Austeridad malentendida

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Hay uno de los temas del entonces candidato Andrés Manuel López Obrador que fue uno de los factores que le mereció una copiosa votación en las pasadas elecciones presidenciales de julio de este año y se trata del combate a la corrupción.

Este tema vino a sobresalir por varios puntos. Primero, por la ausencia de voluntad para combatir los escándalos de corrupción de esta administración y que se dirigían a lo largo y ancho del país en el que no fue suficiente encarcelar a algunos gobernadores y extender orden de aprehensión sin llevarse a cabo con otros; en segundo lugar, por los escándalos de los sueldos de la burocracia dorada, como si se tratara de sueldos de gobierno de primer mundo pero con resultados de tercer mundo, cuya ausencia en su combate deterioró los valores de la democracia mexicana.

En 2002 un estudio de Laura Carrillo y de Juan Pablo Guerrero denominado «Los salarios de los altos funcionarios en México desde una perspectiva comparada«, señala sobre el caso de los sueldos del gobierno mexicano, que el primer mandatario mexicano tiene un ingreso superior al de varios jefes de gobierno: recibe del erario público más del doble que el presidente de Brasil y casi seis veces más que sus contraparte argentina o chilena.

Por lo que toca a los sueldos de secretario de Estado, nuevamente México queda en primer lugar de los otros once países considerados (Alemania, Argentina, Brasil, Chile, España, Estados Unidos, Filipinas, Francia, Italia, Peru y Reino Unido).

Sin embargo, la austeridad por la que el presidente electo López Obrador se redujo el sueldo a 108 mil pesos (alrededor de 6 mil dólares mensuales) no tiene los mismos criterios para el personal de base o sindicalizado de la administración pública federal o de los otros Poderes de la Unión.

Si lo que la siguiente administración federal desea es, hacer ahorros, no es en las prestaciones de los empleados sindicalizados o de base de donde obtendrá dicho ahorro.

Cuando los nichos de corrupción se encuentran en los tomadores de decisiones cuyas facultades y atribuciones permiten el desvío de recursos públicos, lo que debe hacer la siguiente administración es, implementar testigos sociales para toda erogación superior a un determinado monto.

En la escala jerárquica, un oficinista general o un jefe de departamento dificilmente tendrán acceso a decidir sobre el manejo de los fondos públicos; caso contrario, el director general, subsecretario, secretario de Estado o hasta el titular del Poder Ejecutivo Federal o sus pares en los Poderes de la Unión son los encargados de diseñar, implementar y ejecutar el uso y destino de los recursos públicos, no los empleados o los jefes de departamento.

Se sabe que en ambas Cámaras del Congreso hay reducción en las prestaciones laborales de sus empleados, por la vía de los bonos o vales, pero cuando algún empleado o el sindicato se dirija a las autoridades laborales en demanda por estas prestaciones, el laudo beneficiará a los empleados, por tratarse de un derecho adquirido con anterioridad.

También se sabe que la nueva administración está optando por fusionar puestos o actividades, en perjuicio de la función de gobierno que desempeñan, como si se fueran a ahorrar los miles de millones de pesos en dichas fusiones.

La nueva administración tuvo que dar marcha atrás en ajustar los sueldos del personal del servicio exterior mexicano, bajo la lógica de la carestía de la vida en aquellos países donde prestan sus servicios; lo mismo para el personal de las Fuerzas Armadas y de seguridad, cuya naturaleza de sus servicios se aleja de un criterio, que más bien parece venganza contra administraciones anteriores o como si se quisiera sujetar las percepciones a un tope salarial.

El autor es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México

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