Las pistas de la CIA en el asesinato de Manuel Buendía

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Russell H. Bartley

Cuando la fiscalía especial para el caso Buendía rindió su informe final el 30 de junio de 1989, pretendieron las autoridades mexicanas cerrar de una vez la averiguación de uno de los más sonados homicidios acaecidos en México durante el siglo pasado. Como señalamos en aquel momento, sin embargo, lo cerraron sin resolver. Al cabo de cinco años de investigaciones poco transparentes, le dieron carpetazo, pasando por alto una maraña de cabos sueltos.

De entrada, mucho llama la atención la baja calidad profesional del informe final presentado por el fiscal especial Dr. Miguel Ángel García Domínguez. De las 20 hojas mecanografiadas que formulan cargos y presentan pruebas, sólo cuatro tienen que ver directamente con el asesinato de Manuel Buendía. Otras cuatro se refieren al asesinato posterior de José Luis Esqueda Gutiérrez, investigador de Gobernación, que al parecer informaba sobre las actividades del entonces director de la DFS, José Antonio Zorrilla Pérez. Las 12 hojas restantes tratan de delitos colaterales atribuidos a Zorrilla que no tenían relación alguna con el homicidio de Buendía, aunque sí le aseguraban largos años de reclusión al supuesto autor intelectual del crimen.

Como bien observó Carlos Ramírez a los pocos días de haber entregado el fiscal especial su informe, “García Domínguez no cumple con el objetivo de aclarar el crimen. Al contrario, enreda más las cosas, padece de lagunas jurídicas, policiales y políticas, concluye a base de suposiciones y ofrece acusaciones contundentes que cualquier abogado penalista con preparación media puede destruir.” Por cierto, un estudiante de derecho de segundo año pudiera haber redactado un resumen de investigación superior al que presentó en esa ocasión el docto jurista.

Lo cual nos dejó perplejos. ¿Por qué habría procedido García Domínguez de forma tan descuidada y tan poco profesional? Mi coinvestigadora y yo pudimos entrevistarle en dos ocasiones: la primera a mediados de marzo de 1988; la segunda, a principios de marzo de 1990. En ambas oportunidades nos expresó que su mayor preocupación como fiscal especial para el caso Buendía era conservar su eminencia profesional. “Lo que más temo – insistió – es hacer el ridículo”.

Con su informe final, sin embargo, no dejó de hacerlo, aunque debemos reconocer que se encontraba García Domínguez entre la espada y la pared, pues por las condiciones temporales y políticas que se le imponían, le resultaba imposible realizar una investigación de veras cabal. El propio fiscal nos expresó a principios de su cometido oficial que no le parecía factible resolver el caso Buendía.

Desde el primer momento el elefante que se hacía presente en el salón, como lo expresamos metafóricamente en inglés, ha sido la CIA, junto con otros elementos encubiertos estadounidenses y también los órganos de seguridad nacional de México. Nos llamaba poderosamente la atención, al respecto, la renuencia por parte de las autoridades mexicanas a siquiera plantear la hipótesis de alguna injerencia foránea en el complot de asesinar a Manuel Buendía, hipótesis de por sí más verosímil que la del crimen pasional propugnada por la entonces procuradora del D.F., Victoria Adato Green. Como se acordarán algunos lectores, durante varios años nosotros insistíamos en la hipótesis de coludidos extranjeros desde las páginas de unomásuno y la Revista mexicana de comunicación, empeño nuestro que disgustó sensiblemente a las autoridades encargadas de manejar el caso Buendía.

Esa férrea renuencia oficial a admitir la posibilidad de haber tomado cartas en el asesinato, la Agencia Central de Inteligencia ya en sí sustentaba la hipótesis de que era cierto, sobre todo a la luz de la bien documentada historia de relaciones coludidas entre la CIA y las más altas autoridades mexicanas. En el plano operativo es de conocimiento público que la antigua Dirección Federal de Seguridad venía siendo casi una dependencia de la CIA, hasta el insospechado extremo de poner personal de la DFS a las órdenes de los americanos, como recientemente el veterano de la seguridad mexicana Jorge Carrillo Olea (Proceso, No. 1930). “Había una casa en la colonia Anzures donde vivían agentes de la DFS al servicio de la CIA”, recuenta Carrillo Olea. “Los estadunidenses les pagaban, los vestían, les ordenaban. En total eran 10 elementos asignados al servicio, las 24 horas, para seguir órdenes directas de la CIA. Recibían una compensación en dólares”.

De la parte americana, por acuerdo mutuo de los dos gobiernos, la CIA había colocado al menos uno de los suyos, Lorenzo (Lawrence Victor) Harrison, en la DFS, a la vez que en la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales (IPS), ambas dependencias de la Secretaría de Gobernación.

A la fecha del asesinato de Manuel Buendía, nato de Manuel Buendía, Harrison se había insinuado en el cártel de Guadalajara, donde realizaba tareas de espionaje que le daban conocimiento directo de los vínculos de la CIA con los principales capos del narco mexicano y de éstos con la contra nicaragüense. Surge Harrison a la luz pública por primera vez en 1990 como testigo de la parte acusadora en un juicio federal contra Rubén Zuno Arce, cuñado del ex presidente de México Luis Echerevrría Álvarez. A Zuno se le acusaba de ser cómplice en el asesinato del agente antinarcótico estadounidense Enrique (“Kiki”) Camarena Salazar.

