¿PROTECCIÓN A LA VIDA?

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AQUÃ DESDE CANCÚN

Ante la intolerancia, la prudencia. Esta semana, la Suprema Corte de Justicia (SCJN) trató uno de los temas quizá más polémicos de estos tiempos: la interrupción del embarazo en ciertas condiciones y en cierto tiempo. El asunto surge de nueva cuenta debido a que, el Ministro Fernando Franco, impugnó las reformas legales que declaran el «derecho a la vida desde la concepción» y que, a diferencia de lo que sucede en el Distrito Federal, en donde un aborto es legal, en estados como San Luis Potosí y Baja California, se cierra la puerta a la interrupción del embarazo, al tiempo que, de paso se anulan derechos reproductivos y derechos a la salud sexual de las personas. Las reformas impugnadas también serían contrarias a otra regulación federal: la Norma Oficial Mexicana que ordena a todos los centros de salud proveer anticoncepción de emergencia a mujeres violadas en las 120 horas posteriores al hecho, que también fue avalada por la Corte en 2010.

Pero no crea que solo esos dos estados tienen arcaica su ley en este tema, son 16 entidades, -entre ellas Quintana Ro- en donde no se respetan los derechos de la mujer, y que, en una de esas, corre el riesgo de cárcel. Los proyectos de sentencia del ministro Fernando Franco plantean la inconstitucionalidad de las  enmiendas que realizaron esos Estados, por atentar contra la dignidad y los derechos fundamentales de las mujeres, particularmente su libertad y salud reproductiva, además de ser contrarias a la Constitución Federal. Por supuesto, que ya hoy día, las voces que se oponen a este planteamiento se han dejado escuchar, ¿quién tiene la razón? Como todo en la vida, depende del ángulo en que se observe. No se trata de promover como método anticonceptivo a la interrupción del embarazo, para nada. Se trata de que sea una opción segura para las mujeres que, al quedar embarazadas, finalmente deciden que no se harán cargo de un pequeño, no lo desean y no deben ser obligadas a lo contrario.

El razonamiento puede sonar muy empírico, pero todos aquéllos que se aferran a obligar a las mujeres a tener hijos no deseados, al final, no tenderán ninguna mano para ayudarlas, para apoyar a esos niños, es muy sencillo solo opinar y decir que el ministro Franco es abortista o promueve antivalores; cuando en un análisis de fondo, la problemática va completamente en otro sentido. El Censo 2010 reportó que 686 mil 511 adolescentes tenían al menos un hijo nacido, que sólo genera rezago educativo, alta marginación y pobreza extrema, ¿eso queremos para nuestro país? Si escuchamos a personajes de altura como el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, José Narro, quizá podríamos tener una conclusión rápida.

Dice el académico que en este tema, la decisión debe quedar en las mujeres y en las parejas, punto; claro, no hay que darle tantas vueltas, al final quién más, si a la hora de la verdad, será la mujer y si bien va, la pareja, quienes se harán cargo del niño que nazca. Desde el punto de vista legal, en nuestra Carta Magna un no nacido no es considerado como persona o sujeto jurídico, ¿cómo entonces puede tener más derechos que una mujer? Justo hace tres años, por cierto, la SCJN avaló la reforma que despenalizó el aborto en el DF, y, como una ironía de la vida, posteriormente, en 16 estados de la República, los Congresos locales legislaban lo contrario: una protección absoluta a la vida prenatal desde la concepción o fecundación, dejando a las mujeres en una vulnerabilidad absoluta.

*Yvette Hesse E. Directora de la Revista Nuestra Gente Q. Roo. Contacto: grupokankun@yahoo.com.mx  Visite: www.revistagenteqroo.com

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