Admite gobierno mexicano que celulares de normalistas siguieron activos después del 27 de septiembre

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Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, representantes del gobierno Peña Nieto reconocieron que al menos nueve teléfonos celulares y tres chips de algunos de los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, desaparecidos desde hace casi tres años, estuvieron activos y en funcionamiento después de esa trágica noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre de 2014.

Esta conclusión coincide con la que realizó en abril de 2016 el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), en su informe, designado por la CIDH para investigar el caso.

Con ello, se suman pruebas de que la llamada «verdad histórica» por el entonces procurador general de la República, Murrillo Karam, no está fundamentada ni investigada con precisión, ya que en ese momento se aseguró que los estudiantes fueron incinerados entre la noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre con todas las pertenencias que portaban al momento de su secuestro.

De acuerdo con Alfredo Higuera Bernal, fiscal de la oficina especial para el caso Iguala de la PGR, al atender las recomendaciones del GIEI para investigar la telefonía celular, se encontró que 32 números vinculados a los normalistas se pueden relacionar con el momento del ataque y los posteriores.

El funcionario mexicano detalló durante la audiencia del Mecanismo especial de seguimiento del caso Ayotzinapa de la CIDH, celebrada ayer en el 163 periodo extraordinario de sesiones del organismo internacional en Lima, Perú,  que se tienen los nombres específicos de los normalistas a quienes corresponden los chips que fueron usados con posterioridad a los hechos.

«En el caso de los aparatos telefónicos, fueron nueve los que siguieron en uso. Hay uno de esos equipos asegurado y obtuvimos la autorización judicial para extraer toda la información posible. La Policía Federal se encuentra en estos momentos indagando respecto a todos aquellos que usaron esos aparatos con posterioridad. Esto, para descartar todas las posibilidades, ya que en el país es muy fácil adquirir una línea usada», declaró.

Asimismo, admitió que dicha información concuerda con lo que en su momento planteó el GIEI hace más de un año, en cuanto a que los chips y aparados no fueron destruidos en la fecha de los hechos, sin que siguieron en uso.

Al respecto, el subdirector del Centro Prodh, Santiago Aguirre, dijo que la afirmación del fiscal echa por tierra la versión de que los estudiantes y sus pertenencias fueron calcinados en el basurero de Cocula.

Además, cuestionó a la representación gubernamental «“encabezada por el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa»“ las razones por las que no se investigaron esas líneas telefónicas desde octubre, noviembre o diciembre de 2014: «¿Por qué en esos meses, en lugar de ir a buscar esos teléfonos y preguntar por qué los tenían quienes los portaban, el Estado más bien se dedicó a difundir una versión sin prueba científica?».

En cuanto al quinto autobús y el tráfico de drogas de Iguala a Chicago, Estados Unidos, como móvil del ataque contra los normalistas, que forma parte de los señalamientos hechos por el GIEI, Higuera Bernal indicó que pruebas periciales, testimonios y revisiones al vehículo confirmaron que no hay datos de estupefacientes directamente ligados a ese camión, y reconoció que dicha unidad no fue asegurada por las autoridades el día de los hechos, sino días después, por lo que el trasiego de sustancias prohibidas seguirá siendo una línea de investigación en la que se profundizará.

Así, los comisionados de la CIDH y las víctimas hicieron un llamado urgente al Estado mexicano para que amplíe las indagatorias y agilice los procesos con la finalidad de dar con el paradero de los jóvenes, sancionar a los responsables y alcanzar la verdad y la justicia.

(Con información de La Jornada)