La vergüenza del debate sobre la prisión permanente revisable

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En pleno debate nacional sobre la muerte del pequeño Gabriel Cruz, en unas circunstancias de una crueldad extrema, propia de una trama de maldad en la que han intervenido la ambición, el dinero, los celos y la falta absoluta de empatía de la supuesta asesina, su madrastra Ana Julia Quezada con el dolor y el sufrimiento ajenos, se ha celebrado en el Parlamento un duro y decepcionante debate sobre la supresión de la Pena Permanente Revisable ( PPR), una figura jurídica aprobada por el Gobierno del Partido Popular.

Era la época de la mayoría absoluta del PP, en la que no se hacía la mínima concesión a la oposición (a la oposición ni agua, era el lema de muchos dirigentes populares) y, a la vista de crímenes de especial gravedad, se abordó la reforma del Código Penal que introducía ese tipo de pena de prisión permanente revisable, para casos de asesinatos agravados. Sin embargo ya en las últimas elecciones generales, cuando el PP perdió la mayoría absoluta, la oposición se puso en marcha para derogar esta medida que, además había sido recurrida por el partido socialista ante el Tribunal Constitucional.

De nada sirvió entonces los argumentos del PP en el sentido de que ese tipo de Pena ya existía en Italia, Francia, Alemania, Reino Unido, Dinamarca, Bulgaria, Suecia… Todos los países de la UE, salvo Portugal y Croacia, era el argumento de los populares, saldan los crímenes más graves con una modalidad de prisión similar a la que se había aprobado y entrado en vigor, si bien el tiempo que tiene que transcurrir hasta la primera revisión es, en algunos casos, menor en esos países que el previsto en España (entre 25 y 35 años de la condena). Un debate en cierto modo exagerado porque desde la entrada en vigor de la Ley solo hay un caso: el del parricida David Oubel, penado por haber matado a sus hijas de 4 y 9 años utilizando una sierra radial eléctrica y un cuchillo de cocina, tras haberlas drogado para evitar que pudiesen defenderse.

En el fondo, son los  mismos argumentos que han salido a relucir en el debate del Pleno del Congreso de los  Diputados de este Jueves, un debate en caliente con las familias de las víctimas en las tribunas del público, con los padres de Diana Quer, Marta del Castillo, Sandra Palo o el pequeño Jeremy, que se resistían a creer que partidos como el PSOE, sin esperar siquiera a la sentencia del Constitucional, se hayan sumado a una maniobra parlamentaria que permite que siga la derogación pedida por el Partido Nacionalista Vasco, que llevará, eso sí, un largo trámite. Y, sabiendo además, que sus votantes están muy divididos sobre el tema, ya que son  muchos cientos de miles los que se han sumado a esos tres millones de firmantes que piden exactamente lo contrario de la decisión tomada por la dirección del partido.

La figura cuya derogación se ha aprobado hoy fue avalada en su momento por el Consejo Fiscal, el Consejo de Estado y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), si bien este último consideró necesario que se definiera e incluyera el catálogo de penas para una mayor seguridad jurídica, lo que finalmente se hizo. Ahora empieza un largo proceso a la espera además de un pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Solo Ciudadanos que también ha tenido una posición confusa y cambiante sobre el tema, ha insistido en que lo más razonable era esperar el dictamen del Alto Tribunal.

Algunos diputados han salido del hemiciclo avergonzados de la situación que se había producido, con ese espectáculo bochornoso de unos políticos intentando justificar los injustificable delante, además, de los familiares de los afectados, que no podían creer lo que estaban viendo y oyendo. Como si no pudiesen haber esperado a que el Constitucional se hubiese pronunciado, evitando debatir un tema tan doloroso, con el cadáver todavía sin enterrar, del pequeño Gabriel Cruz, y delante de los familiares de otros casos que han provocado la necesidad de endurecer las penas.

Que al final el gran argumento haya sido que la prisión permanente revisable no haya servido para poder evitar el secuestro y asesinato de Gabriel Cruz, da una idea de lo alejado que, en ocasiones, están muchos políticos de la realidad. La única que se ha dado cuenta de la vergüenza del día de hoy en el Parlamento ha sido Carolina Bescansa, lo ha expresado en un mensaje de Twitter: “Pido perdón a las víctimas, a sus familiares, a la sociedad española por no haber sabido tener un debate a la altura de su dignidad”. Nadie más.

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