¿Nuevo régimen o una variante del actual?

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Le he seguido dando vueltas —con recientes lecturas— a mis reflexiones sobre el gobierno actual. ¿Es o no un nuevo régimen? Y si es lo segundo, ¿cómo lo debemos denominar? Propongo a continuación algunas ideas sobre el tema.

La sustitución de un régimen político por otro es un reto que supone algo más que la oposición al anterior. No basta decir que el nuevo régimen, sea cual sea, es posneoliberal, pues este concepto, como ya lo expuse aquí el 11 de abril, no es claro por sí mismo ni nos dice qué es en realidad. El posneoliberalismo no es lo contrario al neoliberalismo puesto que el prefijo “pos” significa, como bien se sabe, tanto “detrás de” como “después de” (según mi diccionario panhispánico de dudas), pero nunca “anti”.

Si se está en contra del neoliberalismo primero deberá entenderse qué es y cómo se caracteriza éste usualmente. Si se entiende bien este concepto tal vez sea más fácil definir qué sería su contrario, al menos en el discurso.

Neoliberalismo incluye la noción liberalismo: un nuevo liberalismo. Pero que sea nuevo no quiere decir que sea lo contrario del viejo. Si “neoliberalismo” es una expresión controvertida, liberalismo es una noción aceptada casi universalmente. Cualquier diccionario de política nos dice con detalle qué es el liberalismo. Y una característica fundamental de éste es la libertad de mercados y, por lo mismo, la menor regulación estatal sobre estos. El liberalismo, así como el neoliberalismo, exige poca intervención del Estado en la economía. El estatismo lo contrario: la mayor intervención estatal posible y no sólo en la economía.

Durante décadas se pensó que la estatización de la economía era socialismo. Pero luego, cuando la crítica a la Unión Soviética y similares ganó mayor presencia de la que tuvo el libro de Konstantin Katzarov a principios de los 60, se confirmó que el estatismo no era socialismo, puesto que la propiedad de los medios de producción no estaba en manos de la sociedad sino de la burocracia estatal y partidaria. Fue por ello que la burocracia se beneficiaba de su posición en el Estado y en el partido, incluso en la dirección de las empresas estatales, pero aun así no podía venderlas, como sí ocurría en el liberalismo: el dueño de una empresa privada puede venderla, el director de una empresa estatal no puede hacerlo, no es suya. Fue por ello que cuando la Unión Soviética dejó de existir como tal los directores de empresas estatales lo único que pudieron hacer (con sus respectivos beneficios no siempre éticos) fue facilitar la privatización de dichas empresas… al mejor postor privado, fuera ruso o extranjero. De esas transacciones nacieron nuevos ricos, algunos asociados a las mafias que ya operaban en la URSS antes de su desaparición.

Si un nuevo régimen de pretensiones antineoliberales no estatiza o socializa la economía que esté en manos privadas, ni combate a los grandes capitales, será cualquier cosa menos antineoliberal ni tampoco antiliberal. Algunos teóricos inventaron un concepto aparentemente distinto y teóricamente intermedio: el “liberalismo social”, el mismo que usó Salinas de Gortari para sustituir el nacionalismo revolucionario que supuestamente definía al PRI, su partido. ¿Y qué es el liberalismo social? Un liberalismo asistencialista (neoliberalismo asistencialista, para el caso), que fue lo que había comenzado Salinas al crear su Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol) al principio de su gobierno.

El liberalismo asistencialista, al igual que el neoliberalismo asistencialista, tuvo y ha tenido —en donde se ha aplicado con ése u otro nombre— una intención política: cooptar apoyos tanto al gobierno como a su partido; esto es, propiciar el agradecimiento de todos los beneficiarios del programa al gobierno y a su partido. No fue por azar que Salinas escogiera como primeros beneficiarios de Pronasol a quienes, según la información electoral, habían votado por otro partido (sobre todo por el PRD) y no por el PRI.

Vale recordar que muchas organizaciones socialdemócratas, sobre todo después de la reunión del partido correspondiente de Alemania en Bad Godesberg en 1959, adoptaron la estrategia del liberalismo social y abandonaron el marxismo como la antigua matriz ideológica de los partidos de esa orientación. No más la lucha contra el capital, fue la consigna vigente hasta la fecha, sino por la democracia en lo político y en lo social sin dejar de apoyar a la iniciativa privada.

Por lo anterior y en mi perspectiva, propongo una hipótesis para el debate: no se está construyendo, pese al discurso en boga, un nuevo régimen político en México, sino una variante asistencialista del neoliberalismo. Que éste sea en varios sentidos original en la forma y, desde luego, distinto al intentado por Salinas de Gortari en su momento, no quiere decir que sea antineoliberal. Ahí están los grandes capitalistas nacionales y extranjeros para demostrarlo: lo único que se les pide desde la cúspide gubernamental es que no caigan en corruptelas al cumplir su papel en la economía, pero que sigan, que continúen, porque “las inversiones privadas son indispensables”. Ya se ha dicho, y de esto no hay duda: la intención de cambio no es ni pretende ser socialista. “Yo soy liberal”, le dijo el presidente a Juan Luis Cebrián (El País, 13/05/19), y nadie que valga la pena oír o leer lo ha cuestionado por ello. Yo tampoco.