La crisis de todos tan temida

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Magia sistémica: estamos mal pero vamos bien

El sistema político/régimen de gobierno/Estado constitucional que surgió de la Revolución Mexicana se fue construyendo en un escenario de crisis permanente. La victoria de Francisco I. Madero condujo al golpe de Victoriano Huerta, éste produjo a Carranza, éste dio a luz a Obregón, éste hizo a Elías Calles, éste consolido a Cárdenas y así, una crisis engendró a otra.

En 1972 el historiador Daniel Cosío Villegas consignó que México sorprendía al mundo por su estabilidad y los cambios de gobierno sin colapsos de 1934 a 1970[1], a pesar de que el sistema político revolucionario y posrevolucionario se había cimbrado con el asesinato de Obregón, el atentado y renuncia de Pascual Ortiz Rubio, el exilio forzado de Elías Calles, el intento de reelección de Miguel Alemán, las protestas obreras en 1958 que provocaron la primera oleada de represión sindical generalizada y los presos políticos, la guerrilla campesina de mediados de los sesenta con el asesinato de Jaramillo, el movimiento estudiantil del 68 que terminó con las balaceras en Tlatelolco y la ruptura Díaz Ordaz-Echeverría que estuvo a punto de cambiar candidato en plena campaña presidencial de 1970. Y vendrían luego más crisis: económicas, políticas, sociales hasta llegar al asesinato del candidato presidencial priista Luis Donaldo Colosio en 1994, la devaluación de diciembre de 1994 que disparó las tasas de interés bancarias a cifras superiores a 120% y la pérdida de casas y vehículos y la derrota presidencial del PRI en el 2000.

El sistema/régimen/Estado demostró que se puede doblar muchas veces, pero hasta ahora no se ha roto.

Eso sí, las crisis crearon su ritmo de progresividad –una más grave que la otra por la acumulación de conflictos por soluciones frágiles incompletas, distractoras e ineficaces– con el efecto de debilitar la fortaleza económica, el bienestar social y la cohesión ciudadana. Las élites gobernantes han encarado las crisis con la certeza de que son circunstanciales, superficiales y poco impactantes en las relaciones sociales. Sin embargo, hay tres caracterizaciones de las crisis:

1.- El agotamiento –por decir lo menos– o la traición –para decir lo más– de los compromisos de la Revolución Mexicana hecha gobierno-Estado-PRI que estaban en el fondo de las quejas, protestas, violencias, radicalismos y rupturas: Luis Cabrera en 1916, Cosío Villegas en 1947, José Revueltas en 1947, Jesús Silva Herzog en 1949, Octavio Paz en 1969 y Manuel Moreno Sánchez en 1970[2] lo reiteraron de muchas maneras.

2.- En 1976 el politólogo Manuel Camacho estableció dos categorías de la crisis: “un límite en el sistema político cuando las instituciones políticas dejan de funcionar dentro de sus propósitos de dominación política, dirección política y administración social o cuando la clase política pierde la capacidad de hacer uso de las instituciones políticas. Ello puede ocurrir por la falta de cohesión de la clase política, insuficiencia de representación de las fuerzas políticas, pérdida de legitimidad y falta de capacidad administrativa”. Y “ante un límite en el Estado cuando el ‘orden’ de clases y fuerzas sociales prevalecientes pierde su capacidad para crear las máximas posibilidades para la expansión del grupo o clase en el poder o cuando una de las clases subalternas –y sus aliados– adquiere capacidad política, intelectual y moral para imponer un nuevo ‘orden’”[3].

3.- Y el politólogo Miguel Basáñez estableció el modelo de la crisis de la hegemonía priísta[4] –ya no solo una clase, un grupo, una idea, sino una coalición de beneficiarios construyendo una hegemonía al estilo Gramsci– que derivó en la disputa por el poder hacia el interior de los grupos gobernantes coaligados.

Las crisis de las doce puntas

La ciencia política mexicana, con todo y su falta de autonomía teórica por el peso del pensamiento histórico oficial en los modelos analíticos de la realidad, ha hecho algunos intentos por establecer gráficamente la estructura de poder en México. Aquí ensayaremos el modelo de la estrella de doce puntas o cuatro triángulos acomodados para formar una estrella:

– El triángulo de sistema/régimen/Estado, las tres instituciones que configuran la administración, la gestión del poder y la autoridad.

– El triángulo PRI/modelo de desarrollo/Constitución que construyen el funcionamiento de la dirección política dominante.

