La violencia fomenta la corrupción

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La inseguridad y la violencia en contra de los alcaldes son obstáculos importantes en la lucha contra la corrupción. Fueron muchos los muertos en años recientes. La violencia en el proceso electoral, en el que además de la Presidencia de la República y de nueve gobernadores, cambiaron cerca de mil 451 presidentes municipales, sin considerar los 417 de usos y costumbres de Oaxaca. Los asesinatos de alcaldes se dan ya no sólo en municipios pequeños de alta marginalidad, enclavados en zonas donde la delincuencia tiene más fuerza que las instituciones, donde tiene capacidad para amedrentar o eliminar a las autoridades municipales que se resisten. Hoy ha sido generalizado.

Ha sido frecuente en los últimos años que esto suceda, particularmente en los estados del sur-sureste, donde se encuentran la mayor parte de municipios del país, la mayoría en situaciones de pobreza y asolados por la delincuencia, e incluso en Colima, Zacatecas y estados del norte como Tamaulipas y Durango.

Hoy ser alcalde en estos municipios es un riesgo, porque ante la mayor presión federal contra las bandas, estas han diversificado sus operaciones a lo local y ahora han encontrado nuevas oportunidades de negocio, como el asalto a los trenes, el contrabando, la extorsión a los negocios (incluso a los más pequeños), los secuestros y el robo de gasolina, en los que vuelven cómplices a los pobladores y a las autoridades municipales. Si alguien se opone, lo hacen a un lado.

Pero lo contrario de lo que ha pasado en el ámbito público, donde se ha buscado centralizar todo, la delincuencia se ha descentralizado, como ha señalado Alejandro Hope, buscando las razones de la siniestralidad entre los alcaldes.

La atomización municipal, así como la precariedad de sus fuentes fiscales a pesar del impuesto predial, hace que los recursos municipales sean insuficientes para contar con una policía medianamente capacitada y, por lo tanto, son objeto seguro de extorsión y manipulación.

Sabemos que muchos de los ediles han sido amenazados, exigiéndoles los recursos presupuestales que manejan, como son los fondos de aportaciones que vienen etiquetados o incluso de participaciones que son de libre disposición, así como recursos del gasto federalizado, que son estrictamente auditados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la cual en caso de detectar desvíos, pueden, más hoy, sancionar a las autoridades municipales que desvíen esos recursos; esto es, que los utilicen para algo para lo que no están destinados.

No respetan por lo general las normas presupuestales ni el destino de los recursos federalizados, no atienden la rendición de cuentas y cuando se enteran es porque ya tienen requerimientos personales para que reintegren esos recursos; no saben qué hacer y yo he visto llorar a algunos después de cinco años de no pelar el asunto.

Así, ante las amenazas, o renuncian o se juegan la vida, y vemos que ya son decenas los asesinados en los últimos años. No tienen recursos y si los desvían corren el riesgo de ser castigados, pero si no, pueden ser asesinados.

La oportunidad del cambio de gobierno, la legitimidad con que llega al poder y el discurso del Presidente electo en contra de la corrupción y la impunidad deberá ser exitosa, para que las autoridades municipales cumplan con sus responsabilidades en materia de aplicación correcta de los recursos, lo cual implica que la coordinación fiscal, el fortalecimiento del federalismo y la participación ciudadana impidan sucesos como los comentados.

Esperamos que la capacitación que se genere y en la que en la ASF se está trabajando –para generar códigos de ética precisos, mecanismos sencillos para la aplicación de los recursos y una revisión correcta de los programas sociales y del gasto federalizado al reducir la corrupción– límite la inseguridad.

México tiene una oportunidad que inicia el 1 de diciembre.