Corrupción: atrápame si puedes

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Los casos de los priístas Javier Duarte de Ochoa y Andrés Granier y del panista Guillermo Padrés y el expediente especial de la maestra Elba Esther Gordillo ilustran las posibilidades y limitaciones de la lucha contra la corrupción. Pero el problema es que no alcanzarán los tapones para combatirla, cuando el problema está en evitarla.

Una verdadera sociedad política ética se mide por la estructura de control de los recursos y servicios públicos, no por el número de acusados de corrupción encarcelados o perseguidos. La corrupción en acto tiene que pasar por procedimientos judiciales aplicables o eludibles, en tanto que la corrupción en potencia implica no sólo un compromiso de transparencia de todos bienes de los funcionarios sino procedimientos públicos bajo control para evitar la corrupción como los caminos más cortos.

Lo que los partidos del sistema político actual parecen olvidar es que la corrupción fue el engrane principal que hizo funcionar la maquinaria del poder. El problema menor –si es que vale decirlo– no ha sido la corrupción entre políticos, sino la forma en que los funcionarios han manipulado el aparato público para vender servicios que deben ser parte de la oferta de gobernación del gobierno. La corrupción se extendió a la sociedad cuando los ciudadanos tuvieron que pagar por la solución de sus problemas.

La más grave contradicción –enfoque condescendiente– en las decisiones de lucha contra la corrupción ha radicado en el hecho de que los funcionarios que tienen en sus manos la operación de la corrupción son los que a la vez dictan las reglas para evitarla. El camino más corto es el más simple: que esos funcionarios eludan las prácticas corruptas. El sistema nacional anticorrupción es coercitivo y sólo encarece la corrupción, pero no la evita, y a la vez la hace más sofisticada porque sólo obliga a los funcionarios a ser más precavidos y atentos, pero no a ser más honestos.

Los casos de Duarte y Padrés ayudan a entender la perversión del poder. Los dos tardaron su arresto en función de complicidades del poder. Los dos fueron parte de redes personales, familiares y locales de corrupción, pero al mismo tiempo de redes políticas nacionales. El castigo será personal, no institucional; es decir, fueron indiciados por torpes, no por un sentido ético del poder perseguidor.

El verdadero control del presupuesto público, de las concesiones, permisos y contratos y de las declaraciones patrimoniales personales y familiares debería ser el primer gran paso para ponerle controles al presupuesto público susceptible de ser usado en actividades de corrupción. México daría un paso a un funcionamiento republicano cuando construya instituciones y leyes que eviten los abusos y no que persigan la corrupción de los pocos políticos torpes que se apropiaron del presupuesto público dejando todas las pistas de sus corruptelas.

El sistema nacional anticorrupción está condenado al fracaso en tanto sea un mecanismo a posteriori porque serán unos pocos que no ayudarán a limpiar los establos públicos –por aquello de tarea hercúlea–; una verdadera ética pública debería cerrar los resquicios de la corrupción a priori con controles más estrictos del presupuesto, los contratos, las declaraciones patrimoniales y las contrataciones de personal.

Los pocos corruptos atrapados no han servido para disminuir la corrupción.

 

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carlosramirezh@hotmail.com

@carlosramirezh

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