Gobiernos de coalición: documentos para el debate

Torre de Babel

Gobiernos de coalición: documentos para el debate

 

En el debate acerca de los gobiernos de coalición, en el contexto de las elecciones presidenciales del 2018, ofrecemos a nuestros lectores una serie de documentos para enmarcar la discusión acerca de la conveniencia o no de instituir esta opción, que aunque ya se encuentra en nuestro marco legal no ha sido analizada para hacerla realidad luego de los comicios del año entrante. Así, ofrecemos a nuestros lectores estos elementos para ayudar a que se haga un juicio más certero de esta propuesta.

 

Propuesta plural del 2011

Texto del desplegado inserto en periódicos el lunes 10 de octubre de 2011 proponiendo el modelo de gobierno de coalición.

Por una Democracia Constitucional

Quienes suscribimos este manifiesto tenemos distintas posiciones políticas y doctrinarias pero compartimos una firme decisión: consolidar la democracia constitucional en México para dar respuestas a las exigencias de justicia, equidad, desarrollo y seguridad. En una democracia las ideas políticas nos hacen diferentes pero no nos hacen enemigos.

Hemos construido el pluralismo democrático en el Congreso pero no en el gobierno. Debemos dar los pasos que faltan para superar esta contradicción y consolidar nuestra democracia constitucional. El ejercicio del poder en la pluralidad implica la cooperación de las fuerzas políticas. El Estado constitucional es un orden de libertades para los gobernados y de responsabilidades para los gobernantes. Para consolidar la democracia constitucional es necesario que el Congreso y el gobierno funcionen de manera armoniosa. Es necesaria una interlocución permanente y constructiva entre el Congreso y el gobierno, porque ambos son órganos de la soberanía popular.

Queremos un sistema político que haga compatibles las diferencias propias de una democracia y las conductas cooperativas propias de una república. El programa de gobierno debe contar con apoyo mayoritario de los representantes de la Nación. Si ningún partido dispone de mayoría en la presidencia y en el Congreso, se requiere una coalición de gobierno basada en un acuerdo programático explícito, responsable y controlable, cuya ejecución sea compartida por quienes lo suscriban.

Sergio Aguayo Santiago Creel Luis Martínez Jorge Alcocer José Antonio Crespo Patricia Mercado Daniel Barceló Gabino Cué Mauricio Merino Agustín Basave Denise Dresser Jorge Montaño Ricardo Becerra Marcelo Ebrard Carlos Navarrete Manlio Fabio Beltrones Juan Ramón de la Fuente Arturo Núñez Manuel Camacho Solís Carlos Fuentes Francisco José Paoli Miguel Carbonell Xóchitl Gálvez Federico Reyes Heroles Jaime Cárdenas Arturo González Cosío Armando Ríos Piter Cuauhtémoc Cárdenas José González Morfín Ernesto Ruffo Appel Lázaro Cárdenas Batel Miguel à ngel Granados Chapa Pedro Salazar Diódoro Carrasco Pedro Joaquín Coldwell Diego Valadés María Amparo Casar Francisco Labastida Ochoa José Woldenberg Rolando Cordera Fernando Lerdo de Tejada Lorenzo Córdova Sergio López Ayllón Javier Corral Mario López Valdez

Pacto por México: agenda política: PRI, PAN, PRD

Acuerdos para la Gobernabilidad Democrática.

La pluralidad política del país es una realidad innegable derivada de un proceso largo e inacabado de transición democrática. Esta pluralidad muestra que ninguna fuerza política puede gobernar en solitario, por lo que resulta indispensable alcanzar acuerdos mediante el diálogo y la negociación institucional para que todas las fuerzas políticas se corresponsabilicen de la conducción del país y de sus problemas. Es necesario impulsar reformas que hagan más funcional al régimen político para darle gobernabilidad al país, ampliando y mejorando su sistema democrático.