– El triángulo pensamiento histórico-ideología-educación como aparato ideológico que fundamentan la legitimidad en el ejercicio del poder.

– El triángulo presidente de la republica/gobierno/instituciones que revelan la punta de la pirámide del poder y sus instrumentos de dominación.

La estructura de poder fue producto de cuatro instancias dominantes, una por cada triangulo, sobreponiéndose sobre las demás: Estado, PRI, ideología y presidente de la república; se trataría del rectángulo de la superestructura de supremacía del poder por encima de clases, relaciones sociales, relaciones de producción e instancias democráticas, una especie –siguiendo a David Easton[5]— de caja negra como sistema político donde se reciben, concilian y procesan demandas para salir como políticas públicas; sería, pues, el sistema del sistema.

Esta estructura de poder ha sido producto de la conformación de una élite dominante con la capacidad de negociación, imposición y poder para crear una forma de socialización de la política ajena a las exigencias de una democracia. El factor de dominación absoluta ha sido la justificación histórica que podría explicarse así: la élite gobernante representa los intereses sociales históricos y tiene la capacidad para imponer formas de convivencia política a partir de la idea central de la Revolución Mexicana. De ahí la importancia de la educación pública centralizada como una forma de operar como aparato ideológico de la coartada histórica: la Revolución Mexicana.

El discurso histórico de la Revolución ha sido excluyente de equilibrios, subsidiario de posposiciones y absolutista en sus planteamientos. En 1964 los politólogos Gabriel Almond y Sidney Verba realizaron una encuesta sobre cultura cívica en cinco países, entre ellos México. Y la conclusión sobre México dejaba el peso de la administración de la totalidad de la república en dos instancias: una ideología y un aparato de poder, la primera era el valor reivindicativo de la Revolución Mexicana, aunque para esas fechas hubiera ya archivado sus compromisos de justicia social, y la segunda se encarnaba en el responsable de la tutela nacional: el presidente de la república[6].

En 1976, en la introducción de la reedición de su análisis México: una democracia bárbara de 1958, el ensayista marxista José Revueltas resumió la caracterización del Estado priísta con una categoría que podría englobar la estrella de doce puntas del poder: el Estado mexicano es un Estado ideológico total y totalizador, no totalitario, y basa su dominio absolutista en el control de la totalidad de las relaciones sociales dentro del PRI[7]. Las doce puntas de la estrella del poder priísta refieren los puntos dominantes del poder político institucional, justificado por la representación asumida desde el gobierno y el Estado de la administración de la herencia y pendientes de la Revolución Mexicana.

El poder de dominación del PRI se puede resumir en los tres instrumentos superiores de la hegemonía –en tanto coalición de intereses–: el presidente de la república, el PRI y la Constitución, es decir: el poder absoluto, la estructura de dominación y la legitimidad legal.

A todo este aparato de poder le faltó, a lo largo de las tres cuartas partes del siglo XX, la respuesta a las demandas de mayores equilibrios sociales y políticos y desde luego exigencias de democratización, sin duda la democracia como uno de los factores de ruptura revolucionaria en 1910, de acuerdo con la argumentación de Francisco I. Madero en su libro-manifiesto La sucesión presidencial en 1910. El Partido Nacional Democrático[8]. Las disputas por el poder que enfrentaron las élites dominantes revolucionarias y posrevolucionarias tuvieron que ver más con afanes de democracia, que protestas por el deterioro del bienestar social. La negativa dirigente a abrir las llaves de la democracia llevó al colapso del 2 de octubre de 1968 y desde entonces la élite dirigente priísta ha tenido que ir de concesión a concesión, por goteo, en materia democrática, pero a partir del criterio de no ceder democracia sino abrir espacios.

Los pilares de oro y plata

La estructura operativa del poder totalizador es el sistema político mexicano. En los EE.UU. y Europa comenzaron a darse las primeras caracterizaciones del sistema a la segunda mitad de los años sesenta; en México la primera referencia formal a la estructura del sistema político la hizo Octavio Paz en dos textos: su conferencia en la Universidad de Texas en Austin en octubre de 1969[9] y su ensayo Posdata[10] publicado en 1970 a partir de sus cartas de análisis político a la Secretaría de Relaciones Exteriores de México[11] cuando le pidieron una aportación a la rebeldía estudiantil en el mundo.

