Obscena exhibición de la delincuencia política

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Pablo Sebastián

Dicen los nominados presidentes del Congreso y del Senado, Batet y Cruz, que ellos están a favor de ‘la convivencia y el diálogo’, pero sería necesario saber si estos dos máximos representantes de la soberanía nacional están a favor de la Justicia, la Constitución y la legalidad sin las cuales no puede haber Democracia, Estado de Derecho y en consecuencia tampoco habrá diálogo y convivencia porque nada puede hacerse fuera de la Ley.

Y resulta poco edificante ver, a los golpistas catalanes amparados bajo la ley que ellos desprecian y violentaron, sentados en el Congreso de los Diputados para asumir su condición de diputados electos aunque sea por un solo día, salvo que esa situación se complique y vaya a mucho peor.

Lo vamos a repetir por enésima vez. El problema catalán, en contra de lo que pregona Sánchez para justificar sus pactos con los golpistas, no es de convivencia sino de legalidad. Aunque esa responsabilidad no es sólo suya sino que se remonta al tiempo de Rajoy.

El desistimiento legal y democrático, al que hemos asistido en España desde que el golpismo catalán violó el marco constitucional aprobando en el parlamento catalán las leyes de referéndum y desconexión del Estado los días 6 y 7 de septiembre, ante las narices tapadas del expresidente Mariano Rajoy, nos ha llevado a un gran desastre nacional a través del referéndum ilegal del 1-O –que Rajoy fue incapaz de impedir- y de la declaración de la independencia de Cataluña el 27-O de ese mismo año de 2017.

Fue entonces cuando un pusilánime y perezoso Rajoy decidió aplicar en Cataluña el artículo 155 de la Constitución, pero acto seguido lo desactivó con la convocatoria inmediata de elecciones catalanas para el 21-D de ese negro año de 2017.

Un grave error que aprovechó el separatismo catalán para recuperar en menos de 70 días el poder que les había quitado el 155, y sin que mientras tanto hubiera mediado una profunda investigación sobre la organización, propaganda y financiación del golpe de Estado catalán.

La guinda del amargo pastel catalán la puso el propio Rajoy cuando, en la moción de censura de finales de mayo de 2018, se negó a dimitir de la Presidencia del Gobierno que inmediatamente él iba a perder, y le entregó sin intentar un adelanto electoral todo el poder del Estado a Pedro Sánchez y sus aliados de Podemos y del separatismo catalán.

Los mismos con los que ahora Sánchez se dispone a renovar el poder por otros cuatro años, al precio que sea: con ministros de Podemos e indultos para los golpistas. Con lo que Sánchez llevará el PSOE por estos senderos embarrados de la mano de un PSC pro soberanista ante el sonoro silencio de históricos dirigentes y barones regionales del PSOE que están a lo que mande Sánchez, el patrón.

Todo ello ha convertido el Tribunal Supremo en una isla de legalidad y de Justicia, mientras en Cataluña se vulneran la Constitución y la Ley incluso desde la mismísima Generalitat.

Y mientras los golpistas y prófugos catalanes se pasean por los procesos electorales y parlamentos catalán, español y europeo, aprovechando la debilidad de las penas de ‘inhabilitación’ que para los delincuentes de la política tenemos en nuestro Código Penal. Lo que nos conduce al grotesco espectáculo de hoy en el Congreso con claro desprecio a la soberanía y la legalidad.

Que a Josu Ternera, recién capturado por la Gendarmería francesa y la Guardia Civil, se le hagan homenajes en el País Vasco es algo que no parece importar al gobierno de Sánchez (necesita los votos del PNV) y menos al de Urkullu. Y que delincuentes fugados y los muy presuntos delincuentes procesados se estén paseando por el Congreso tampoco le preocupa a Sánchez porque anhela para su investidura los escaños de Podemos y ERC.

El fin justifica los medios y ‘con estos bueyes hay que arar’ camino de unas inminentes elecciones del 26-M, donde ‘el diálogo y la convivencia’ todo lo tapan y lo justifican como bandera progresista y democrática bordeando de temeraria manera el imperio de la Ley.

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