Caso José Blanco. Cuidado con las manos y el fuego

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Todos los que pusieron la mano en el fuego, incluido el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, por José Blanco, el todopoderoso dirigente socialista, ex ministro de Fomento, secretario de la poderosa máquina que es la organización del partido, y número dos de Rodríguez Zapatero, tendrán que empezar a ponerla a enfriar, o a reconstruir, según se deduce de los acontecimientos que se han producido este martes.

Unos acontecimientos que empezaron con la noticia de que el fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce había pedido al juez instructor del Supremo José Ramón Soriano, que tramitase el suplicatorio para juzgar a Blanco, por tráfico de influencias y prevaricación, y no por cohecho, y terminaron con una comparecencia del señor Blanco en la que anunció que si había apertura de juicio oral presentaría su dimisión como diputado, cargo que ha mantenido a pesar de las numerosas protestas de la oposición popular y el visto bueno del partido, donde ha ejercido el poder de una forma omnímoda. Hasta conservaba la esperanza de presentarse como futuro candidato socialista a la Presidencia de la Xunta de Galicia.

Después de mantener varias reuniones con cuatro fiscales de la Sala y con el fiscal del caso, Manuel Doltz, el señor Torres Dulce, ha dado un paso decisivo, para que próximamente, se proceda formalmente al procesamiento de Blanco, después de numerosas investigaciones centradas en saber si medió en la concesión de autorizaciones para instalar una nave industrial de Transportes Azkar, propiedad del empresario gallego José Antonio Orozco, amigo del ex ministro, en unos terrenos próximos al aeropuerto del Prat, en Sant Boi.

Además, se ha investigado si Orozco, si a cambio de esos favores, hizo aportaciones económicas a José Blanco para la compra y las obras de reforma del chalé que adquirió el ex ministro en la localidad madrileña de Las Rozas, unas obras desproporcionadas, algunas de las cuales, fueron pagadas por el Ministerio del Interior y, a través del partido socialista, que no tenía, en un momento determinado, suficientes fondos para protección de sus militantes, concejales y sus casas del Pueblo, especialmente en el País Vasco.

Según el fiscal, Blanco habría cometido un presunto delito de tráfico de influencias a favor de Orozco, consejero delegado de Transportes Azkar y amigo del ex ministro y habría influido ante el alcalde de Sant Boi de Llobregat (Barcelona), del PSC, para que se concediera a Orozco una licencia ambiental favorable que había solicitado su empresa el 4 de agosto de 2010 para poder construir la citada nave industrial cerca del aeropuerto del Prat de Llobregat.

Blanco que insiste en su inocencia, dice que todos los datos utilizados proceden de conversaciones telefónicas grabadas, sin autorización judicial y que, como ministro de Fomento tenía la obligación de interesarse por un expediente que afectaba a 400 puestos de trabajo, ha presentado varios recursos pendientes de resolución y, todavía confía que no se llegue al juicio oral. De todas formas, ante la postura del portavoz del Grupo Popular de votar el suplicatorio, en caso de que la petición llegue al Parlamento (algo que, en las actuales circunstancias no tendrá más remedio que hacer el grupo socialista, sobre todo, después de que Blanco haya pedido públicamente el voto favorable de su partido) ha anunciado que renunciaría al escaño.

Eso sería el final de su carrera política que, desde muy joven, comenzó a dirigir las Juventudes Socialistas, hasta llegar a la Secretaría General del partido en Lugo, y ya en el año 2000, a coordinar el Grupo Nueva Vía que sacaría a Zapatero como secretario general del PSOE en el XXXV Congreso Federal frente a José Bono. Y de ahí a dueño y señor del partido como número dos y verdadero azote de la oposición, que ahora le pasará la correspondiente factura Le estaban esperando.

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