Cosío Villegas participó en 1970 en el ciclo de conferencias de Austin con un texto sobre el sistema político mexicano[12] y luego lo amplió para hacerlo ya un ensayo más histórico que analítico[13]. El texto de Cosío fue el que ensayó por primera vez la configuración del sistema político como una estructura de poder a partir del enfoque de las élites históricas. Si bien el modelo de análisis sistémico de la política lo desarrollo David Easton a partir de 1953[14], en México casi no hay ensayos que lo tomen como referencia directa. En todo caso, el modelo sistémico de Cosío –“un ejercicio de periodismo ilustrado”, lo calificó Camacho Solís en Los nudos históricos del sistema político mexicano[15]— aportó la primera percepción del sistema político mexicano como una estructura de poder basado en dos pilares dominantes y un tercero adicional: el presidente de la república y el PRI y luego el bienestar social[16], aunque le dio mayor espacio en su análisis a la conformación histórica de las élites, representaciones y alianzas que conformaron los poderes sistémicos.

Para efectos de este ensayo aquí presentaremos el sistema político mexicano como un poder central, dominante, absolutista, encabezado por el presidente de la república y cinco pilares adicionales subordinados a los movimientos de las instancias de poder:

1.- El presidente de la república es un poder construido a lo largo de la historia mexicana, desde las monarquías indígenas –Aztlán a principios del siglo XII– con el Tlatoani como jefe máximo, subordinando al consejo de ancianos, el jefe militar y los comerciantes; luego se mantuvo, en una mezcla progresiva, en la colonia española con dos figuras: el virrey y el jefe político. La independencia fracaso en erigir el primer imperio mexicano con Iturbide y la Constitución de 1824 fue parlamentaria –reflejo de la constitución de Cádiz de 1812 ante la ausencia del rey y el poder representativo de las cortes, cuya mayor aportación sistémica a la Nueva España fueron las diputaciones provinciales[17]— y asignó a los congresos estatales y al federal la designación del presidente; la Constitución de 1857 dio un salto a favor del presidencialismo al quitarle la facultad a los congresos y crear la elección indirecta a través de electores; y la Constitución de 1917 impuso la votación directa, universal y secreta del presidente, fundando ya el dominio presidencialista.

2.- El PRI nació de dos veneros: el gobierno revolucionario para cohesionar a las élites sobrevivientes de una guerra civil elitista y sobre todo el presidente Elías Calles. El asesinato de Obregón en 1928 –secuela del asesinato de los generales Francisco Serrano y Arnulfo R. Gómez quienes le iban a disputar la presidencia a Obregón en las elecciones de 1928– llevó a Elías Calles a centralizar el poder en el presidente y a la creación del aparato de poder sistémico –algo así como la caja negra de Easton– para administrar las interacciones entre los grupos de poder, siempre bajo el control presidencial. El PRI quedó subordinado al presidente por cuatro vías: el control del ejército, el control del presupuesto, el control de los sectores corporativos que dependían de decisiones presidenciales y el control de los procesos electorales. Así, el PRI depende del presidente de la república y no puede ser considerado un poder par o paralelo.

3.- El bienestar social es el principal instrumento de justificación y de legitimación del sistema presidencialista. A partir de las experiencias de Juárez y Díaz, la sociedad se hizo dependiente de las políticas públicas. El funcionamiento sistémico tipo Easton explicaría el bienestar como el resultado de las demandas sociales —inputs, en el esquema de Easton– procesadas en el gobierno –la caja negra— y consolidadas como políticas publicas –los outputs–. En el ciclo neoliberal de Salinas a Peña Nieto, las políticas sociales –menores pero determinantes– fueron la clave de la estabilidad social, o cuando menos la administración controlada de la inestabilidad y para administrar los votos como agradecimiento.

4.- Acuerdos y entendimientos con sectores fuera del sistema, en el modelo de Estado totalizador, no totalitario de Revueltas. Se trata de sectores leales al sistema sin ser del sistema: los empresarios, la iglesia católica, los medios de comunicación, el ejército, los EE.UU., los intelectuales, la oposición leal y los movimientos sociales. Estos sectores invisibles pero orgánicos jugaban desde fuera del PRI propósitos de legitimación y para ello también necesitaban una independencia relativa del PRI. La totalización de los sectores en el PRI hubiera llevado a una desactivación de potencialidades políticas, económicas y sociales; de ahí que el sistema haya promovido fuera del PRI movimientos sociales como factores de despresurización social antipriísta. La clave estaba en que al final de cuentas, fuera de las estructuras formales del sistema, de todos modos todos ellos negociaban en los espacios de decisión de la caja negra sistémica.

