Propuesta de programa económico 2018-2024: el enfoque político y social

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Ponencia presentada en el congreso del Colegio Nacional de Economistas el pasado 30 de mayo de 2018.

1.- Escenarios terminales de la crisis.

Mi presencia en este foro puede ser un posicionamiento de largo alcance. Lo podría definir así: la economía es demasiado seria como para dejarlo en manos de los economistas, así como la política es demasiado seria como para dejarla en manos de los politólogos y políticos. Por tanto, el primer desafío de la crisis es epistemológico y de interacción de disciplinas científicas. Y no es la primera ocasión que ocurre: en 1986 el nobel de economía fue asignado a James Buchanan, un economista, pero por sus estudios en torno a la elección racional que involucraba política, bienestar y psicología; en 1982 fue entregado a Amartya Sen por incluir variables de libertad, justicia y bienestar en la economía; en 2002 se reconoció a los psicólogos Daniel Kahneman y Amos Tversky por racionalizar expectativas en enfoques prospectivos del futuro; y en el 2009, de manera significativa, el nobel de economía se asignó a la politóloga Elinor Ostrom por sus estudios sobre la ciencia política en asuntos de distribución de beneficios como bienes comunes, una categoría más social y hasta ideológica[1]. Por tanto, un estudioso de la política tiene mucho que decir y hacer en la economía.

Los enfoques multidisciplinarios han sido una necesidad para la comprensión de los problemas. Las crisis políticas no se entienden sin reconocer que las correlaciones de fuerzas sociales son producto de la correlación de las fuerzas productivas, y que los efectos se cruzan, empalman y se hacen interdependientes.

Las políticas económicas son, además de equilibrios matemáticos, política pura y actos de poder, en tanto que la política como ejercicio del poder define en la economía su componente fundamental: los efectos en la sociedad de la correlación de fuerzas sociales y productivas. Recuerdo la leyenda urbana que contaba que el secretario de Hacienda 1958-1970, Antonio Ortiz Mena, acordaba el presupuesto con el presidente de la república explicándolo en una hoja de papel cuadriculado tamaño carta y un lápiz; o aquel 1973 en que el presidente Echeverría definió que “la economía se maneja desde Los Pinos”. Y luego llegaron los tiempos de la inconmensurable matriz insumo-producto y los largos documentos como criterios generales de política económica para eludir los efectos políticos y sociales de las crisis económicas. En suma, uno de los problemas nacionales es el presidencialismo económico[2].

El diseño de las políticas económicas mexicanas ha pasado por tres etapas:

  • El enfoque social 1934-1946 y 1971-1982.
  • El enfoque técnico-político-estabilizador 1946-1970.
  • Y el enfoque antinflacionario monetarista 1983-2018.

Y ha tenido cuatro grandes etapas:

  • Efecto negativo de la gran depresión 1927-1932, PIB promedio anual de -4.2%, con un gran tropiezo de -14.8% en 1932.
  • Política anticrisis y anti gran depresión: 1930-1934.
  • Crecimiento económico sostenido: promedio de 6% de PIB 1934-1982.
  • Crecimiento económico estabilizador; 1983-2018, promedio anual de PIB de 2.2%.

La característica de todas ellas fue la verticalidad y centralidad en la toma de decisiones, y metas sociales y metas estabilizadoras. La capacidad de gestión de la economía se localizó en el funcionamiento de un espacio de administración del poder referenciado como sistema político mexicano, en cuyo seno se administraba la distribución de bienes y beneficios. Ese espacio político –siguiendo la teoría de los sistemas de David Easton[3]— era la famosa caja negra sistémica donde se daban las interacciones entre todos los involucrados en la distribución de beneficios, bajo la dirección autoritaria de una instancia superior.

El sistema político fue el espacio –algunos dicen que mágico, pero en los hechos se trató de un mecanismo de relojería– para la toma de decisiones y la distribución de beneficios a partir del pasillo del poder presidente de la república-PRI[4]. El PRI representaba a la sociedad y la gobernabilidad como el equilibrio entre demandas sociales-políticas públicas[5] y las políticas económicas se ajustaban a los objetivos de desarrollo con bienestar social[6].