5.1. Gobiernos de Coalición. Se impulsará una reforma constitucional para otorgarle al Presidente la facultad constitucional de optar entre gobernar con minoría política o gobernar a través de una coalición legislativa y de gobierno. En este caso, el Presidente y su partido construirán un acuerdo con una o varias de las fuerzas opositoras en el Congreso para conformar una mayoría estable para que ratifique lo siguiente (Compromiso 87):

«¢ Un programa de gobierno que garantice su ejecución integral o los puntos coincidentes que hayan acordado las fuerzas políticas coaligadas.

«¢ Una agenda legislativa que se convierta en preferente por la fuerza mayoritaria de la coalición legislativa y en soporte del programa de gobierno.

«¢ Un gabinete de coalición ejecutor del programa de gobierno.

5.2. Toma de protesta del Presidente el 15 de septiembre. La tecnología electoral actual no requiere de lapsos tan largos entre la fecha de la jornada electoral y la toma de posición del gobierno electo. Para facilitar el proceso de transición y reducir el periodo de convivencia de un gobierno saliente y uno entrante, se impulsará una reforma constitucional para adelantar la fecha de toma de posesión del Presidente de la República, con un transitorio que lo programe para 2024. (Compromiso 88)

5.3. Partidos Políticos y Elecciones. Los partidos políticos requieren de un marco jurídico que genere mayor certidumbre, transparencia y estabilidad al sistema político en su conjunto. De igual forma, los procesos electorales tienen que ser más baratos y más transparentes. Para lograr estos objetivos, se impulsarán las siguientes acciones:

«¢ Se aprobará una Ley General de Partidos para dar un marco jurídico estable y claro a la actuación de los mismos tanto en tiempos electorales como en tiempos no electorales. (Compromiso 89)

«¢ Se impulsará una Reforma Electoral que atienda los siguientes temas (Compromiso 90): «¢ Reducción y mayor transparencia del gasto de los partidos.

«¢ Disminución en el monto de los topes de campaña.

«¢ (Incorporación a las causales de nulidad de una elección lo siguiente: 1) el rebase de los topes de campaña; 2) la utilización de recursos al margen de las normas que establezca el órgano electoral; y 3) la compra de cobertura informativa en cualquiera de sus modalidades periodísticas, con la correspondiente sanción al medio de que se trate)

«¢ Revisión de los tiempos oficiales de radio y televisión para impulsar una cultura de debate político y una racionalización del uso de los anuncios publicitarios.

«¢ Prohibir el uso y la entrega de utilitarios de promoción electoral, tales como materiales plásticos, materiales textiles, despensas y materiales de construcción.

«¢ Fortalecer la legislación para evitar el uso de esquemas financieros y/o recursos de origen ilícito con el propósito de inducir y coaccionar el voto.

«¢ Crear una autoridad electoral de carácter nacional y una legislación única, que se encargue tanto de las elecciones federales, como de las estatales y municipales.

5.4. Reforma del Distrito Federal Impulsaremos la culminación del proceso de reforma del Distrito Federal. Para ello, se instalará una mesa nacional de negociación para acordar sus términos. La reforma comprenderá los siguientes temas: (Compromiso 91)

«¢ Se definirá el nombre oficial de la Ciudad de México que es la capital de la República.

«¢ Se dotará de una Constitución propia al Distrito Federal.

«¢ Se revisarán las facultades del Jefe de Gobierno y de la Asamblea Legislativa del DF.

«¢ En el orden de gobierno delegacional o equivalente se impulsará la elección de gobiernos colegiados con representación plural, semejante a los ayuntamientos, acorde a la presencia de las fuerzas políticas en cada demarcación.

«¢ Se definirá un esquema del Distrito Federal que considere su carácter de capital de la República.

5.5. Revisión global de los fueros. Se reordenará el marco de fueros para que nadie tenga privilegios. (Compromiso 92)

5.6. Leyes reglamentarias de la reforma política. Para poder instrumentar plenamente la nueva reforma política, se aprobarán las siguientes leyes (Compromiso 93):

«¢ Ley reglamentaria de candidaturas independientes.

«¢ Ley reglamentaria de iniciativa ciudadana.

