Fin a la ‘verdad histórica’; caso Ayotzinapa se perfila como desaparición forzada

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  • En días pasados, el canciller Marcelo Ebrard anunció el inicio del proceso de extradición de Canadá al extitular de la Agencia de Investigación Criminal por el caso Ayotzinapa.
  • Al mismo tiempo, Fiscalía informó sobre otras detenciones ordenadas de servidores públicos de Guerrero, involucrados en desaparición forzada y delincuencia organizada.

Con el reciente anuncio de la identificación de Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, uno de los 43 normalistas  desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014, por parte de la Universidad de Innsbruck, en la Barranca de la Carnicería en el ejido de Cocula, la investigación del caso tiene un sólido camino, fue una desaparición forzada.

Por lo menos así lo da a entender el fiscal especial para el caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, quien estableció que no hay duda de que Christian fue detenido por la Policía Municipal que junto con funcionarios municipales, federales y militares no actuaron ante la privación de la libertad, negaron esa privación de la libertad y ocultaron la misma.

Al ser testigos unos y protagonistas otros y no actuar para evitar que se llevaran a los estudiantes detenidos y luego desaparecidos incurrieron en omisión, pues están llamados a proteger a su sociedad, a su comunidad.

Con el descubrimiento a partir de una pieza ósea de Christian Alfonso en la Barranca de la Carnicería echa abajo la conocida “verdad histórica” sostenida por la Procuraduría General de la República encabezada por Jesús Murillo Karam.

De ahí que el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, al informar que el arquitecto de esta “verdad”, Tomás Zerón de Lucio ex titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la extinta Procuraduría General de la República (PGR, hoy Fiscalía), ya es buscado por la Interpol luego de que huyó de México.

Según Gómez Trejo, la cadena lógica de eventos en los que los estudiantes son detenidos por policías municipales, quienes luego lo negaron y ocultaron a las personas, permiten que se encuadre la desaparición forzada, insiste.

Según informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) Christian estaba en el autobús que fue detenido abajo del Palacio de Justicia, de ahí en adelante incurren en omisión todas las autoridades municipales, federales y militares enteradas del hecho y/o protagonistas del mismo.

Con ello, se derrumba la resolución de las investigaciones presentadas el 7 de noviembre de 2014. Ese día, el procurador Jesús Murillo Karam determinó que los normalistas fueron secuestrados por integrantes de la organización criminal Guerreros Unidos y posteriormente quemados en el basurero de Cocula, hechos a los que denominó “la verdad histórica” y dio por terminado el caso a pesar de que había diversas inconsistencias en pruebas y testimonios de varios supuestos involucrados.

Sobre la caída de la “verdad histórica” sostenida por la entonces PGR, Gómez Trejo considera que la confirmación de la Universidad de Innsbruck sobre la identidad del normalista es suficiente.