Iglesia católica y PRD han asumido posturas radicales e irreconciliables

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En el pleito entre la Iglesia católica y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) ambas estancias han asumido posturas radicales e irreconciliables, así lo consideraron estudiosos en teología y de las relaciones Iglesia-Estado.

Cabe destacar que el nivel de discusión entre el sol azteca y la Iglesia católica comenzó por las reformas al Código civil capitalino para legalizar las bodas gay.

Para Bernardo Barranco, escritor, filósofo y analista en temas de religión, la reacción a las reformas por parte de las distintas Iglesias -principalmente la católica- a la evolución de las leyes en la Ciudad de México ha sido equivocada.

«Uno de los reproches que se ha hecho al cardenal (Norberto Rivera) es que suele ser muy mediático, polariza las acciones y provoca reacciones desmedidas por parte del Estado. Los actores están muy polarizados y no hay posibilidades de dialogo y esto es un hecho que confirma lo que desde hace dos años es un hecho: el alejamiento y la confrontación de la Iglesia -sin conocer con que fines- con el gobierno de la ciudad y el partido mayoritario», comentó.

Iglesia se coloca en una posición intransigente

Barranco agrega que en el debate, las Iglesias se han colocado en una posición intransigente.

«La jerarquía puede dar las direcciones que quiera a su feligresía, lo que no puede hacer es imponer su moral a otras personas que no son parte de la Iglesia. Ahí se pone a prueba esa línea tan delgada que hay entre lo que son los límites y la capacidad de una creencia frente a una sociedad que es heterogénea».

Al respecto, Elio Masferrer -doctor en antropología, historiador e integrante de la Asociación Latinoamericana para estudios de la religión-, la Iglesia, con su reacción, demuestra su incapacidad para dar una salida a la población que tiene otra propuesta en materia de una relación sexual.

El experto también criticó la forma en que el PRD ha respondido a la Iglesia.

«Lamentablemente los partidos, los gobiernos que de ellos emanan, cada vez tienen menos campo para expresar su propia ideología; ya no intervienen para modificar la economía o en la solución a la inseguridad, y sólo se centran en las relaciones humanas para discutir. No han sabido asumir una postura como partidos.

El pleito alcanzó al IFE y Gobernación

Cabe destacar que el vocero de la Arquidiócesis Primada de México, Hugo Valdemar, aseguró que no se arrepiente de haber llamado a no votar por el PRD, debido a que éste atenta contra los valores humanos.

«Yo no me arrepiento. Me arrepiento de mis pecados y no creo cometer un pecado al hacer uso de mi libertad de expresión», sostuvo.

«Y también de actuar como un pastor de la Iglesia que soy, en el sentido de llamar a los fieles a pensar a conciencia si pueden emitir un voto por un partido que legisla contra los valores humanos, como es el derecho a la vida, por ejemplo».

Consideró que no ha violado la ley, aunque la Secretaría de Gobernación (Segob) y el Instituto Federal Electoral (IFE) así lo han determinado, pues reiteró que es su derecho de expresión comentar lo que no le parece y lo que «atenta contra los valores humanos».

Y es que la Segob, encabezada por Francisco Blake Mora, decidió amonestarlo con un apercibimiento, sanción que puede ser apelada en 15 días hábiles.

A este respecto sostuvo que impugnará dicha determinación de la dependencia federal. «Me parece que no es justa, no es adecuada porque una golondrina no hace un verano».

Una vez que el padre Valdemar Romero presente el recurso de revisión, corresponderá a la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos ratificar o no la sanción a la que se hizo acreedor.

Ministro de culto no intervendrán en procesos electorales

El consejero del IFE Alfredo Figueroa dijo que no será aceptable que algún ministro de culto pretenda intervenir en el próximo proceso federal electoral y advirtió que cada vez que ello ocurra «el IFE actuará en el marco de su competencia».

Reiteró que el órgano electoral no tiene la facultad para sancionar a Valdemar, porque esa es atribución exclusiva de la Secretaría de Gobernación, por lo que no se trata de falta de voluntad o irresponsabilidad.

Refirió que el artículo 130 de la Constitución establece que corresponde exclusivamente al Congreso de la Unión legislar en materia de culto público, de iglesias y agrupaciones religiosas y que la ley reglamentaria (Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público) desarrollará y concretará diversas disposiciones, entre las que se señala expresamente que los ministros no podrán asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política.

«En términos de lo previsto en el artículo 25 de dicha Ley, su aplicación corresponde al Poder Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Gobernación», reiteró.

Por eso aseguró que no es por parte del Instituto Federal Electoral un no deseo o un intento por simplemente no establecer la sanción a un ministro de culto pues el IFE ha determinado, con claridad, el tipo de violación que ha establecido este ministro de culto.

«En nuestra ley no existen sanciones a los ministros de culto, por lo tanto, no obedece a una falta de voluntad, la decisión de no establecer una sanción en este caso», detalló.

Figueroa  agregó que la secretaría ejecutiva del IFE turnará al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) el expediente del vocero Valdemar y pidió a las autoridades de la Segob mayor transparencia para especificar si el prelado fue sancionado por haber convocado a no votar por el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

«Tal vez sea necesario que Gobernación busque mecanismos más transparentes para especificar si sancionó y porqué sancionó al vocero Valdemar, porque deja muchas dudas su comunicado en el que en un párrafo hacen referencia a una sanción que no sabemos por qué fue. Oficialmente, lo que hay es un oficio de la Segob en el que establece que no tiene facultades para imponer una sanción; lo demás sería especular», dijo.

Explicó que el artículo 353 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) establece que el Consejo General del IFE puede determinar la existencia de una infracción, pero «Gobernación debe aplicar la sanción correspondiente»

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