte en el juicio político es condenatoria, se sancionará al servidor público con destitución. Podrá también imponerse inhabilitación para el ejercicio de empleos, cargos o comisiones en el servicio público desde un año hasta veinte años”.