Ley de salarios desata ‘avalancha’ de amparos

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  • Se estima extraoficialmente que podrían ser hasta 5 mil 774 funcionarios los que habían presentado amparo.
  • En medio de la polémica, juez de la SCJN pidió al Gobierno Federal evitar la confrontación por el reciente fallo contra la ley.

Tras darse a conocer que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) suspendió la aplicación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, ahora se reveló que suman ya mil 275 demandas de amparo contra dicha iniciativa.

Según cifras del Poder Judicial de la Federación (PJF), reveladas por el diario Reforma, del total de los quejosos, tres cuartas partes son integrantes del PJF, pues recurrieron al amparo 367 jueces de distrito, 425 magistrados, dos mil 5 secretarios de acuerdos, 418 actuarios y mil 98 oficiales judiciales.

En suma, trabajadores de Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal de Competencia Económica, la  Procuraduría General de la República y el Instituto Politécnico Nacional también recurrieron al recurso legal para evitar afectaciones a su salario.

Incluso, se contabilizaron trámites de funcionarios del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el Instituto Nacional Electoral, el Servicio de Administración Tributaria y la propia Secretaría de Gobernación.

Además, entorno a la polémica de dicha ley y las críticas desatadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador por la postura en contra de algunos funcionarios, el propio ministro Jorge Pardo, quien aspira a la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), tuvo que salir ante los medios para disuadir la confrontación.

Pardo pidió a los jueces federales no caer en provocaciones por el enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y Poder Judicial que desató la Ley Federal de Remuneraciones y enfatizó la importancia de la independencia judicial y la división de los poderes reiterando que “ningún poder se encuentra por encima ni por debajo de otro”, además “el equilibrio entre los tres poderes” en lo que se refiere al “respeto mutuo de sus respectivas competencias y facultades”.