Baja California y el realismo político

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Antes de justificar o condenar un acto, lo cual corresponde a los actores públicos y privados, el análisis político debe partir por explicar un acto, sus motivaciones y operación. Sólo de esa forma se pueden establecer diagnósticos y prever efectos y sobre todo, evitar que un problema se vuelva a presentar.

Hace unos días el Congreso saliente de Baja California, conformado en su mayoría por panistas, reformó con 21 votos a favor, un voto nulo y 3 diputados ausentes, vía votación secreta, por cédula y en urna, reformar el artículo octavo transitorio del decreto 112 de la Constitución estatal, a fin de que la administración del gobernador electo, Jaime Bonilla abarque de noviembre de 2019 a octubre de 2024, como se había establecido en la reforma constitucional de 2014. Fue ratificada la reforma por 4 de los 5 municipios.

Inmediatamente el PRI, PAN, PRD y MC reaccionaron y dijeron que expulsarán a sus diputados de sus partidos. Se dice que el soborno a cada legislador fue de hasta un millón de dólares, aunque eso es difícil de acreditar. Por lo pronto, y salvo que prospere una controversia ante la Suprema Corte de Justicia, se sienta un antecedente peligroso para la democracia en México: cualquier otro estado podría hacer algo similar, y también a nivel federal.

Dejando a un lado cualquier especulación sobre si los diputados le Baja California lo hicieron por ignorancia, si hay una estrategia mayor, o cuánto se le pudo haber dado a cada diputado, es de utilidad conocer los trasfondos y las situaciones de los legisladores. Sólo así se pueden identificar las casusas y prevenir actos similares en el futuro.

El primer punto a tomar en cuenta es que la decisión la tomaron los legisladores salientes. Todavía más, ninguno de los diputados y autoridades municipales de oposición que compitieron por cargos de elección directa pudo reelegirse ante el voto avasallante de Morena.

Lo anterior tiene dos implicaciones: los miembros de oposición del constituyente permanente local tienen que vivir de algo al menos dos años; y la legislatura tampoco es responsable de gran cosa si de todas formas está por cerrar. Dicho de otra forma, hay un incentivo claro para venderse si era necesario.

¿Y los partidos políticos? Tanto a nivel federal como local están desechos y con pocas posibilidades para reconfigurarse rápidamente. Los resultados electorales de 2018 y 2019 los dejaron con pocos espacios para repartir para los legisladores y autoridades municipales salientes.

Entonces, si no hay lugares en burocracia local o partidos, los institutos políticos están en momento de debilidad y vienen al menos dos años de hegemonía de Morena, lo lógico era venderse. En esto, espero que al menos hayan tasado alto su apoyo al gobernador entrante.

Bajo esta perspectiva, también son risibles propuestas como las de Cuauhtémoc Cárdenas por desaparecer poderes locales: ya eran patos rengos cuando tomaron la decisión y de todas formas hay autoridades electas esperando su momento para tomar posesión.

¿Qué pueden hacer los partidos nacionales? Tampoco gran cosa: la posibilidad de reelección inmediata de legisladores y autoridades municipales abrieron un sano proceso de descentralización y hoy sólo pueden patalear.

¿Qué hacer? Si la Suprema Corte de Justicia no se declara al respecto, las instituciones pueden entrar en un periodo de debilidad ante la voluntad de un líder. La cancha está en los ciudadanos y su capacidad para articularse y presionar.

@FernandoDworak