¿Qué hacer con los órganos autónomos?

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Tal y como han hecho diversos gobernantes de corte populista en otros países, López Obrador ha comenzado con un proceso de recentralización de autoridad a través de restarle fuerza a los órganos autónomos, ya sea a través de la selección de sus integrantes, reducción de presupuesto o ataques a su prestigio para disminuir su nivel de confianza ante los ciudadanos.

La existencia de estos órganos obedece a la necesidad de retirar del ámbito de las decisiones públicas temas que se consideran técnicos o neutrales. En algunos casos su necesidad es evidente, como el Banco de México, donde se tiene autonomía para planear la política monetaria. Muchos recordamos en los setenta cuando Luis Echeverría solicitó la renuncia de Hugo B. Margain como secretario de Hacienda porque la política económica se haría en Los Pinos, con los resultados que eso trajo en el corto plazo. En el mismo caso están otros, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o recientemente la Fiscalía General de la República.

También hay una pléyade de órganos reguladores autónomos, muchos de reciente creación a partir del Pacto por México, que forman parte del embate del presidente, como la Comisión Reguladora de Energía. Entre los insultos que ha vertido el ejecutivo es entrecomillar la autonomía de los órganos, el expertise de sus integrantes o sus altos costos. Incluso ha usado la palabra “purificación” en cuanto a su reforma. ¿Qué hacer?

Es comprensible que, como afirman expertos como Cristopher Ballinas, su diseño haya sido más político que técnico, sabiendo que fueron diseñados y pactados entre los partidos a través de un órgano que toma decisiones políticas antes que técnicas. Como bien argumentó el académico del ITAM y hoy funcionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores en su cuenta de Twitter (@Crisballinas) hace unos días, los diversos acomodos políticos han generado un confuso universo de agencias gubernamentales de diversos y variantes grados de autonomía, carentes de coherencia y sometidos a diversos niveles de control político. La argumentación y la evidencia son indiscutibles.

Sin embargo, por más defectuoso que pueda ser el diseño, no estamos abriendo un debate sobre cómo mejorarlo u optimizar los procesos de toma de decisiones, sino estamos frente a un gobierno que desea desmantelar lo hecho. O como diría el refrán, se desea tirar el agua con todo y niño. Basta con ver, por ejemplo, las propuestas del gobierno para la Comisión Reguladora de Energía y la forma que fueron puestas en evidencia ante el Senado.

Como se dijo en la entrega anterior, los expertos del frente liberal están agotados y tienen mucho que remontar en cuanto a su credibilidad. Pero tampoco ayuda a la discusión decir que los órganos autónomos “han servido para afianzar ideas de gobernantes así como metodologías para decisiones públicas que no han sido sancionadas democráticamente”, como escribe Ballinas en su hilo de tuit.

Es necesario tender puentes entre quienes opinamos distinto sobre los órganos autónomos y plantear alternativas de reforma sensatas y viables. ¿Qué hacer respecto a, por ejemplo, métodos de designación, procesos de toma de decisiones o mecanismos de transparencia y rendición de cuentas? ¿Cómo definir la autonomía tanto de la institución como de sus integrantes? Una señal de éxito sería tener claras las reformas a promover.

En estos momentos el no saber comunicar, no tender puentes o mantenerse callado es sinónimo de complicidad con el autoritarismo. Retomemos la generosidad de quienes debaten, intercambian ideas y proponen mejoras al estatus quo.

@FernandoDworak