Este equilibrio se rompió lentamente en el periodo 1968-1982: importantes sectores económicos y sociales que determinaban políticas económicas y niveles democráticos –empresarios, sindicatos, movimientos sociales, rebeliones sociales violentas, grupos de protesta– comenzaron a salirse del espacio de la caja negra y pasaron a la acción directa fuera de los espacios del sistema presidente-PRI, destrozando los acuerdos escritos y no escritos de estabilidad. Al tomar posesión en 1970, el presidente Echeverría aumentó el gasto social y expandió el Estado como una forma de crear mayor riqueza social distribuible, pero al mismo tiempo inicio la desarticulación de la unidad del Estado abriendo grietas en el sistema político priísta: en mayo de 1971 creó la Comisión Nacional Tripartita[7] –gobierno, empresarios y obreros–, sacándolo del PRI y contribuyendo a su debilitamiento.

En 1980 el presidente López Portillo adelantó en el Plan Global de Desarrollo 1980-1982 el reconocimiento de que el modelo económico-social de la Revolución Mexicana había llegado a su fin[8]. En 1982 asumió la presidencia Miguel de la Madrid y su operador económico Carlos Salinas de Gortari se hizo cargo del rediseño institucional del proyecto nacional desde la Dirección General de Política Económica y Social y en diciembre los dos redefinieron objetivos y prioridades del Estado y de las políticas económicas con sus reformas de rectoría del Estado[9], más para acotarlo que para redinamizarlo.

En medio, destaco cuando menos dos posicionamientos referenciales indispensables: en mayo de 1981 en su IV congreso nacional el Colegio Nacional de Economistas cimbró a la élite burocrática gobernante con el tema de “Hacia un proyecto nacional” porque llevaba a la discusión la redefinición del Estado mexicano[10]. Y en 1981, también, apareció en ensayo de Carlos Tello y Rolando Cordera titulado La disputa por la nación, donde fijaban el punto histórico de lucha entre dos propuestas de república: la popular y la neoliberal[11].

En 1982 ocurrió el relevo en la élite dirigente: terminó el ciclo de los políticos y comenzó el de los técnicos, casi todos ellos economistas educados en universidades estadunidenses y todos ellos como parte del grupo que realizó el Plan Global de Desarrollo 1980-1982 en la Secretaría de Programación y Presupuesto, cuyos principales ideólogos fueron Carlos Salinas de Gortari, Manuel Camacho Solís y Joseph Marie Córdoba Montoya. Pero lo más significativo fue el hecho de que el modelo económico del Plan impulsó la reforma del papel social y político del Estado que derivó, como estación hasta ahora final, en el Tratado de Comercio Libre de América del Norte, con la globalización productiva.

De 1982 a 2018, la propuesta estabilizadora ha logrado bajar la tasa anual promedio de inflación de 160% en 1987 a 5% en este año. Sin embargo, el costo ha sido un promedio anual de PIB de 2.2%, contra 6% en el periodo 1934-1982. Y como dato social: la disminución del crecimiento económico, la baja en el gasto social del Estado y el estancamiento fiscal ha derivado en una mayor desigualdad social resumida en la última cifra del Consejo Nacional de Evaluación de Políticas Sociales: sólo el 22.6% de los mexicanos representa la población no pobre ni vulnerable[12].

2.- Agotamiento del viejo proyecto de nación.

La tesis de este ensayo se puede plantear así:

La crisis de bienestar del 2018 es consecuencia del agotamiento del consenso social, productivo y de clases del ciclo de auge 1934-1982 y del limitado modelo estabilizador sin desarrollo ni consenso nacional de 1983-2018. El liderazgo institucional del sistema político priísta, el régimen priísta presidencialista y el pacto constitucional priísta llegará a su fin con el saldo electoral del primero de julio de 2018: el candidato del PRI no es priísta, el PAN se alió al PRD fijando la meta de cambio de régimen y el movimiento nacional Morena busca ser el eje del partido del gobierno lopezobradorista con 35% máximo de votos y sin mayoría absoluta en el congreso ni en las gubernaturas y sin que Morena vaya a ser el partido-sistema del pasado. Gane quien gane las elecciones carecerá de una mayoría estable, de control institucional y de partido estabilizador. Por tanto, el gran desafío de la crisis se fija en tres criterios: un nuevo consenso nacional, un nuevo proyecto social de nación y un nuevo modelo de desarrollo basado en la redistribución del ingreso, todo ello con un nuevo sistema/régimen/Estado. Es decir, la fundación en los hechos de una nueva república.

La primera exigencia del desafío del 2018 radica en el pensamiento económico-político-social. El Plan Global de Desarrollo 1980-1982 dio por terminado el compromiso social con las metas de la Revolución Mexicana que consolidaban el consenso nacional. Las metas de justicia social originales pasaron a apenas “mínimos de bienestar” en el gobierno de López Portillo y terminaron como solidarismo (propuesta original panista) salinista en el periodo 1983-2018. Las políticas de desarrollo obedecían a una sustentación histórica social, aunque en el ciclo neoliberal buscaron fundamentarse en avances democráticos.

