Andalucía: la investidura de Susana más difícil cada día

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¡Viva la Pepa!

Susana Díaz, ha cometido este jueves un nuevo error convocando, otra vez, el Pleno del Parlamento andaluz para su tercera sesión de investidura, sin tener asegurado ningún tipo de pacto con el resto de los partidos políticos, sabiendo como sabe, que hasta después de las elecciones autonómicas y municipales del próximo 24 de mayo, ningún partido va a enseñar las cartas de sus acuerdos y, que esta convocatoria de jueves se celebraba en pleno estallido del escándalo Aznalcóllar, un escándalo que puede complicar su nombramiento como han insinuado el resto de los partidos, sobre todo el Partido Popular, que cree tener con ese tema suficientes argumentos como para paralizar la investidura y forzar un pacto a favor de la fuerza más votada (En la Comunidad y en los Ayuntamientos) e incluso, unas nuevas elecciones, algo que ya no descarta la propia Susana Díaz que ha afirmado que si hace falta unas nuevas elecciones se harán porque ella es la que tiene menos que perder.

En este ambiente, el más tenso de todas las reuniones que se han venido celebrando para su investidura como presidenta, Susana Díaz ha tenido que enfrentarse en el Parlamento andaluz, con un clima más hostil que en las dos ocasiones anteriores y, por tercera vez, ha visto boicoteada su elección. Más que el recuento de los votos (47 votos socialistas a favor, y 62 en contra), el interés de los parlamentarios ha estado centrado en el escándalo de la mina de Aznalcóllar que estalló el pasado miércoles, al filtrarse una resolución de un Juzgado de Sevilla en la que se recoge textualmente que la adjudicación para la explotación de la mina a una empresa ligada a la Junta de Andalucía se hizo en plena campaña preelectoral en febrero, saltándose la Ley y «sin observar el mínimo rigor».

Si difícil estaba la investidura de la nueva Presidenta andaluza para conseguir, simplemente, la abstención de Podemos, Ciudadanos por las condiciones impuestas, entre ellas, las salidas inmediatas de los expresidentes del PSOE Manuel Chaves y José Antonio Griñán de sus escaños en el Congreso y en el Senado, relacionados los dos, con el escándalo de los EREs, y la firma de un decálogo anticorrupción, imposible se presenta ahora, tras el estallido público del escándalo Aznalcóllar que coge de lleno al Gobierno de Díaz y a su Administración.

Han sido sus técnicos los que han optado por la empresa cercana al PSOE hasta el punto que ha recibido subvenciones por un total de 15 millones de € del Gobierno de Rodríguez Zapatero de la que forma parte del consorcio Minorbis (filial de Magtel) y Grupo México que, sorprendentemente no cumple, según la jueza Patricia Fernández, ni uno solo de los requisitos establecidos en el procedimiento. A pesar de ese juicio tan definitivo, ha sido la empresa elegida para unos derechos de explotación de 30 años. De acuerdo con la información recabada hasta ahora por la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional se desprenden abundantes indicios, que vendrían a confirmar las irregularidades denunciadas por la otra empresa que aspiraba a explotar la mina: Emérita Rezurces.

A Emérita le llamaron de la empresa ganadora asegurando que eran los preferidos y para demostrarlo le anunciaron una llamada de la Junta, llamada que se produjo. Según la jueza sevillana autora de la resolución el consorcio Minorbis-Grupo México ni siquiera debería haber superado la primera fase del concurso. La empresa mexicana está acusada de un accidente similar en su país al que ocurrió en Aznalcóllar. Esa mina provocó en 1998 uno de los mayores desastres medioambientales en Andalucía por la rotura de una balsa de residuos que liberó 4,5 millones de hectómetros cúbicos de lodos tóxicos en el entorno del Parque de Doñana.

Sorprendentemente Grupo México, destaca la prensa de su país, indignada con el caso de las corrupciones de la constructora española OHL, es a su vez, la empresa responsable del mayor desastre medioambiental reciente en el país sudamericano por el vertido de la mina de Cananea, en el río Sonora. En Andalucía, la jueza está investigando si hubo tráfico de influencias, cohecho, prevaricación y negociación ilegal en la adjudicación. Por cierto, que el equipo técnico del consorcio para la explotación de la mina, según la jueza, presenta «evidentes carencias y deficiencias», mientras que la maquinaria tampoco cumple con los requisitos, e incluso, no está en España, sino en América, como propiedad de la empresa.

Un escándalo que aunque la Presidenta en funciones de la Junta ha querido frenar paralizando temporalmente la adjudicación, no tiene pintas de calmarse sino todo lo contrario, con las consecuencias negativas que tendrán para Susana Díaz, que adelantó las elecciones para evitar la supuesta inestabilidad en la que estaba, para entrar en un proceso de difícil solución»¦, y mucho más inestable todavía.

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