«¢ Ley reglamentaria de iniciativa preferente.

«¢ Ley reglamentaria de la consulta popular.

5.7. Revisar la reelección de legisladores. Se revisará la reelección de legisladores. (Compromiso 94)

5.8. Medios de Comunicación. Para transparentar y racionalizar los recursos que el Estado invierte en publicidad en los medios de comunicación, se creará una instancia ciudadana y autónoma que supervise que la contratación de publicidad de todos los niveles de gobierno en medios de comunicación se lleve a cabo bajo los principios de utilidad pública, transparencia, respeto a la libertad periodística y fomento del acceso ciudadano a la información, así como establecer un límite en el ejercicio del gasto en publicidad de cada entidad pública en proporción a su presupuesto, salvo las situaciones de emergencia vinculadas a protección civil o salud. De igual forma, se dará cumplimiento al artículo tercero transitorio de la reforma constitucional del 13 de noviembre de 2007, para garantizar el derecho de réplica. (Compromiso 95).

Propuesta de 30 puntos de reforma política del PAN y PRD

15 de Mayo, 2013

Agenda mínima para defender y profundizar la democracia. Los grupos parlamentarios de Acción Nacional y de la Revolución Democrática en el Senado de la República, se declaran a favor de la reforma política y electoral.

1. Fiscalización anticipada y durante la campaña de todos los recursos de los que dispongan los partidos y sus candidatos.

2. Pérdida de la candidatura y del registro para el partido en caso de rebase de topes durante la campaña; la nulidad de la elección, destitución del cargo e inhabilitación del candidato para concurrir nuevamente a la elección de que se trate, cuando el rebase se acredite una vez concluido el proceso electoral.

3. Obligación de los partidos políticos de revelar posibles conflictos de interés de los candidatos por su relación con poderes económicos relevantes.

4. Sanción penal por la transmisión de propaganda o publicidad encubierta.

5. Revocación inmediata de la concesión de radio y televisión cuando el medio intervenga ilegalmente en campañas electorales.

6. Ley de propaganda gubernamental.

7. Nuevos tipos penales y sanciones severas a la compra y coacción del voto.

8. Flexibilización de la entrega y sustitución de promocionales de radio y televisión, así como establecer la celebración obligatoria de debates en todos los niveles de la competencia electoral.

9. Obligación de los encuestadores de publicar y revelar la metodología, las fuentes de 25 financiamiento y potenciales conflictos de interés con partidos, candidatos, gobiernos e intereses económicos o mediáticos.

10. Autonomía constitucional a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y a la Fiscalía Anticorrupción para castigar el uso de los recursos y programas públicos por parte de servidores públicos.

11. Facultad del Senado de la República para, a petición de las legislaturas locales o a instancia propia, desaparecer los órganos electorales locales y, en consecuencia, encomendar al Instituto Federal Electoral la organización de una determinada elección, cuando se acredite parcialidad o colusión con intereses de partido o de gobiernos locales.

12. Ley de partidos políticos que norme, con certeza y seguridad jurídicas, los procesos de toma de decisiones y los derechos de los militantes.

13. Segunda vuelta electoral para elecciones presidenciales y de gobernadores.

14. Gobiernos de coalición: inclusión de la figura del Jefe de Gabinete, ratificación congresional de todos sus integrantes y aprobación de convenio programático por ambas cámaras.

15. Moción de censura a cargo de cualquier cámara para destituir al Jefe de Gabinete o a los integrantes del gobierno.

16. Sesiones de control semestrales, en las que el Presidente y su gabinete deberán comparecer ante ambas cámaras legislativas a debatir sobre su desempeño y a discutir la agenda prospectiva.

17. Participación del Congreso en la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo y de los Programas Operativos Anuales.

18. Aprobación por parte del Senado de la Estrategia Nacional de Seguridad.

19. Ratificación del Senado de todos los acuerdos internacionales suscritos por el Ejecutivo en materia de seguridad.

20. Iniciativa razonada: obligación del Ejecutivo de comparecer a explicar las motivaciones y particularidades de las iniciativas legislativas que el Ejecutivo presenta al Congreso.

