Asesinato de Colosio, encubrimiento de Estado

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Como bien se sabe, hace 25 años fue asesinado Luis Donaldo Colosio, candidato del PRI a la presidencia de México. No fue, como se ha dicho, un magnicidio, pues el fallecido era un ciudadano común y no un jefe de Estado. Pero quizá por eso lo mataron, para que no llegara a ocupar el cargo que probablemente habría ganado.

¿Especulación? No mayor a la que se fabricó con posterioridad a los disparos que recibió. La prestigiada cardióloga Patricia Aubanel fue la primera médica responsable que atendió en el hospital de Tijuana al candidato priista. Ella dijo, antes de subirse a su automóvil para retirarse del hospital, que la víctima presentaba dos disparos de bala de distintos calibres (se dijo, según otra fuente —de la periodista Laura Sánchez Ley—, que uno era calibre 0.38 y el otro, el del abdomen, calibre 0.22). Por un tiempo nadie supo más de la médica Aubanel, pero luego se dijo que se retractó de su hallazgo de los dos calibres afirmando que no era médica forense y que pudo haberse confundido. Muchos sospechamos, incluso ahora, que fue amenazada para que se desdijera, porque no hay evidencias de que fuera comprada.

El procurador general de la República atrajo para su dependencia el caso, cuando que éste debió ser investigado por la policía local pues se trató de un homicidio tipificado legalmente como delito del fuero común. Eso fue irregular, ya que no era un delito federal ni se trataba de un servidor público de alto nivel, aunque antes de ser candidato lo haya sido. El procurador también dijo, según las notas periodísticas, que el extraño lugar del segundo disparo se debió no a dos asesinos sino a que la víctima había girado 180 grados. Otras versiones señalan que sólo fueron 90 grados. Lo curioso del asunto es que en las filmaciones conocidas se ve que Colosio, después de recibir el disparo en la cabeza, cayó al suelo y sólo experimentó un pequeño giro, pero no de 90 ni de 180 grados. ¿Por qué habría de girar tanto como se dijo? Nadie lo ha explicado convincentemente.

El jefe de la policía de Tijuana, que en la serie de Netflix personifica Alberto Guerra, era Federico Benítez quien, por su cuenta insistió en hacer su propia investigación del caso. Curiosamente fue acribillado poco después y tanto algunos medios locales como la revista Proceso (27/2/95) especularon que había sido asesinado precisamente porque estaba investigando, al margen de la pesquisa oficial, el homicidio del candidato priista.

Luis Raúl González Pérez, actual presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, hizo una investigación de varios años y concluyó, hasta donde sé, que no hubo otro asesino además de Mario Aburto (que era desde el principio la versión oficial). Tal vez ahora, que no gobiernan el PRI ni el PAN, nos pueda decir algo que no sepamos o, por lo menos, que nos explique por qué Jorge Antonio Sánchez Ortega, muy parecido a Aburto y que dio positivo en la prueba de rodizonato de sodio, fue liberado por las autoridades federales horas después de haber sido detenido y, en la actualidad, poco o nada se sabe de él, salvo que entonces trabajaba en el Cisen —según se dijo—.

La investigación careció de rigor y pulcritud de principio a fin, incluyendo a todos los fiscales especiales que participaron para supuestamente esclarecer ese homicidio. Tanto Alfonso Durazo como Agustín Basave, ambos ex colaboradores de Colosio e incluso amigos de la familia, opinan que no se trató de un solo asesino sino de dos, y yo añadiría también a los autores intelectuales del crimen. Éstos deben haber sido o son muy poderosos, pues a pocas investigaciones se les ha echado tanta tierra para ocultar la verdad. El actual presidente de México se refirió al hecho como un posible crimen de Estado y yo diría que si no lo fue sí se trató de un encubrimiento de Estado. De esto último no hay duda para mí, pues la procuraduría de la República, la policía judicial federal, el Estado Mayor Presidencial y otros organismos involucrados en la investigación (y posible ocultamiento de los hechos) son o eran instituciones del Estado y no delincuentes comunes, organizados o no.

Sólo conversé una vez con Colosio, con Luis Donaldo como me pidió que lo llamara, cuando era secretario de Desarrollo Social. Sólo hablamos de política con motivo del libro que le obsequié en esa ocasión (La reforma política y los partidos en México). No fuimos amigos, pero aun así debo decir que me simpatizó el personaje salvo en su gusto por la ópera wagneriana, que no es de mi agrado. Lo volví a ver, de lejos, en el famoso mitin del 6 de marzo de 1994 donde, según algunos observadores y yo mismo, se deslindó tanto de los tecnócratas en el gobierno como de los viejos dinosaurios de su partido. El tema es que no querían la democratización del PRI y Colosio sí, como también de la relación del gobierno con la ciudadanía cada vez más abandonada a su suerte.

Si Colosio no hubiera sido asesinado, tal vez México habría tenido cambios importantes desde entonces y no tendríamos que haber pasado por los gobiernos de Zedillo, Fox, Calderón y Peña. Pero los hubiera no existen, salvo en las ucronías (siempre de ficción). Ojalá este gobierno, el de AMLO, quiera y pueda investigar lo sucedido hace 25 años. El caso se podría reabrir —supongo— bajo el argumento de que los homicidios no prescriben como delitos, sobre todo si se demuestran vicios procesales o si se encuentran pruebas que en México se llaman supervenientes que cuestionen válidamente la sentencia. Todos, o más bien casi todos, queremos saber la verdad de lo ocurrido.

PD: Totalmente al margen del asesinato de Colosio, me entristece mucho el fallecimiento de mi amigo Virgilio Caballero.