Sí, se desploma la versión oficial sobre Ayotzinapa

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No es sencillo opinar sobre el informe que ayer entregó la CIDH al gobierno mexicano, con el resultado de su investigación alternativa sobre lo que ocurrió el 26 y el 27 de septiembre del año pasado en Iguala, Guerrero. No es fácil, digo, si nos atenemos al tratamiento informativo del tema.

La Jornada coloca en ocho columnas: «Los normalistas de Ayotzinapa no fueron incinerados», y ello no es así, al menos eso no es parte de las conclusiones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI); lo que dice el informe es que los cuerpos de las víctimas no se incineraron en Cocula, como señala la indagatoria de la PGR. Y el asunto no es menor, ya que la propia Procuraduría General informó que llevará a cabo otro peritaje en aquel sitio. Por cierto, ese diario y casi todos los medios que se presentan en el mercado como críticos del gobierno, no enfatizan en que el trabajo del GIEI fue promovido por el gobierno federal y que, según el propio GIEI, contó con todas las facilidades para desarrollar su investigación.

Desde la órbita del oficialismo, Excélsior resalta la reacción de las instituciones del gobierno más que el reporte que suscitó tales reacciones y, en consecuencia, no subraya un aspecto clave: la reseña del GIEI acerca de las insuficiencias y las pifias de las indagatorias de las procuradurías local y federal, en el desarrollo de la investigación; esto, además de la probable participación de la policía y el Ejército en la masacre.

Varios medios y opinadores han señalado que se desplomó la versión oficial del gobierno, y yo creo lo mismo: se hizo añicos. Y el propio gobierno lo acepta: 1) queda para el recuerdo la frase aquella sobre la verdad histórica y el mismo secretario de gobernación dice que se van a incorporar las 20 recomendaciones del GIEI a las investigaciones además de que, como ya dije, la PGR informó que hará un nuevo peritaje en Cocula sobre el que ya tenían (sí, el mismo que Murillo Karam dijo que constituía la verdad histórica).

Pero junto con ello hay otro elemento clave, y ni más ni menos es lo que tiene que ver con el probable móvil de los crímenes del 26 y 27 de septiembre. Ni la militancia que se aprovecha de ese caso ni el oficialismo aceptan la probabilidad, cada vez más alta desde mi punto de vista, de que el responsable de todo ello sea el crimen organizado y que, en efecto, en aquel quinto camión hubiera droga; que lo supieran o no los normalistas que ahí viajaban, es parte de una investigación más acuciosa.

Frente a todo este reborujo legal, jurídico, informativo y, quizá sobre todo, político, creo que lo único claro es que el sistema mexicano de procuración de justicia es una vergüenza. Y en este caso, todo ello comenzó cuando el gobierno desestimó la importancia de lo sucedido en Guerrero, como hoy mismo reconoce el propio Presidente.

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