21. Autonomía constitucional de la Procuraduría General de la República.

22. Eliminación del fuero o inmunidad para todos los representantes que hoy gozan de él, incluido el Presidente de la República.

23. Reforma política para el Distrito Federal.

24. Intervención subsidiaria y temporal de la Federación, por determinación del Senado, frente a situaciones de emergencia, de debilidad institucional para garantizar el orden público o la vigencia de las libertades, así como frente a la incapacidad material de las entidades federativas para ejercer ciertas funciones que tienen encomendadas.

25. Cuarto nivel de gobierno: el gobierno comunitario, con facultades concretas de decisión presupuestal, democráticamente electos y que funcionen bajo modelos de gestión participativa.

26. Reelección legislativa y de autoridades municipales.

27. Leyes reglamentarias de candidaturas independientes, iniciativa popular, plebiscito, referéndum y derecho de réplica.

28. Creación de circunscripciones electorales indígenas para garantizar la representación en el Poder Legislativo.

29. Cuotas obligatorias de género para hacer efectiva la paridad y sanciones a las prácticas de simulación.

30. Ampliación de los alcances del voto de los mexicanos en el extranjero.

Para defender y profundizar la democracia, Bancadas del PAN y PRD en el Senado

Las elecciones de las que fuimos producto evidenciaron la inconformidad social, sobre todo entre los jóvenes, con la forma en la que funciona la política en nuestro país. El clima de insatisfacción es generado por la distancia entre representantes y representados, por el fastuoso dispendio en las elecciones, por la intervención de poderes extralegales en la conformación de la voluntad ciudadana.

La impotencia de los ciudadanos para incidir efectivamente en los asuntos públicos ha provocado un desencanto creciente con la democracia como forma de vida colectiva. Ese desencanto, como se ha probado en otras sociedades, trae consigo el riesgo de convertirse en el caldo de cultivo de una regresión autoritaria. Bajo el manto de una supuesta modernidad política pueden esconderse viejas prácticas clientelares, centralistas y patrimonialistas en detrimento de las libertades políticas conquistadas.

Si bien el Pacto por México recoge algunas de las demandas de los ciudadanos y reconoce pendientes de regeneración institucional, quienes representamos a la oposición democrática en el Senado de la República no podemos aceptar que la iniciativa del cambio político provenga de una mesa que sustituya la responsabilidad del Congreso, ni que la reforma política tenga como único propósito la legitimación del nuevo gobierno.

Los ciudadanos nos eligieron como representantes y, a esa confianza, la acompañaron del mandato de defender los espacios de deliberación, de representación y de participación política. Delegar esta responsabilidad en mecanismos alternativos de concertación política significaría claudicara nuestra responsabilidad democrática. Frente a ese reto, los senadores de los grupos parlamentarios del PAN y del PRD hemos convenido una agenda mínima de reformas para consolidar un régimen democrático plenamente equitativo, funcional y representativo. Debemos pasar de la democracia procedimental a la democracia sustancial y participativa.

Asumir esta agenda es la única vía para acreditar la disposición del Gobierno Federal y de su partido de avanzar en el fortalecimiento de la institucionalidad democrática. El discurso modernizador que el Gobierno ha asumido sólo será creíble en la medida en la que se demuestre la voluntad de atender, en los hechos, los pendientes de nuestra transición democrática y de avanzar en la transformación a fondo e integral del sistema político mexicano.

La prueba de voluntad serán los votos de sus bancadas para aprobar esta agenda. Los últimos procesos electorales federales han visibilizado dos grandes pendientes de la consolidación democrática. Por un lado, las condiciones de inequidad en las que se desenvuelve la competencia electoral y, por tanto, la ineficacia de las reglas vigentes para inhibir la incidencia de los poderes extralegales y del dinero, público o privado, en el resultado electoral.

