Sedatu no usó 3 mil 134 mdp etiquetados para viviendas populares: ASF

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  • También reportó la desaparición de más de 724 millones de pesos de recursos federales que serían debían tenían que ser usados como apoyo para viviendas
  • Ese dinero fue utilizado de manera indebida para pagar contratos de prestación de servicios celebrados con universidades, asesorías para la operación de programas, entre otros rubros

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reportó que en 2017, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), durante la gestión de Rosario Robles Berlanga, desvió más de 3 mil 134 millones de pesos y desapareció más de 724 millones de pesos de recursos federales que serían debían tenían que ser usados como apoyo para viviendas.

“Ese dinero fue utilizado de manera indebida para pagar contratos de prestación de servicios celebrados con universidades, asesorías para la operación de programas; subcontratación de servicios con terceros; arrendamiento de edificios, helicópteros, pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando, entre otros”, informó la ASF, tras una auditoría financiera al presupuesto público destinado a programas del sector vivienda de la Cuenta Pública 2017.

El órgano de la ASF denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) este presunto desfalco que habría causado un daño patrimonial de 724 millones de pesos, pues no se pudo rastrear su destino final. Esa auditoría también describió que la Sedatu desvió, sin autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 3 mil 134 millones de pesos, que estaban destinados al Programa de Infraestructura.

Ese programa tenía un presupuesto autorizado de 3 mil 855 millones de pesos que no se utilizaron para edificar viviendas, sino que: mil 23 millones se fueron a universidades y se desconoce el rastro de 31.5 millones; mil 489 millones fueron al Sistema Quintanarroense de Comunicación Social y otros proveedores; 268.5 millones al pago de deudas del programa Vivienda Digna y Vivienda Rural de dos años; 148.5 millones, al programa Hábitat 2015; 175 millones a cuartos adicionales; 61 millones, a asociaciones civiles.

También hay 689.2 millones de los cuales se desconoce su destino y pertenecen a los 724 millones que la ASF solicita comprobar en su denuncia ante la FGR.

Los otros 35 millones de pesos perdidos se detectaron en dos rubros: los 31.5 millones que se gastaron, sin evidencia de los servicios prestados, en los convenios celebrados, sin autorización, con el Instituto Tecnológico Superior de Centla, la Universidad Intercultural del Estado de México, la Universidad Politécnica del Golfo de México, la Universidad Politécnica de Tlaxcala y la Universidad Politécnica del Centro.

Otros 3.9 millones de pesos fueron parea una fianza pagada a una empresa que nunca entregó los trabajos contratados, hallados en una auditoría a la Comisión Nacional de Vivienda.

Al respecto, el abogado de Robles Berlanga, Epigmenio Mendieta, aseguró en entrevista que la FGR quiere que su clienta delate a otros exfuncionarios, pero ella no señalará ni culpará a nadie. Agregó que su clienta fue encarcelada de manera arbitraria y debe quedar libre en máximo dos meses para enfrentar su proceso en libertad.

“Ella no tiene a quien más acusar ni a quien más delatar. Ella sostiene que esta tarea la llevó conforme a la ley establecida, es decir, en este caso no habrá entrega de otros culpables, tampoco existe daño al patrimonio, no habrá reparaciones del daño de 15 mil millones”, detalló.

Mientras tanto, la exfuncionaria federal cumplió un año recluida en el penal de Santa Martha Acatitla.

El abogado señaló que el proceso ha sido un «catálogo de irregularidades» y que su clienta está delgada, enferma por las condiciones de su edad, pero que está fuerte anímicamente para demostrar su inocencia.

«Sigue enfrentar el proceso, tenemos la información, la estrategia y Rosario está lista para presentarse ante un tribunal para aclarar estos malos entendido y demostrar que es inocente de este delito que se le acusa, el del 214, fracción tercera», comentó.

Sobre el caso de Rosario Robles, el fiscal de la Nación, Alejandro Gertz Manero, fue cuestionado sobre la forma en que y ha sido tratada y la diferencia que ha recibido el exdirector general de Pemex, Emilio Lozoya, pues él pudo llevar un proceso similar en libertad.

Al respecto, el fiscal aseguró que no es posible comparar un caso y otro debido a que en la investigación por Odebrecht, Emilio Lozoya, denunció hechos que generaron un daño patrimonial de 400 millones de pesos, mientras que, en la Estafa Maestra se investiga un quebranto por 15 mil millones de pesos.

El pasado 10 de agosto, el juez Cuarto de Distrito de Amparo en materia Penal en la Ciudad de México admitió a trámite una demanda de garantías presentada por la defensa de Robles Berlanga en la que reclamó la negativa del juez de control del Reclusorio Sur, Ganther Alejandro Villar Ceballos a revisar y, eventualmente, modificar la medida de prisión preventiva a la que está sujeta la ex funcionaria.

El acuerdo de admisión fue notificado este 11 de agosto a través de los estrados judiciales, según el amparo 390/2020.