Sheinbaum y el reto del cabildo

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Entre las más importantes encomiendas y responsabilidades de la nueva Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, que justo ayer asumió el cargo, se encuentra la de presidir y conducir una institución de vanguardia en la administración pública en general, creada por la innovadora Constitución local.

El Cabildo de la ciudad es, en efecto, un reto mayúsculo en materia de inclusión democrática para Sheinbaum, pues agrupa personajes y funciones de primer orden que ningún órgano colegiado local había concentrado antes y que no existe en ninguna otra norma en el país entero.

Instalado apenas el lunes pasado, el Cabildo es una novedad institucional que no debemos subestimar pues es, básicamente, un consejo de alcaldes y alcaldesas, y será órgano de planeación, coordinación, consulta, acuerdo y decisión en diversas materias fundamentales para el gobierno cotidiano de la Ciudad de México, visibles en el artículo 54 de la constitución local.

Por ejemplo, el Cabildo podrá opinar sobre los proyectos de iniciativas de ley y de cualquier otra norma que la Jefa de Gobierno promueva y que tengan un impacto en el ámbito específico de las demarcaciones territoriales. Esta regla, que de ninguna manera fue producto de un accidente político-parlamentario en los debates constituyentes de 2016, fue deliberadamente diseñada para generar un esquema de comunicación y cooperación políticas, que a su vez detonarán mejores términos de gobernabilidad democrática.

Del mismo modo, el Cabildo podrá acordar políticas, programas y acciones para el desarrollo de infraestructura, servicios, y otras actividades de interés para la ciudad, atribución nunca antes vista y que anuncia consensos políticos como filtro de serenidad y objetividad para la toma de decisiones sobre las grandes obras capitalinas o metropolitanas, valladar que asegurará consenso y reconocimiento sociales.

Finalmente, al menos por hoy, hay que esclarecer que el nuevo órgano también fungirá como una instancia de deliberación y acuerdo sobre políticas de ingreso y gasto público, así como componentes y destino de recursos del Fondo de Capitalidad de la ciudad, materia tan controvertida siempre en el esquema de la coordinación fiscal con la federación, que ahora alentará la creación de una suerte de sistema similar pero a nivel local en el que las alcaldías no solo tendrán voz, sino que además deberán ser escuchadas.

Muy por encima de sus virtudes administrativas, jurídicas y normativas, que no son pocas ni menores, el nuevo órgano colegiado presenta una característica política extraordinaria, ya delineada, distintiva de su riqueza democrática: fomentará una nutrida dinámica de concertación entre las alcaldías y la administración pública centralizada, atención nunca antes dada a los gobernantes de las demarcaciones; esa gobernabilidad capitalina, legitimada social y políticamente, que incorporaría todas las ópticas, es motivo de celebración, sí, pero también de preparación. Que le vaya bien, Jefa de Gobierno. La Ciudad lo merece, la sociedad lo demanda.

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