El ciclo estabilizador llegó a su fin por la ruptura del equilibrio social. No hay una relación sólida para establecer los márgenes de estabilidad media. Inclusive, el llamado Óptimo Pareto de 80% de bienestar y de 20% de pobreza[13] no fue siquiera consolidado por el propio Pareto, aunque se asume como referente de una economía con estabilidad social. Y las cifras mexicanas dan una imagen contraria: 77.4% con carencias sociales, contra 22.6% de mexicanos sin problemas de bienestar.

El desafío tendría dos escenarios:

1.- Cambiar el modelo de desarrollo para reestablecer formas de bienestar y distribución de la riqueza.

2.- Construir un nuevo consenso nacional en torno al bienestar como elemento estabilizador de la democracia.

Si el populismo condujo a desequilibrios macroeconómicos-inflación-devaluación-concentración de la riqueza y el neoliberalismo obligó a ajustes de gasto que aumentaron las cifras de mexicanos en situaciones de pobreza, desigualdad, marginalidad y estrecheces, junto con mayores concentraciones de la riqueza en pocas manos, entonces el desafío al pensamiento económico, político y social es mayúsculo y obliga a esfuerzos teóricos.

El planteamiento se puede fijarse así:

Un modelo de crecimiento económico con bienestar y distribución de la riqueza, ampliando las libertades democráticas y con equilibrios institucionales republicanos.

El reto es enorme porque se parte de la acumulación de desequilibrios y desigualdades. Si puede establecerse que la economía necesitaría crecer (modelo del Banco Interamericano de Desarrollo en los ochenta) 6% promedio anual para atender las necesidades del más o menos millón de mexicanos que se incorporan por primera vez a la fuerza de trabajo con el bienestar formal indispensable, atender el rezago implicaría cifras superiores a ese 6%. El salario necesario para la canasta básica es de 4 salarios mínimos actuales[14], el 56.9% de la fuerza laboral se encuentra en la informalidad[15]. Y la crisis ha distorsionado la clase media: según Profeco, el 60% es clase baja, 34% clase media con restricciones y ya no como colchón social estabilizador y apenas 6% clase alta[16]; sólo como referencia, en los Estados Unidos la fuerza del mercado de bienes y servicios se apoya en una clase media que representa el 51% de la población en el 2015, aunque hacia comienzos de los setenta fue de 61%[17].

3.- 2018: hacia un quinto modelo de desarrollo.

México ha tenido en el siglo XX cuando menos cinco modelos de desarrollo:

  • Capitalismo monopolista de Estado, 1934-1940, 4.5% de promedio anual del PIB.
  • Sustitución de importaciones, 1940-1954, 5.6% promedio anual del PIB.
  • Estabilizador, 1954-1970, 6.5% de promedio anual del PIB.
  • Compartido, 1971-1982, 6.2% de promedio anual del PIB.
  • Neoliberal, monetarista y globalizador, 1983-2018, 2.2% de promedio anual del PIB.

Cada modelo de desarrollo se apuntaló en su correspondiente sistema político basado en tres puntos clave: presidente de la república, PRI y Estado de bienestar.

  • Capitalismo monopolista de Estado 1934-1940: Presidencialismo fuerte y autoritario, pacto autoritario con empresarios, configuración de la clase proletaria y Partido de la Revolución Mexicana como partido corporativo con los factores de la producción en su seno bajo el mando presidencialista. Sistema político fortalecido.
  • Sustitución de importaciones 1940-1954: reconciliación de clases, economía mixta, PRI institucionalizado, políticos como élite gobernante. Sistema político fuerte y laxo.
  • Desarrollo estabilizador 1954-1970: reconocimiento de la pirámide del poder con sus tres vértices: presidente, PRI y bienestar, PRI como el eje transexenal de la estabilidad política, relación inflación-devaluación como eje del desarrollo, políticas sociales y construcción de clase media. El PRI dominaba 90% de voto presidencial, 100% de gubernaturas, senado y diputados. Sistema político cohesionado por el bienestar, no por la democracia.
  • Desarrollo compartido 1970-1982: luego del sacudimiento del 68, nueva alianza social con grupos progresistas fuera de régimen, política exterior progresista, expansiones del gasto público y del Estado, petróleo con López Portillo, cohesión de clase gobernante después de la expropiación de la banca. Sistema político en tensión por ruptura con el sector empresarial.
  • Neoliberalismo globalizador 1982-2018: relevo en la élite gobernante con la irrupción de tecnócratas y desplazamiento de los políticos, reducción del PRI al modelo neoliberal, salida del PRI de Cuauhtémoc Cárdenas, fundación del PRD y de 1988 a 2012 votación presidencial menor a 50%. Sistema político reducido a su mínima expresión de gobernabilidad por la multiplicación de sectores sociales en acciones directas.

