Baja California: un desacato en toda regla

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El presidente dice al respecto que “nada que sea injusto, va a prosperar”; muchos ciudadanos se dicen no consultados por la atroz medida tomada; los detractores de López Obrador vociferan que hay dictadura en ciernes –su extravío no es novedad– y a uno como abogado, solo le resta verlo con mesura y acudir a las bases legales para identificar el entuerto que sí existe en la ampliación de mandato de gobernador para el que no fue elegido el mandatario resultante de los comicios del 2 de junio de 2019.

Ciertamente que por una idea peregrina de conveniencia política, varias entidades han ido empalmando comicios locales con los federales, en el entendido supuesto de que la gente se agobia menos con tantos procesos electorales y sí, los partidos políticos se piensan que si les va bien, el tirón de ganar varias elecciones a un mismo tiempo, los  catapultaría al éxito rotundo, cosa no probada del todo, porque es omitir el sentir ciudadano sobre el desempeño de gobernantes y sus partidos y es obviar por no quererlos ver, que existen muchos otros factores que conducen al éxito o al fracaso de una campaña.

Para no desviar el tema, las elecciones estatales de Baja California, que hasta hoy abrían los sexenios, y que en la convocatoria de 2018-2019 emplazaban a los ciudadanos a que eligieran a un gobernador por solo dos años –como lo mandata la reforma a la ley suprema local de 2014, que acortó temporalmente el periodo de gobierno a bianual en pos del empalme electoral descrito en el segundo párrafo de esta entrega– y así se procedió a llamar a los electores con esas bases y se obtuvo un ganador: Jaime Bonilla, que echó al PAN de la gubernatura que detentó por 30 años. Hasta ahí, todo muy bien.

De buenas a primeras el congreso local saliente, es decir, no el elegido el 2 de junio, con la colaboración de sus diputados panistas, deciden ampliar el mandato que se convocó con claridad a elegir por solo dos años, a uno de 5 años. Sin más. Porque sí. Porque lo mandan, punto. ¿Y los electores a qué hora votaron por un mandatario de 5 años? No han podido salvar ese punto al intentar justificarse.

Sí, llama la atención que sean los panistas los que favorecen a uno de Morena, votando una ampliación de gobierno. A ver qué cara ponen al final en el PAN Nacional con un Marko Cortés que un día sí y otro también se confronta con Morena. Se han de mandar solos aquellos panistas bajacalifornianos. La polémica medida tomada será que se ajusta al procedimiento legal, pero no pinta para lícita a fin de cuentas, si se pretende que Bonilla asuma por 5 años, cuando ha sido elegido para dos. El congreso local no puede revertir los términos en que lo es un elegido, cual gobernador en ciernes.  Eso es cambiar las reglas electorales a capricho y eso no está permitido. El gobernador saliente, el señalado de corrupto Francisco Vega –culpable de la debacle final panista que se anunciaba al menos desde hace dos sexenios locales, se opone a publicar semejante reforma. Y no le falta razón.

Sorprende sobremanera que un subsecretario de Gobernación federal como Ricardo Peralta salga a defender lo indefendible en una inopinada columna de opinión publicada en un medio de circulación nacional. De pena ajena sus argumentos expresados también en radio y que son una vergüenza para la democracia. Con ellos y con lo que corresponde expresar, se elabora de aquí en adelante la presente columna.

En efecto, para mal de todos la base sexta de la convocatoria a elecciones para gobernador en Baja California, sí precisó el periodo a elegir: un gobernador que se desempeñaría del 1 de noviembre de 2019 al 31 de octubre de 2021. ¡Jaque mate! Así se estableció y así se avisó a los electores. En ese marco se movían y además ¡basta de tomarlos por tontos! Llevan perfectamente bien las cuentas. No hacía falta que la papeleta pusiera el periodo a elegir y no hacerlo, no da pie a nada. Que calle el periodo de elección no da pie a modificarlo. Los electores saben bien lo que eligen.

Enterarse pues, que los ciudadanos llevan la cuenta, no son tontos. Y no hace falta que una papeleta electoral consigne la fecha, a menos que no prime ni la buena fe ni el cumplimiento de la norma vigente o nadie se tome en serio un proceso serio como es el electoral. Que una papeleta no ponga fechas no es óbice para ampliar sin más a un mandato no elegido libremente por los ciudadanos todos, en las urnas. Es pasarse de listo el argumentar lo contrario.