5.- El factor fundamental de legitimación del sistema político priísta ha sido la ideología aplicada en forma de cultura. Todos los mexicanos son priístas hasta demostrar lo contrario, llego a afirmar el politólogo Luis Javier Garrido, porque su conciencia era forjada en la escuela a través de los libros de texto gratuitos, promotores de la versión oficial de la historia. A ello se agregó el pensamiento histórico oficial o la interpretación de la historia como una hazaña de nacionalismo desde las élites del poder y los políticos y funcionarios eran guardianes de esa herencia. La ideología, escribió Revueltas[18], es expresada como la necesidad histórica desde el Estado de una intermediación justificada por la ausencia de relaciones maduras de clases sociales, aunque deriva en “manipulación ideológica”. Así, la ideología oficial se asume como un mandato divino a través de la intermediación del presidente de la república como el guardián de las tablas de la ley y de los profetas como intermediarios priístas.

6.- El elemento central de la justificación del sistema priísta es la Constitución, sin duda la fuente central de legitimación. Ahí se plasmaron las instituciones y las relaciones de poder dentro del sistema priísta. Las constituciones de 1824, 1857 y 1917 las redactaron los jefes de las facciones progresistas triunfadoras y en ellas sentaron la estructura dominante del sistema: el Estado, las leyes, la distribución del poder entre los poderes y sobre todo la acreditación del Estado de bienestar como el pivote del sistema. Y si bien fue una forma progresista de superar la lucha de clases porque convirtió al Estado en el administrador de las formas de conciliación y distribución, al final construyó una burocracia como poder autónomo. La constitución dotó de facultades ordinarias y extraordinarias –herencia de Juárez– al Poder Ejecutivo y le dio los tres instrumentos de dominación: la coerción a través del control del poder militar y de seguridad, la dominación burocrática vía el manejo absolutista del presupuesto federal y la presidencialista al pasar la elección presidencial de propuestas de las diputaciones provinciales (Constitución de 1824), a la de electores indirectos (1857) y a la directa (Constitución de 1917). Así, la Constitución ha sido y es la expresión de poder del sistema político.

[1] Cosío Villegas, Daniel (1972), El sistema político mexicano. Las posibilidades del cambio, Cuadernos de Joaquín Mortiz, pág. 20.

[2] Stanley R. Ross (1972), ¿Ha muerto la Revolución Mexicana?, Colección SEP Setentas, México.

[3] Camacho Solís, Manuel (1977), Los nudos históricos del sistema político mexicano, revista Foro Internacional abril-junio, El colegio de México, pág. 615.

[4] Basáñez, Miguel (1990), La lucha por la hegemonía en México 1968-1990, Siglo XXI Editores, pág. 29.

[5] Easton, David (1992), Esquema para el análisis político, Amorrortu Editores, Argentina, págs. 155-156.

[6] Almond, Gabriel, y Verba, Sidney, (1970), La cultura cívica, Estudio sobre la participación democrática en cinco naciones, Fundación Fomento de Estudios Sociales y de Sociología aplicada y Editorial Euroamérica, España.

[7] Revueltas, José, (1983), México: una democracia bárbara, Editorial Era, pág. 19.

[8] Madero, Francisco I. (1908), La sucesión presidencial en 1910. El partido Nacional Democrático, Editorial Época, México.

[9] Revista La Crisis No.1, agosto de 2016. http://indicadorpolitico.mx/imgpublicaciones/pdf/RIP_agosto.pdf

[10] Paz, Octavio (1970), Posdata, Siglo XXI Editores, México.

[11] Paz (1998), Cartas a la Cancillería, revista Vuelta 256, marzo, México, págs. 6-14.

[12] Clade, William P., y Ross, Stanley R. (1973), Críticas constructivas del sistema político mexicano, Institute of Latin American Studies, The University of Texas at Austin, USA.

[13] Cosío Villegas, Daniel (1972), el sistema político mexicano. Las posibilidades del cambio. Cuadernos de Joaquín Mortiz, México.

[14] Easton, David (1968), Política moderna, Editorial Letras, México.

[15] Camacho, Nudos, pág. 590.

[16] Cosío Villegas, Daniel (1972), El sistema político mexicano. Las posibilidades del cambio, Cuadernos de Joaquín Mortiz, México, págs. 22-23.

[17] Benson, Nettie Lee (1980), La diputación provincial y el federalismo mexicano, LI Legislatura, cámara de Diputados, México.

[18] Revueltas, págs. 15 y 16.