Ley migratoria en México, nuevo paradigma para México: Académicos

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Pobreza, falta de educación y comunidades asoladas por el narcotráfico, factores detonantes en esta crisis migratoria.

Académicos establecen que las condiciones actuales de violencia han rebasado la capacidad del gobierno para aplicar adecuadamente la ley.

Adriana González Arias, profesora del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del –(Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente ) ITESO, comenta que las autoridades deben repensar la manera en que aplica la ley migratoria, pues no se trata de decirle a la gente que no migre, sino que lo haga de manera ordenada y por los medios más seguros.

Desde 2001, la Asamblea General de las Naciones Unidas instituyó el 20 de junio como el Día Mundial de los Refugiados para visibilizar y apoyar a las familias que se han visto obligadas a huir de sus países de origen.

En México, el número de solicitantes de la condición de refugiado pasó de dos mil137 personas en 2014, a 14 mil596 en 2017, según datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), lo que es un reflejo de los cambios en las políticas migratorias de Estados Unidos.

Adriana González Arias, profesora del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos (DSOJ), comenta que las políticas migratorias de la actualidad van hacia el paradigma del resguardo del Estado – Nación. Esto es, priorizar el cuidado de quienes nacen en determinado país.

“Si además quienes migran tienen situaciones de pobreza, falta de educación y de comunidades asoladas por el narcotráfico, como es el caso de la mayoría de los migrantes que llegan a México, se considera que no le aportan nada al país, por lo cual se les rechaza desde un gran sector de la sociedad”, comenta.

Tanto Estados Unidos como México tienen sus protocolos para tratar la migración.

“Como país receptor, México debe cumplir con un principio básico de los derechos humanos, que es el de la protección de las personas. Una vez garantizada, corresponde al migrante iniciar con el proceso de solicitud de refugio en el país, proceso durante el cual tiene derechos y obligaciones”, menciona González.

De acuerdo con datos de la ONU, aproximadamente 70.8 millones de personas en todo el mundo se han visto obligadas a huir de sus hogares. De ellas, casi 25.9 millones son refugiadas, y más de la mitad son menores de 18 años. También se estima que hay diez millones de personas apátridas, a quienes se les ha negado una nacionalidad y acceso a derechos básicos (educación, salud, empleo y libertad de movimiento).

“México basa su ley migratoria en hacer lo apropiado para garantizar que se cumplan los derechos humanos básicos. No obstante, las condiciones actuales de violencia han rebasado la capacidad del gobierno para aplicar adecuadamente la ley”, señala González.

Al respecto de las resoluciones acordadas entre los gobiernos de México y Estados Unidos en días pasados en cuanto al tema de la migración, Adriana González comenta que es muy difícil negociar con un país que tiene el poder de afectar económicamente y, por ende, de desestabilizar al otro, lo que lleva a prácticamente aceptar las condiciones que impongan. Esta situación genera un problema institucional, ya que México está obligado a actuar incluso contra sus propias leyes de migración.

“El gobierno debe repensar la manera en que aplica la ley migratoria, no se trata de decirle a la gente que no migre, pero que lo haga de manera ordenada y por los medios más seguros, aunque sean más lentos”, finaliza González.

Actualmente, la Organización Internacional para Migrantes (OIM), está trabajando de manera conjunta con la Secretaría de Gobernación para implementar una política de migración con proyectos y recursos en los que no solo se incluye al gobierno de México, sino a la sociedad civil.