La lección que ha dejado esta periodización se puede plantear así: la estabilidad económica y la definición de políticas económicas y modelos de desarrollo fue correlativa al control y funcionalidad del sistema político –presidente de la república, PRI y Estado de bienestar– y las etapas de la crisis corresponden a disfuncionalidades, tensiones, rupturas y desbordamientos de los acuerdos en la caja negra del sistema político.

El análisis de las políticas económicas y modelos de desarrollo llevan a la fijación de un nuevo tiempo histórico: el sistema político como caja estabilizadora o caja de compensación o cámara de descomprensión ha llegado a su fin. La tendencia electoral del PRI de 17%-20% en las elecciones, su tercer sitio electoral por segunda ocasión y la incapacidad del PRI para seguir manteniendo su dominio en situaciones de competencia democrática de relevo partidista en la presidencia de la república y en la estructura de toma de decisiones económicas y sociales van a enfrentar un problema de gobernabilidad superior: gane quien gane, la capacidad de administración de la estabilidad social y de la toma de decisiones económicas carecerá de un espacio de administración de las contradicciones: Meade Kuribreña no es del PRI y si gana no podrá manejar el PRI como lo hicieron los presidentes en el largo ciclo 1929-2018; si gana Ricardo Anaya se confirmará la tesis de que el PAN es sólo un movimiento de libertad y no un partido-sistema para la toma de decisiones a partir del control del poder, como lo demostró el PAN en 2000-2012 en los dos sexenios en que cogobernó con el PRI y designó como secretarios de Hacienda a personajes del neoliberalismo doctrinario; y si gana López Obrador, Morena no será el partido-sistema porque su configuración responde a la voluntad del caudillo, es un partido recogedor-Babel-secta-clan-culto-agencia de colocaciones-movimiento, y no un partido para la administración directa del conflicto del modo de producción capitalista[18].

4.- Ni neopopulismo ni neoliberalismo.

La crisis de política económica/modelo de desarrollo/Estado de bienestar y el agotamiento del proyecto de nación de la Revolución Mexicana de 1981 ocurrió con dos puntos sensibles: control autoritario dentro del sistema presidencialista-priísta y ausencia de grupos sociales activos. El PRI ganó las elecciones en 1970 a pesar del impacto social del 68 estudiantil, salió victorioso en 1976 a pesar de la crisis inflacionaria 1973-1976 y de la insurrección empresarial y con el colapso interno en el PAN porque no propuso candidato, obtuvo un cómodo 70% de votación presidencial con un nuevo sistema de partidos y el Partido Comunista Mexicano como el único partido de alternativa de proyecto y a pesar del colapso económico-social del segundo semestre de 1981 a la corrida de capitales del primer semestre de 1982. En este periodo 1968-1982 el sistema político priísta era dominante: el PAN era oposición leal[19], el Partido Comunista tenía un techo electoral de 5% y el autoritarismo presidencialista al interior del PRI era hasta abusivo.

La clave de la ruptura del funcionamiento del sistema político priísta ocurrió en el periodo 1980-1988. La reforma constitucional de Miguel de la Madrid en diciembre de 1982 para fijar la “rectoría del Estado” no como de liderazgo sino de acotamiento llevó al agotamiento del Estado social de la Revolución Mexicana. Basado en las tesis de Theda Skocpol[20] del Estado ajeno a las clases y de Nozick del Estado mínimo[21], Carlos Salinas de Gortari redefinió el papel del Estado y agotó el modelo de sistema político como caja negra para la distribución autoritaria de valores y beneficios:

La vida política no puede reducirse a la dinámica de las fuerzas socioeconómicas. El Estado no es la arena política donde se dirimen los conflictos sociales. Hay una autonomía relativa del Estado respecto a los diversos grupos que actúan y compiten en una sociedad plural.

                       (…)

                       El Estado mexicano promueve, induce y orienta la acción de la nación hacia los grandes objetivos del desarrollo[22].

