Seguridad: las deudas con el ejército

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Ante la pasividad gubernamental, el debate en torno a la Guardia Nacional se dio en medio de severas críticas a la participación de las fuerzas armadas en labores de apoyo a la seguridad pública por una fase de dura crisis de seguridad interior. Pero los militares nunca pidieron entrar a seguridad; los gobiernos de Calderón y Peña Nieto los enviaron a esa guerra ante la incapacidad civil.

Más que críticas, se esperaba cuando menos el agradecimiento. Sin las fuerzas armadas en seguridad no se hubiera logrado la victoria de descabezar al 90% de los cárteles del crimen organizado ni se hubieran recuperado los espacios territoriales de la soberanía del Estado que habían sido ocupados por las bandas criminales.

El debate sobre la Guardia Nacional giró en torno al retiro de las fuerzas armadas a sus cuarteles y a la configuración de esa Guardia como una organización civil y policiaca. Sin embargo, hubo dos hechos que deben fijarse en el ambiente de seguridad: el personal de la nueva GN será formado por policías militares y navales y las fuerzas armadas seguirán cuando menos otros cinco años en tanto la Guardia logra profesionalizarse.

Estos dos puntos quieren decir que las fuerzas armadas de todos modos seguirán en labores de seguridad pública y los efectivos llegarán procedentes de las fuerzas armadas.

El punto clave se localiza en la caracterización de la crisis de seguridad. La seguridad pública en la que tiene que ver con las agresiones delincuenciales contra el ciudadano. Sin embargo, los cárteles del crimen organizado no sólo han atentado contra las personas, sino que han roto la estabilidad social en zonas territoriales del Estado, han corrompido a funcionarios, han ocupado al Estado para someterlo a sus intenciones criminales y han impedido la estabilidad social y económica. Por tanto, la crisis de seguridad pública pasó a pruebas contundentes de una crisis de seguridad interior.

Las policías fueron rebasadas, corrompidas y atemorizadas por los delincuentes y las acciones de inseguridad afectaron el dominio hegemónico del Estado. Las pruebas estuvieron a la vista: el Estado mexicano perdió el control de espacios territoriales de su soberanía y las policías federales, estatales y municipales fueron incapaces de recuperarlo porque la capacidad criminal fue mayor al equipamiento policiaco.

Las fuerzas armadas no fueron enviadas a labores de seguridad interior con la consigna de violar los derechos humanos; por tanto, su saldo debe medirse por sus resultados: salvo dos viejos cárteles, los demás están diezmados, sin control y ya en labores de inseguridad pública.

Las fuerzas armadas no se merecían el trato que les dieron en el debate de la Guardia Nacional, porque al final de cuentas hasta los críticos tuvieron que aceptar que su presencia es necesaria. El concepto de militarización fue usado como una condena a las fuerzas armadas. A pesar de la participación militar y de fuerzas regulares en la Policía Federal y la Gendarmería, los cuerpos policiacos han sido civiles y no militares.

La sociedad mexicana debe un reconocimiento a las fuerzas armadas, no una condena. Sin los militares, los niveles de inseguridad serían mayores. Lo que viene será una prueba de fuego: los civiles no serán capaces de combatir la inseguridad y en cinco años no sólo no retirarán a las fuerzas armadas, sino que les suplicarán que se queden. Ya lo veremos.

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