Legitimación política del segundo orden

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En estas mismas páginas he insistido que, por sí mismos, el procedimiento electoral, su densidad normativa y sus instituciones han dejado de proveer la legitimidad política que antaño parecía alcanzar para todo el periodo de gestión gubernamental. Me he dolido también sobre el deterioro en la percepción social del antes denominado momento cumbre de la democracia, la jornada electoral, y cómo avanza en los centros de la inteligencia occidental la preocupación de que hay que hacer algo, rápido y bien, para rediseñar y relanzar la viabilidad política de nuestros regímenes democráticos.

Como lo afirma Dieter Nohlen, la legitimidad de acceso, es decir, la lucha por el poder cuenta con mayores mecanismos, presupuesto, instituciones, normas y garantías que nunca; mientras que la legitimidad de salida, o sea el ejercicio del poder y la rendición de cuentas, con todo el Sistema Nacional Anticorrupción, enfrenta aún retos formidables, al igual que la percepción social de una oportuna y suficiente productividad de bienes públicos.
Hace unos días, nuestro país empezó a resolver el entuerto por una de las vías más eficientes: darle al electorado más y mejores instrumentos políticos para traer a cuentas y supervisar a quienes los representan y los gobiernan. En efecto, el pasado jueves 14 de marzo la Cámara de Diputados aprobó con clara mayoría calificada una reforma constitucional en materia de consulta popular y revocación de mandato que avanza por el camino de reforzar el vigor democrático de nuestro sistema político.
Independientemente de lo que suceda en la colegisladora, los Senadores tendrán que tomar quizá la más difícil decisión parlamentaria de sus carreras, pues la minuta que ya obra en sus registros de trámite no contiene modificaciones menores a la carta magna. Se trata de las primeras reformas impulsadas por el gobierno de López Obrador que empiezan a encauzar un auténtico y raigal cambio de régimen político pues se dirigen a crear instituciones y procedimientos verdaderamente fundamentales que van a reinventar los mecanismos de control social sobre la política y los políticos, y eso sólo podría preocupar a quienes tienen algo que ocultar.
Creo que los cambios propuestos encarnan la convicción del nuevo gobierno por abrazar una pluralidad jurídica, necesaria en esta etapa superior de la democracia liberal contemporánea, a su vez representada por un nuevo constitucionalismo popular que, impulsado por expertos reconocidos como Parker y Tushnet (Harvard) así como Kramer (Stanford), pugna por poner más cerca del poder la “energía política del conjunto social” para que participe y se exprese con libertad respecto de cada vez más procesos políticos y decisiones de política pública de la más diversa especialidad, para revestir al aparato público entero de un reconocimiento social que, en México, no ha estado muy presente en los últimos años, por decir lo menos.