Al sacar los conflictos sociales del Estado que le daban sentido político a sus decisiones y redefinir el Estado como un Estado con autonomía relativa de las demandas sociales, el neoliberalismo globalizador anuló al PRI, le redujo fuerza política al presidente de la república y liquidó el Estado social y con ello disolvió la caja negra del sistema político y por tanto el Estado-Presidente-PRI dejó de administrar no sólo el conflicto social, sino que abandonó su papel de ecualizador social en el reparto de la riqueza. Por eso en los años del neoliberalismo aumentó la pobreza y los sectores marginados sobreviven con políticas asistencialistas y por tanto el conflicto social se instaló en las acciones directas de movimientos sociales autónomos. Salinas de Gortari pudo impulsar su modelo globalizador del Tratado de Comercio Libre de América del Norte por el cambio ideológico en el PRI en 1992 cuando excluyó a la Revolución Mexicana del pensamiento histórico del PRI y de su sistema y fracasó en introducir el concepto de “liberalismo social”[23].

Las tendencias de votos por Morena y por la alianza PAN-PRD-Movimiento Ciudadano –casi 75%– exhiben la pérdida de la representación política y social del PRI. Al corte de cifras antes de las elecciones del primero de julio, la presencia política del PRI es menor a la mayoría absoluta: 32% de voto presidencial en 2012 –subió a 38% por los de su aliado Partido Verde–, 43% de gubernaturas, 40.8% de la Cámara de Diputados, 43% el Senado.

La debilidad política-electoral del PRI, la caracterización del Estado ajeno a preocupaciones sociales y la condicionalidad macroeconómica del FMI[24] que se cumple sin buscar formas de reactivación no inflacionaria de la economía presentan el desafío para el 2018: definir una nueva política económica de gobierno entrante sin un partido-sistema para el diseño y encaminamiento de un gobierno de alternancia, con un presidente de la república con votos de alrededor del 35%, con una política económica de estabilización macro y sin clases sociales organizadas para la producción sino para la defensa de sus intereses de clase.

5.- República, 208 años después.

El dilema de la próxima administración federal 2018-2024 radicará sólo en dos opciones:

  • Mantener la continuidad de modelo de desarrollo sin reformas sociales y por tanto conservando las metas modestas menores a las necesidades de desigualdad. PIB hasta de 3% promedio anual con restricciones a la política de gasto social.
  • O definir un nuevo proyecto de nación con la reestructuración del sistema productivo y las relaciones sociales y de clase correlativas a la reasignación de beneficios. PIB promedio anual superior a 4.5% sin presiones inflacionarias por un nuevo acuerdo para la producción.

Por la dinámica de la campaña electoral, México enfrenta en las elecciones de julio de 2018 tres opciones generales de forma de gobierno: autoritarismo populista, democracia procedimental fragmentaria o república de instituciones. El discurso histórico ha fijado en el pensamiento social en el afianzamiento de rumbos nacionales con tres rupturas revolucionarias: la de Independencia, la de la Reforma y la de la Revolución Mexicana. Los datos indican que el consenso fijado por la Revolución Mexicana puede seguir como hecho histórico, pero no como acuerdo productivo.

Por tanto, la salida del bache de PIB bajo con control de la inflación y con alto costo social exige dos paquetes de reformas:

  • La reforma de sistema político/régimen de gobierno/Estado constitucional. Sin un partido-sistema, con un presidencialismo agotado e ineficaz por la falta de un partido mayoritario, sin control de clases productivas y una Constitución desordenada por 706 reforma hasta el día de hoy que ha ido fragmentando los poderes y disminuyendo los liderazgos, las posibilidades del próximo gobierno serán menores y ajustadas a la administración de las crisis, la disminución de poderes y la acumulación de desigualdades sociales.
  • La reforma del modelo de desarrollo/política económica/bienestar social. El modelo globalizador ha sido ineficaz, pero no por el modelo: la política comercial se ajustó a lo que había; y el dato mayor de su fracaso es el hecho de que el componente nacional en las exportaciones bajó de 59% en 1994 a 38% en 2016[25]. La exportación se multiplicó por diez, pero el PIB quedó estancado en 2.2% promedio anual, con un aumento anual de 800 mil-1 millón de personas a la población económicamente activa. Y la falta de una política interna de desarrollo bajó a México del lugar 34 al 51[26]. El modelo de desarrollo define cómo crecer, sobre qué bases y con qué dirección y de ahí se definiría la política económica y después las metas de bienestar.

La estrategia de apertura comercial del Tratado de Comercio Libre se hizo sin redefinir la política industrial y sin reconversión de la planta productiva para la competitividad, lo que condujo a la quiebra de cadenas productivas completas. La falta de apoyo liquidó la planta productiva a partir del principio neoliberal de que “la mejor política industrial es la que no existe” y se determina por la competencia[27]. La tortuosa renegociación del TCL con el gobierno del presidente Trump revela la incapacidad productiva mexicana y la dependencia de la exportación aunque sea como una industria maquiladora vergonzante.

