Nuevo trimestre, y nuevas fechorías

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Solamente han transcurrido, desde las vacaciones de Semana Santa, menos de cuarenta y ocho horas, y ya los periódicos, las redes sociales, las radios, y las televisiones, han comenzado a presentarnos la verdadera cara de un país, en el que la corrupción, el chanchullo, el engaño, cuando no claramente el robo, es el pan de cada día, el pan cotidiano.

Apenas han abierto los juzgados, y ya se sabe que el juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, que investiga el caso Gürtel y el caso de los sobresueldos en negro a la cúpula del Partido Popular, según los papeles del ex tesorero Luis Bárcenas, ha dado orden a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la policía, y a la Agencia Tributaria, para que se investigue la posible existencia de otros cuentas bancarias en el extranjero, especialmente en Lugano, en las que además de los 38 millones de euros reconocidos por el propio Bárcenas, pudiese haber más fondos sin controlar, ya que además a lo largo de cuatro años el ex tesorero entregaba el dinero personalmente en más de dieciséis viajes a Suiza.

Simultáneamente, en un Juzgado de Pamplona, eran citados a declarar el ex presidente navarro, Miguel Sanz, de Unión del Pueblo Navarro, (UPN), tradicional aliado político del Partido Popular, el ex consejero de Economía, Ã lvaro Miranda y el actual alcalde de Pamplona, Enrique Maya, los dos del mismo partido, por el caso de las millonarias dietas percibidas en Caja Navarra, una entidad solvente y de prestigio, que por su mala gestión, terminó desapareciendo y absorbida, al final por CaixabanK. Maya y Miranda formaron parte, junto a Sanz de la permanente de la Junta de Entidades Fundadoras, un ente que tardó un año en aparecer en los estatutos de la caja y cuya existencia desconocían los miembros de la propia Junta ordinaria. En esa permanente también estaba la actual presidenta foral, Yolanda Barcina, a la que no se cita a declarar, ya que es aforada. La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Pamplona, apunta a que los políticos que formaron parte de Caja Navarra, podrían haber cometido un delito de cohecho al burlar la ley que deja fuera de las cajas de ahorros a los cargos públicos con el objetivo de seguir cobrando dietas.

Pero es, además, en Palma de Mallorca, el juez José Castro, que lleva las investigaciones sobre el «caso Nóos», ha apretado un poco más la cuerda sobre Iñaki Urdangarin, sobre su esposa, la Infanta Cristina, y sobre el secretario de las Infantas Carlos García Revenga, al admitir la veracidad de los correos aportados por el socio del Duque de Palma, Diego Torres, rechazando el recurso presentado por el yerno del Rey, que aparece también citado en los correos admitidos.

Y para que no faltara de nada, se descubre que el que fue consejero madrileño de Sanidad con Esperanza Aguirre, el polémico Manuel Lamela, que hasta su nombramiento como consejero no tenía ninguna experiencia en el tema sanitario, forma parte del consejo de administración de Assignia Infraestructuras, la empresa que gestiona todos los servicios privatizados del hospital del Tajo en Aranjuez, por una concesión de la Comunidad de Madrid por 270 millones de euros, hospital que ahora gestiona la empresa en la que trabaja. El centro, ahora semiprivado, es uno de los seis hospitales madrileños que el consejero de sanidad madrileño quiere privatizar en su totalidad, en los próximos meses, en un plan que, según la Asociación de Defensa de la Sanidad Pública «es el resultado de un planteamiento que antepone el negocio y los intereses personales y empresariales por delante de los derechos de la ciudadanía a la atención sanitaria». Para este colectivo, la polémica en torno a Lamela es «otro caso escándalo de utilización de las privatizaciones, o como ellos lo llaman de las ‘colaboraciones público-privadas’, para favorecer a costa de los fondos públicos a los negocios personales y privados de quienes las deciden».

El broche final lo pone presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, con las fotos del contrabandista y narcotraficante Marcial Dorado, unas fotos de hace veinte años, que si se hubiesen conocido antes, hubiese peligrado su elección, pero que ahora, parece más una vendetta interna dentro del PP, de cara a la sucesión de Rajoy, que una maniobra de la oposición. Sobre todo por el largo silencio que han mantenido los que con tanto ardor defendieron a Matas, a Fabra, e incluso a Bárcenas hasta hace un cuarto de hora.

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