Guerrero ante AMLO: seguridad interior, desarrollo y Estado

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En medio del abandono institucional que se niega a articular variables de seguridad, turismo, estabilidad, gobernabilidad y desarrollo, Guerrero ha podido sortear con alto costo social el efecto terrible de la inseguridad que hundió a Tamaulipas.

Como en ninguna otra entidad, el nuevo gobierno de López Obrador y la estrategia de seguridad de Alfonso Durazo, secretario designado de Seguridad Pública, deberían convertir a Guerrero en el laboratorio de nuevas formas de enfrentar al crimen organizado, rehacer los tejidos social y político, potenciar el desarrollo y recuperar el Estado-nación arrebatado los cárteles y grupos civiles armados.

La estrategia de seguridad del gobierno de Héctor Astudillo ha logrado aislar importantes zonas económicas del dominio del crimen organizado. A corresponsales extranjeros les extraña que en medio de la violencia reproducida en medios haya podido colocar al estado nuevamente en eventos turísticos importantes: el Hurley Surf Open Acapulco en Playa Revolcadero en julio y el Congreso Nacional de Danza con presencia de participantes de 27 estados.

Frente a ello el crimen organizado ha aprendido a asimilar la presencia de fuerzas federales y mantiene actividades crecientes: ahí es donde ha fallado la estrategia federal: sólo la presencia policiaca y militar, sin programas de inteligencia, indagación de la configuración de las bandas y cárteles y sobre todo sin programas de desarrollo que vayan reanimando la vida social-productiva.

Guerrero es un caso típico de seguridad interior afectada: bandas organizadas que han superado a las fuerzas normales de seguridad pública, afectación de la gobernabilidad y daños al desarrollo de una de las principales plazas turísticas. En teoría, el enfoque de seguridad puede aplicarse a Guerrero, pero en la práctica el gobierno federal aún no sabe cómo implementar la seguridad interior.

La inseguridad en Guerrero es un producto del subdesarrollo, la desigualdad social, la polarización en la riqueza, el caciquismo priísta de 1951 hasta el derrumbe del cacicazgo de los Figueroa en 1996 y la corrupción perredista-priísta hasta la crisis 2011-2015. El caso de los 43 de Ayotzinapa fue la culminación del Estado local criminalizado del PRD.

El crimen organizado, los grupos civiles rebeldes y las facciones perredistas corrompidas han invadido la estructura de los tres niveles del Estado en Guerrero, para convertirlo en una crisis de seguridad interior, mucho más profunda que la delincuencial seguridad pública.

Lo quiera o no el gobierno de López Obrador que comenzará formalmente el primero de diciembre, Guerrero será la posibilidad de los nuevos enfoques de seguridad, pero a condición de ir más allá del “perdón sin olvido” porque los grupos delincuenciales carecen de sentimiento y porque son organizaciones criminales dominadas por las leyes de la dialéctica violencia-violencia.

Michoacán está perdido, Ciudad Juárez carece de solución por el fracaso del gobernador panista Javier Corral, Tamaulipas no tiene remedio, Cancún se hunde con el PRI-PRD-PAN y Guanajuato antepone el poder del PAN a la necesidad de parar el crecimiento exponencial del crimen. Con avances lentos, insuficiencia de recursos y falta de apoyo federal, Guerrero es el estado donde existe voluntad gubernamental para enfrentar la criminalidad. Sin embargo, poco podrá lograr sin un compromiso federal.

Lo peor que le puede ocurrir a Guerrero es que triunfe la iniciativa de la iglesia –no olvidar las narcolimosnas— de buscar un pacto con el crimen organizado.

Política para dummies: La política es el entendimiento de la realidad y la antítesis del discurso.

Si yo fuera Maquiavelo: “Su ilimitada autoridad protegió siempre al príncipe del odio que sus depredaciones podrían haber hecho nacer en el pueblo”.

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@carlosramirezh

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