Por otro lado, la imposibilidad estructural del sistema político de conformar gobiernos con auténtica legitimidad mayoritaria. A nivel local, los pendientes democráticos son aún más agudos. El federalismo mexicano se ha traducido en espacio de impunidad, de ejercicio unipersonal del poder político y de opacidad en el uso de los recursos públicos.

La institucionalidad electoral está al servicio de los intereses del gobernador en turno. Las estructuras de gobierno se subordinan a los intereses electorales del partido en el poder, debido a que la transparencia y la rendición de cuentas son derechos de papel sin efectividad real. La división de poderes se encuentra nulificada por la hegemonía monopartidaria, que a su vez es resultado de reglas electorales confeccionadas a modo para asfixiar la competencia en la pluralidad. Esta agenda guarda relación con los tres ámbitos constitutivos del poder políticoacceso, ejercicio y rendición de cuentas. Acceso al poder: equidad como condición de la democracia.

El uso de recursos durante las campañas debe vigilarse a la par de su ejercicio. Hoy en día, la investigación y la resolución definitivas sobre rebase de topes de financiamiento o de gasto de campaña se agotan cuando el cargo electo ya ha entrado en funciones, y las sanciones se reducen a multas económicas a los partidos. Es decir, los tiempos dispuestos encarecen desproporcionadamente un dictamen condenatorio por parte de la autoridad electoral y eliminan la posibilidad de castigo ejemplar por el uso deshonesto, excesivo o fraudulento de recursos.

Esto nos obliga a establecer en la ley un régimen de fiscalización anticipada de todos los recursos de los que dispongan los partidos y sus candidatos. Asimismo, las sanciones legalmente establecidas no inhiben el uso profuso de recursos en las campañas. Por ello, de la mano de una fiscalización preventiva, debemos también incrementar las sanciones, esto es, encarecer severamente la ilegalidad. Rebasar los topes de campaña debe implicar la pérdida de la candidatura y del registro para el partido -si la evidencia se presenta antes de que concluya la campaña- o la nulidad de la elección, la destitución del cargo y la inhabilitación del candidato para concurrir nuevamente a la elección de que se trate – en caso de acreditarse tras el resultado-.

El mismo castigo debe recibir la falta de transparencia por parte de los partidos políticos una vez impuesta en ley la obligación de revelar posibles conflictos de interés de los candidatos por su relación con poderes económicos relevantes. La penalización debe abarcar también a quienes, usando el poder a su disposición, incurren en conductas que sesgan el resultado, como sería la transmisión de propaganda o publicidad encubierta. Para aquéllos que participen de esta práctica, proponemos la imposición de sanciones penales. En el caso de que los medios de comunicación intervengan ¡legalmente en las campañas, proponemos establecer como sanción la revocación inmediata de sus concesiones.

El sistema político debe ser intolerante frente a quien pretenda vulnerarlo. En este mismo orden de ideas, tenemos que avanzar en la formulación de la Ley de propaganda gubernamental, comprometida en la reforma electoral de 2007 y que no se ha constituido como norma para la equidad. De igual forma, hay que remediar el hecho de que actualmente es prácticamente imposible castigar la compra y coacción del voto.

Por tanto, proponemos reestructurar los tipos y agravar las sanciones penales, para erradicar efectivamente las prácticas clientelares o el uso indebido de programas sociales para beneficio electoral. Si algo justifica la razón del derecho penal es, precisamente, el propósito de lucrar con las necesidades básicas de la gente. Debemos atender las exigencias democráticas evidenciadas en términos de comunicación y debate públicos.

En este ámbito es menester flexibilizar la entrega y sustitución de promocionales de radio y televisión, así como establecer la celebración obligatoria de debates en todos los niveles de la competencia electoral, los cuales deben gozar de la máxima difusión en las concesiones de radio y televisión.

La pasada elección puso en evidencia el efecto pernicioso que pueden provocar las encuestas electorales. En consecuencia, proponemos que los encuestadores revelen obligatoriamente la metodología, las fuentes de financiamiento y potenciales conflictos de interés con partidos, candidatos, gobiernos e intereses económicos o mediáticos, con el propósito de que los ciudadanos tengan la posibilidad de juzgar y discriminar la calidad de estos ejercicios demoscópicos, así como para inhibir que se utilicen como modalidades encubiertas de propaganda electoral.