Lamentablemente, algunos reportajes sobre el proceso de Zuno aparecidos en la prensa mexicana incurrieron en un chauvinismo burdo, tachando al gringo Harrison de “mentiroso patológico” y “disperso mental”, sin reconocer lo que patentizaba su propio testimonio, es decir, que era un agente americano, cuyas actividades de espionaje se coordinaban con la DFS e IPS y por tanto habían sido autorizadas por el propio gobierno mexicano. Durante casi dos décadas Harrison se asociaba y colaboraba con algunos de los personajes más renombrados de la seguridad mexicana; citamos entre otros a Miguel Nazar Haro, Javier García Paniagua, Florentino Ventura, Mario Arturo Acosta Chaparro, Jorge Carranza Peniche y José Antonio Zorrilla Pérez, asociaciones éstas que de por sí hacen constar su peso operativo como agente encubierto del otro lado. Al contrario de lo que han afirmado varios reporteros mexicanos, al regresar a Estados Unidos no se acogió Harrison al programa de testigos protegidos, sino que conservó el nombre ficticio que le había dado la CIA un cuarto de siglo antes (su nombre de nacimiento es George Marshall Davis), se licenció en derecho, luego abrió su propio bufete de abogados. Nosotros lo conocimos en el 2004 y desde entonces hemos sostenido un diálogo continuo sobre el caso Buendía y otras facetas de sus labores clandestinas en México.

Bien nos consta que Lorenzo Harrison no es ni payaso ni farsante, como en determinados momentos se ha querido hacer creer. Demasiado enciclopédico resulta su conocimiento de la realidad mexicana de las últimas décadas del siglo pasado y de los múltiples actores que en esos años sembraron la violencia a lo largo y lo ancho del país; demasiado conocedor de la historia clandestina de México para no haber sido participante directo en ella. Por nuestras propias investigaciones hemos podido confirmar que él sí era agente de la CIA, que conocía a fondo el caso Buendía, y que es, por tanto, fuente clave para esclarecer el asesinato de Don Manuel.

En los círculos policiacos y de inteligencia mexicanos, nos asegura Harrison, se sabía con cinco semanas de antelación que iban a asesinar a Manuel Buendía. Lo sabía el propio Harrison. No sólo lo sabía, sino que posteriormente pudo adquirir una de las motos que se trajeron al D.F. especialmente para el operativo contra Buendía, una potente Kawasaki roja de 1200 cc. En estos años que hemos tratado a Harrison, nos ha llamado bastante la atención la inquietud que le parece ocasionar el caso Buendía. Es una especie de obsesión que sugiere la posibilidad de haber tenido él algo que ver con el asesinato. En todo caso, afirma Harrison que el verdadero móvil del homicidio fue el conocimiento que tuvo Buendía de la colusión de la CIA y altos oficiales mexicanos con los narcotraficantes en apoyo a los contras nicaragüenses. El verdadero autor intelectual del asesinato, nos aseveró, fue el coronel Oliver North – el mismo que pronto protagonizaría el llamado escándalo Irán/Contra.

Y por el mismo motivo, enfatiza Harrison, murió el agente antinarcótico Kiki Camarena, como hasta ahora ha revelado el ex coordinador de la Operación Leyenda, Héctor Berréllez, y recién ha sensacionalizado el semanario Proceso. (Berréllez nos confirmó el explosivo detalle hace ya una década pero aún no se animaba a denunciarlo públicamente). Es, a fin de cuentas, Lorenzo Harrison quien establece el vínculo entre los casos Buendía y Camarena. Es él en su propia persona, o sea, por su extraordinaria actuación como agente de la CIA durante largos años en México, la insoslayable prueba empírica de que la CIA sí se entendía con el narco mexicano para sus propios fines geopolíticos. Como nos comentó en una ocasión Jesús Blancornelas, “si los narcotraficantes tuvieron algo que ver con el asesinato de Manuel Buendía, no habrá sido por el narcotráfico”. Nada que ver con “las charolas”, nos enfatizó Harrison, refiriéndose a las para entonces muy comentadas charolas de la DFS otorgadas a los traficantes por el mismo director de la DFS, Pepetoño Zorrilla.

A los nueve meses de cerrarse la fiscalía especial, pudimos plantearle de nuevo a García Domínguez la hipótesis de haberse inmiscuido la CIA en el complot para ultimar a Buendía. Nos respondió que, efectivamente, él mismo había sondeado esa posibilidad con sus contactos en la embajada de Estados Unidos, pero que, “como era de esperar”, no recibió “ninguna cooperación de ese lado”. De todos modos, agregó, el hecho de que a Zorrilla se le imputara el motivo de querer encubrir su contubernio con el cártel de Guadalajara “no excluía en absoluto la posible presencia de otros individuos ajenos al narcotráfico o bien inmiscuidos en él para otros fines”.

En cuanto a su propia actuación como fiscal especial, nos explicó, tuvo que acatarse a las reglas de la praxis jurídico-política del país. Más allá no le cabía aventurarse, de modo que había demostrado lo poco que le cupo demostrar: un autor intelectual, otro material y tres cómplices. De ahí en adelante, nos expresó con mirada fija, les quedaba a otros investigadores esclarecer “hipótesis aún pendientes”. De nuestra parte, van casi treinta años que indagamos el caso Buendía. A estas alturas nos complace saber que ya podemos aportar algunos datos adicionales que iluminarán con mayor intensidad las circunstancias en que fue vilmente abatido Don Manuel. Los resultados de nuestra prolongada investigación se ofrecerán al público lector en un libro que recién terminamos, el cual será editado por la Universidad de Wisconsin con el título Eclipse of the Assassins. The slaying of Manuel Buendía. Salió en el primer semestre del 2015.

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