El tema de la estabilidad macroeconómica exige de los economistas la revitalización del debate, la reactivación el pensamiento económico crítico que permeó en la discusión nacional en el periodo 1972-1982. La política económica gubernamental de 1970 a 1982 fue de populismo sin reforma fiscal y la de 1982 a 2018 de neoliberalismo sin preocupación social. El debate sobre el origen de la crisis mexicana –la inflación– es viejo. La tesis central del concepto de inflación en los equipos económicos de los gobiernos 1954-2018 se basa en el principio monetarista de Milton Friedman de que “la inflación es siempre y en todas partes un fenómeno monetario”[28], fijada en 1976 y asumida como doctrina por el Fondo Monetario Internacional para imponerla en México como condicionalidad al apoyo institucional. El pensamiento económico se ha quedado varado en ese bache, verdadero socavón ideológico, por lo que cualquier debate sobre alternativas de políticas económicas –no alternancias– debe comenzar con la recuperación del debate, que viene de muy atrás.

El pensamiento económico crítico iberoamericano se adelantó a Friedman y comenzó a explorar la teoría de la inflación desde otros enfoques mucho antes de 1976: en 1956 el economista mexicano Juan F. Noyola publicó su ensayo sobre la inflación mexicana y ahí dijo con claridad que “la inflación no es un fenómeno monetario; es el resultado de desequilibrios de carácter real que se manifiestan en forma de aumentos del nivel general de precios”; tiene, pues, causas estructurales[29], algunas productivas, otras fiscales, pero no exclusivamente de circulante monetario.

En 1961 el economista argentino Raúl Prebisch, secretario ejecutivo de la Comisión Económica Para América Latina, publicó el ensayo El falso dilema entre desarrollo económico y estabilidad monetaria[30] para señalar, de entrada, que es “inaceptable para nosotros” la tesis de que la inflación se debe sólo al desorden financiero y a la incontinencia monetaria. La tesis de que la estructura productiva determina la inflación quedó en el aire porque duró poco su reflexión analítica. Prebisch afirmó que el desarrollo económico requiere de “transformaciones en la forma de producir, en la estructura económica y social y en el módulo distributivo del ingreso”. El enfoque de la inflación de Prebisch enfatizaba que la inflación se absorbía con tasas de crecimiento regular de la economía, por el aumento del ingreso por habitante y por una eficaz distribución del ingreso. “No es, por cierto, agregaba, la inflación un fenómeno puramente económico”. Una de las tesis más profundas de Prebisch sigue esperando la profundización teórica y empírica: “la inflación es un fenómeno de cambio económico y social, un fenómeno esencialmente dinámico, En consecuencia, la lucha para prevenirla o para combatirla no podría traducirse en medias monetarias autónomas, sino formar parte de un vasto empeño para obrar deliberadamente sobre las fuerzas económicas y sociales”. Y más adelante: “Ni inflación ni ortodoxia”.

Las políticas de desarrollo, políticas económicas y políticas de bienestar no se diseñan en gabinetes, sino que son producto de la correlación de fuerzas sociales derivadas de la correlación de fuerzas productivas. La política no decide, sino que construye equilibrios y correlaciones. El PRI como partido-sistema fue funcional para los modelos de desarrollo mexicanos al administrar en su seno las contradicciones y convertirlas en acuerdos y consensos. Las políticas económicas perdieron su eficacia integral –economía y sociedad– cuando se salieron del territorio de la distribución de valores y beneficios del partido-sistema y se convirtieron en asignaciones impositivas: controlar salarios para bajar inflación, pero sin atenuar utilidades empresariales.

6.- Una tercera vía.

El escenario del 2018 aparece en dilemas que han fracasado: continuidad del neoliberalismo o restauración del populismo. Cada una aporta objetivos indispensables para el mantenimiento de la estabilidad social y económica, pero ninguno de los dos responde al viejo planteamiento del maestro Enrique Padilla Aragón: después de que cruzó información de PIB con el de la población y concluyó que México había tenido una fase de crecimiento con pobreza[31] y de ahí pasó a la propuesta de un desarrollo con distribución justa de la riqueza[32].