En segundo lugar los bajacalifornianos, conscientes de que la elección derivaría en un gobernador de dos años, no han sido consultados por un congreso saliente, para modificar la constitución bajacaliforniana y en ese proceso, lo importante, cambiar el periodo de gobierno y adjudicárselo al gobernador electo, uno que no contendió para tal. Es un atropello a la voluntad ciudadana, que aun en el caso de haber contribuido al triunfo de Bonilla, lo ha elegido teniéndolo en mente dos años, no por 5.

Si el congreso bajacaliforniano saliente, corrompido o no como se rumora, decide ampliar el periodo de gobernador, es valedero. Sí, solo que no retroactivo ni en beneficio de un elegido que no lo ha sido por 5 años, sino que sería en pro para los subsecuentes. Importa más la certeza legal que un beneficio alardeando una interpretación retroactiva en pos de un beneficio.

Nadie podría objetarlo así, en caso de hacerlo de manera correcta, de ser para los subsecuentes, no ya para el recién elegido en otros términos. En cambio, modificar la constitución local para beneficiar a otro recién elegido es cambiar las reglas de su propia elección y simular legalidad que no hay. Eso sí, no está permitido ni en la ley ni en la jurisprudencia. Y no por ello vamos a decretar desaparición de poderes. Eso sí es un disparate.

No le ha faltado razón a Cuauhtémoc Cárdenas al decir que lo sucedido en Baja California vulnera la constitucionalidad y es un insulto a la inteligencia. Justo lo que demuestra en su columna Ricardo Peralta al sostener que todo es legal y conducente: solo muestra falta de inteligencia al decirnos que un gobierno de dos años no refleja un deseo de cambio que no sea solo de gobierno, y procede lo efectuado aquí denunciado: alargar un periodo para que el cambio se note; ¿a juicio de quién en procedente? un comentario desafortunado desde un alto funcionario del gobierno federal morenista. Un gobierno acorde con el presidente, que no parece compartir esa opinión y que es importante que así suceda y se destaque.

Porque…¡vamos! Si eso piensa, pues habérselo ponderado antes los bajacalifornianos y haber hecho las modificaciones a tiempo. Y no sobre las rodillas como está sucediendo. En ese tenor, la legitimidad dada por el voto sí que tiene límites:  más nunca sin el amparo de la ley, pues no es nada y no autoriza a que unos congresistas decidan por un cambio de plazos que los electores no han decidido. De ese tamaño es el atropello. Así que no nos equivoquemos, no revolvamos pues, conceptos.

Por si faltara, la burla a los electores radica en que los deseos de quien sea que haya impulsado este cambio legal para prolongar a la mala un mandato no asumido, no considera si los electores han optado y votado por ello. No lo han hecho porque para eso no se los convocó, sino para elegir otra cosa. Ni siquiera en la cabeza de los legisladores locales que han acordado ampliar este periodo, que no son tampoco los elegidos el 2 de junio, con lo cual los legisladores salientes van doblemente de espaldas al sentir de los bajacalifornianos, por mucha legitimidad con la que llegue Bonilla. Es evidente que los electores no han votado para 5 años, por mucho que lo apoyen, porque no fueron convocados con todas sus letras, sino para pronunciarse por un cargo de 2 años. Lo demás es no consultarles y es cambiar las reglas de manera ilegal.

Ciertamente que la tesis jurisprudencial 170650 no aplica al caso, porque no se trata de un gobernador ya en funciones, peor al medida si alcanza a uno elegido bajo otras reglas y eso grave.  Acaso y lo veo forzado, por analogía podría decirse de esta jurisprudencia que no se prolongue un cargo definido desde que fue convocado a ser elegido. A lo más.

Lo de Baja California sí es un golpe al prestigio de Morena que dice apelar a la democracia legitimada. Reitero: legitimada, pero deberá sujetarla inevitablemente a la legalidad o no lo será. Ya lo ha dicho López Obrador: “A mí de haberme consultado, no lo hubiera permitido”. …Morena debería de tomar nota y desde luego, no forzar las cosas. Suena esto a imposición, palabra que dice despreciar.