Finalmente, en este conjunto de iniciativas orientadas a fortalecer la equidad de las contiendas proponemos otorgar autonomía constitucional a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales para hacer efectiva e imparcial la investigación y persecución de las conductas que alteren las condiciones de la competencia, así como a la Fiscalía Anticorrupción para castigar el uso de los recursos y programas públicos por parte de servidores públicos.

Por otro lado, consideramos imprescindible dotar de autonomía también al Consejo Nacional de Evaluación para la Política de Desarrollo Social, en el entendido de que su función se fortalece con la independencia respecto de las instancias cuya actuación evalúa.

Para garantizar la imparcialidad de los órganos electorales locales, proponemos facultar al Senado de la República para, a petición de las legislaturas locales o a instancia propia, desaparecer los órganos electorales locales y, en consecuencia, encomendar al Instituto Federal Electoral la organización de una determinada elección, cuando se acredite parcialidad o colusión con intereses de partido o de gobiernos locales. El Senado es el espacio que representa el pacto federal y la instancia que debe asegurar su correcto funcionamiento.

La falta de representación que reclama la ciudadanía se debe a que la democratización no ha alcanzado a los instrumentos más importantes de la participación ciudadana: los partidos.

Es necesaria una ley de partidos políticos que norme, con certeza y seguridad jurídicas, los procesos de toma de decisiones y los derechos de los militantes. Mientras se mantenga un sistema de partidos cerrado y ajeno a la ciudadanía, el déficit de representación seguirá creciendo, al igual que la distancia de las cúpulas partidistas con la sociedad. Poco servirán los acuerdos entre las dirigencias partidarias si la sociedad no se ve representada en ellos.

Si bien las candidaturas independientes aprobadas en 2011 constituyen alternativas a la participación política sin la mediación de los partidos, un sólido sistema de partidos es una pieza central de la democracia que 31 facilita la capilaridad política, la canalización de demandas ciudadanas y la rendición de cuentas. Ejercicio del poder: segunda vuelta electoral para gobiernos de coalición El vínculo entre aquellas iniciativas orientadas a regular el acceso democrático al poder y aquéllas destinadas a mejorar su ejercicio, radica en la segunda vuelta electoral para elecciones presidenciales y de gobernadores. En el año de 2006, las elecciones presidenciales se decidieron con un margen menor a 250 mil votos- medio punto porcentual-.

En el año 2012, el Presidente electo obtuvo el voto de 38% del electorado. Es decir, tenemos un sistema en el que basta con obtener el voto de una mayoría relativa de mexicanos para asumir la responsabilidad total de poder. En este contexto, la segunda vuelta permite superar las discusiones postelectorales sobre la legitimidad del encargo, pero también brinda estabilidad al sistema político en su conjunto. Genera gobiernos con auténtico respaldo mayoritario, sin sacrificar la pluralidad política. Sin embargo, por sí misma la segunda vuelta no garantiza que el Ejecutivo cuente con una mayoría estable en el Congreso para impulsar ciertas políticas públicas.

Para superar las dificultades del gobierno dividido sin sacrificar la pluralidad, la segunda vuelta debe venir acompañada de la posibilidad de formar gobiernos de coalición, esto es, de compartir el poder a partir de compromisos programáticos visibles y evaluables. La segunda vuelta y el gobierno de coalición significan el tránsito de la administración de reformas coyunturales a un gobierno basado en un programa plural, incluyente y de largo plazo. El gobierno de coalición implica la aprobación congresional de la figura del jefe de gabinete, así como de los integrantes del mismo. Impone también el funcionamiento del gabinete como una instancia ejecutiva colegiada, con funciones específicas y sujeta a control parlamentario. Discutamos a consciencia la posibilidad de transitar a un régimen semipresidencial.