Los procesos electorales de 1929 a 2017 –federales y locales– han sido ajenos a los problemas de desarrollo-bienestar/estabilidad-desigualdad. Los resultados electorales después de colapsos económicos vieron a una sociedad ajena a su papel motor en el impulso de élites con soluciones económicas. En las legislativas de 1997 y las presidenciales de 2000 el voto de castigo fue producto del peor colapso social 1994-1995 por la devaluación del peso en diciembre de 1994 y el alza de tasas de interés bancarias arriba del 120% en 1995. El regreso del PRI a la presidencia en el 2012 fue propiciado por el desencanto nacional hacia los gobiernos del PAN.

El dilema neoliberalismo o neopopulismo no resuelve los pasivos sociales de la desigualdad ni las expectativas de más de la mitad de los mexicanos fuera del actual modelo de desarrollo. En ese sentido, la salida se puede establecer cuando menos en sus términos teóricos ideales: un nuevo modelo de desarrollo con crecimiento sostenido, sin desequilibrios macroeconómicos y con distribución de la riqueza. La meta será cambiar la cifra de 78% de mexicanos con carencias sociales y sólo 22 con bienestar completo a 78% con bienestar y 22% con pobreza; y aunque no hay una cifra precisa, aplicando el Óptimo Pareto se debe de fijar la meta de incorporar al bienestar sin carencias al 58% de mexicanos hoy en condición de problemas de bienestar.

Si la estructura política institucional está sumida en las pasiones del corto plazo de las cifras electorales con propuestas polares –neoliberalismo o neopopulismo–, entonces la salida debe estar en los sectores sociales, académicos e intelectuales en función de un proceso de socialización de una alternativa real a la crisis, no nada más la alternancia de las élites en el poder.

Los pasos podrían ser tres:

  • Consolidación de un consenso alrededor de la necesidad de encontrar una salida real a la crisis, una tercera vía entre el neoliberalismo y el neopopulismo. Como nunca en la historia 1970-2018 urge la reconstrucción y revivificación de la clase obrera como único sector capaz de, vía la concurrencia productiva, hacer concurrencia política a las élites acomodaticias, según la tesis de José Revueltas en 1958[33].
  • Construcción de una hegemonía social plural entre organismos, corrientes y ciudadanía interesada en encontrar opciones –no alternancias– en la dirección política del sistema/régimen/Estado. Las élites intelectuales pueden jugar un papel protagónico al profundizar el debate y llevarlo a medios e instancias sociales construyendo el liderazgo de esa hegemonía[34]. Los sectores conservadores se han agrupado en ONGs para ir acotando al poder público; sin embargo, economistas, abogados, politólogos, sociólogos y científicos sociales se han marginado del debate.
  • Centralizar la toma de decisiones en el Congreso de la Unión por la vía de la democracia social a través de observatorios críticos de la realidad económica, social y política y convertirlos en grupos de presión para debatir nuevas soluciones. El próximo ejecutivo federal carecerá de la fuerza priísta del sistema político, por lo que su prioridad será encontrar una estabilidad para su presidencia. Ante ello, los escenarios se ven limitados: si gana el PRI buscará la supervivencia, si gana Morena optará cumplir sus promesas populistas y si gana el PAN habrá prioridad en la estructura funcionalista de gobierno. Ninguno de los tres ofertó en su campaña un modelo de desarrollo nacional/política económica/bienestar social del tamaño de la crisis de desigualdad.

El modelo consenso-hegemonía-reformas requiere una dirección política reformadora que debe pasar por un nuevo pacto constitucional como marco referencial obligatorio. El comienzo se encuentra en reflexiones como la que nos convoca y reúne en este tipo de reuniones, reivindicado el papel central que jugó el Colegio Nacional de Economistas en los años setenta. Los economistas deben debatir con otras especialidades y diseñar propuestas para airear públicamente propuestas y llevarlas al congreso con exigencias de implementación. Por lo pronto urge una reflexión del escenario nada positivo que nos están dejando las campañas: neoliberalismo o neopopulismo. A crisis nacional requiere de una tercera vía: la república institucional.

[1] Roux, Dominique (2006), Los premios nobel de economía, Ediciones Akal Economía, España.

[2] Zaid, Gabriel (1987), La economía presidencial, Editorial Vuelta, México, pág. 11; y Cordera, Rolando (2000), Sobre el presidencialismo económico y su crepúsculo, Revista Comercio Exterior, noviembre de 2000, Banco Mexicano de Comercio Exterior, México, págs. 944-950.

[3] Easton, David (1969), Enfoques sobre teoría política, Editorial Amorourtu, Argentina, págs. 216-231.

[4] Cosío Villegas, Daniel (1972), El sistema político mexicano. Las posibilidades del cambio, Cuadernos de Joaquín Mortiz, México, págs. 22-51.

[5] Huntington, Samuel ().

