Eliminar al Congreso por resolución judicial

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En esencia, el discurso populista desde el poder no niega la importancia de las instituciones y procedimientos democráticos, siempre y cuando arrojen el resultado que espera el líder. De lo contrario, se intentará acallar a toda oposición desde el asedio mediático, la captura de órganos de decisión y, en casos extremos, el recurso a tácticas duras para remover personajes incómodos y la convocatoria a constituyentes que redactarán una nueva constitución a modo.

Bajo esas circunstancias, el mayor reto que enfrentarán las instituciones bajo asedio es representar algo que contraste con el discurso moral del líder populista. Si el poder del gobernante se basa sobre su capacidad para representar a su imagen de “pueblo”, la mera oposición o el defender los valores democráticos con argumentos técnicos y poco comprensibles termina fortaleciendo al ejecutivo. Lejos de ello, será necesario reposicionar tales valores de una forma tan atractiva como los que postula el populismo: el reto será volver a conquistar el imaginario a favor de la pluralidad, la tolerancia y la libre discusión de ideas.

México no ha sido ajeno a las dinámicas arriba señaladas. Hemos visto cómo el presidente López Obrador ha capturado diversos órganos públicos a través de acomodar a leales. En ese mismo sentido, Morena infló su presencia en la Cámara de Diputados para tener mayoría absoluta y, así, ocupar la presidencia de la Junta de Coordinación Política durante toda la legislatura. También ha intentado ocupar la Mesa Directiva en 2019 y 2020, ya sea por sí mismo o a través de un socio de coalición: el PT. Afortunadamente ambos intentos fracasaron, pero eso no es garantía para que predominen los criterios democráticos ante un grupo mayoritario que enarbola un discurso moral.

El pasado viernes por la noche, la ministra Yazmín Esquivel presentó su proyecto de resolución contra la controversia constitucional que interpuso el 19 de junio la entonces presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, contra el acuerdo emitido el 11 de mayo por el presidente, para usar institucionalmente a las fuerzas armadas en labores de seguridad pública.

El argumento por el que la ministra Esquivel busca desechar la controversia es falaz: la diputada Rojas no estaba legitimada para presentar la controversia, pues no lo sometió a consideración de los diputados ni cuenta con el apoyo de la mayoría. Es decir, le negaría el derecho a presentar una controversia a una persona que, entre sus atribuciones constitucionales, es representar a la pluralidad de su asamblea: no a una mayoría.

Dejemos a un lado la atribución que tiene la presidencia del órgano legislativo para interpretar la normativa, que le atribuye la Ley Orgánica del Congreso. Olvidemos también la existencia de precedentes que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que confirman la atribución de la entonces presidente para presentar una controversia. Si se aprobase la resolución de la ministra Esquivel, se desdibujaría a la presidencia de la Cámara de Diputados como representante del Congreso, facultando sólo a quien controle una mayoría absoluta a iniciar controversias constitucionales. Además, esta decisión violentaría la normativa interna de la Cámara de Diputados; sentando un antecedente peligroso contra la propia autonomía del poder legislativo.

La táctica de la ministra Esquivel busca evitar que el pleno de la Corte analice y resuelva el fondo del acuerdo emitido por el presidente; quizás asumiendo que sería rechazado. Si el discurso moral del presidente es poderoso en el imaginario, ¿cómo podemos comunicar la alternativa cuando la separación de poderes está bajo asedio?

La pelota está en nuestra cancha: no se trata de a qué nos oponemos ni con cuánta fuerza lo hacemos, sino que representamos.

@FernandoDworak