[6] Cosío, págs. 51-52.

[7] Comisión Tripartita

[8] PGD.

[9] Exposición de motivos de reformas a los artículos 16, 25, 26, 27, 28 y 73 de la Constitución, http://www.memoriapoliticademexico.org/Textos/7CRumbo/1983MMH-ExpMotRefConst.html

[10] Ramírez, Carlos y Gómez Maza, Francisco (1981), JLP descalificó al Congreso de Economistas. Frente al Plan Global pusieron, aún atemperado, un proyecto popular, revista Proceso No. 237, 16 de mayo de 1981, México.

[11] Cordera, Rolando, y Tello, Carlos (1981), México: la disputa por la nación. Perspectivas y opciones del desarrollo, Siglo XXI Editores, págs. 110-111, México.

[12] Consejo Nacional de Evaluación de Políticas de Desarrollo Social, https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza_2016.aspx

[13] Koch, Richard (1997), The 80/20 principle, editorial Currency-Penguin Random House, USA.

[14] UNAM, Centro de Análisis Multidisciplinario, http://cam.economia.unam.mx/reporte-investigacion-126-salario-minimo-crimen-pueblo-mexicano-cae-11-11-poder-adquisitivo-sexenio-pena-nieto/

[15] Inegi, http://cam.economia.unam.mx/reporte-investigacion-126-salario-minimo-crimen-pueblo-mexicano-cae-11-11-poder-adquisitivo-sexenio-pena-nieto/ pág. 2.

[16] Programa Nacional de Protección de Derechos del Consumidor, págs. 6-7

[17] http://www.pewsocialtrends.org/2016/05/11/are-you-in-the-american-middle-class/

[18] Ramírez, Carlos (2018), “Hora cumplida” La crisis terminal del sistema político priísta, revisita La Crisis, junio de 2018, México.

[19] Loaeza, Soledad (1974), El Partido Acción Nacional: la oposición leal en México, en La vida política en México 1970-1974, Centro de Estudios Internacionales, El Colegio de México, págs. 108-110.

[20] Skocpol, Theda (1984), Los Estados y las revoluciones sociales, Fondo de Cultura Económica, págs. 61-63.

[21] Nozick, Robert (1988), Anarquía, Estado y utopía, Fondo de Cultura Económica, págs. 7-10, México.

[22] Salinas de Gortari, Carlos (1985), Rectoría del Estado, en La Constitución mexicana: rectoría del Estado y economía mixta, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y Editorial Porrúa, págs. 9 y 15.

[23] Salinas de Gortari, Carlos (1992), Discurso del Liberalismo Social, 4 de marzo, http://www.memoriapoliticademexico.org/Textos/7CRumbo/1992-D-CSG-L.html

[24] Buendía, Manuel (1977), Día de la dependencia nacional, columna “Sol y Sombra”, El Sol de México, México; Colmenares Páramo, David (1978), La economía mexicana y el FMI, tesis de licenciatura, Facultad de Economía, UNAM; Chávez Ramírez, Paulina Irma (1996), Las cartas de intención y las políticas de estabilización y ajuste estructural: 1982-1994, Premio Jesús Silva Herzog 1994, Instituto de Investigaciones Económicas, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México: Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Banco de México, Consulta del Artículo IV para 2017, FMI, 13 de noviembre de 2017.

[25] Gómez, Arnulfo R., investigador de la Universidad Anáhuac, varios textos.

[26] Ibídem.

[27] Jaime Serra Puche, secretario de Comercio y negociador del TCL, en 1992, en conversación no pública con columnistas económicos.

[28] Friedman, Milton (1992), La economía monetarista, Gedisa Editorial, pág. 29, Barcelona, España.

[29] Noyola, Juan F. (1956), El desarrollo económico y la inflación en México y otros países latinoamericanos, Revista de Investigación Económica, UNAM, No. XVI, Escuela Nacional de Economía, México.

[30] Prebisch, Raúl (1961), El falso dilema entre desarrollo económico y estabilidad monetaria, Boletín Económico de América Latina, Vol. VI, No. 1, marzo de 1961, págs. 1-26, Santiago de Chile.

[31] Padilla Aragón, Enrique (1969), México: desarrollo con pobreza, Siglo XXI Editores, págs. 9-10, México.

[32] Padilla (1981), México: hacia el crecimiento con distribución del ingreso, Siglo XXI Editores, pág. 176, México.

[33] Revueltas, José (1983), México: una democracia bárbara, Editorial Era, Obras Completas 16, pág. 58, México

[34] Gramscoi bloque histórico.

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