Publicidad oficial: arma propagandística

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No fue la austeridad la principal razón para reducir el presupuesto de publicidad oficial del gobierno federal, sino la intención de controlar a los medios y reforzar la propaganda gubernamental. Si bien disminuyó la cantidad asignada a medios, es llamativo que ahora se premia a los aliados y a un diario que recibió presupuestos similares del gobierno de Peña Nieto.

 

Te doy para que les pegues

La estrategia de comunicación del actual gobierno federal privilegia el uso de la cuenta personal del presidente, de la estructura aliada con la que cuenta en redes sociales, así como de medios que –como cada sexenio– se convierten en firmes defensores de los principios que antes decían desconocer.

Hay que reconocer que se gastó menos en este rubro en 2019, como ya ha documentado Artículo 19, pero se sigue pagando a los medios que se mantenían como los principales receptores del presupuesto en sexenios anteriores.

Se podría argumentar que se trata de un tema de audiencias y que en ese asunto no se puede regatear que las principales televisoras ocupen las primeras posiciones, pero la duda surge cuando se aprecia que La Jornada ocupa un sitio muy por arriba de diarios de más circulación como El Universal o Reforma.

También que en la lista que se acaba de dar a conocer entre Artículo 19 y Fundar, se aprecia la presencia de medios regionales que en el pasado no aparecían.

Pero una de las conclusiones que arroja el estudio citado es que “el gasto en publicidad oficial sigue altamente concentrado. Del total del monto erogado en 2019, cinco de 564 medios de comunicación concentran el 40% de los recursos, es decir poco más de 1,253 millones de pesos, lo que significa que las viejas prácticas continúan repitiéndose”.

Ambas organizaciones puntualizan que “si bien el presidente López Obrador se comprometió a través de su política de austeridad y combate a la corrupción a disminuir en un 50% el gasto de publicidad oficial, lo cierto es que las malas prácticas no han cambiado. Al contrario, han originado desigualdad y brechas entre los medios de comunicación que aspiran a beneficiarse a través de la publicidad oficial. De igual forma preocupa la falta de planeación del gasto ya que puede derivar en la ineficiencia y también, aleja los contenidos publicitarios de aquellos de interés general. De acuerdo con la información que emite la SFP, de los 3,246 millones ejercidos 2,720 millones se gastaron únicamente en diciembre, es decir, el 83%; y 306 millones, el 9% en noviembre. Más del 90% del gasto se encuentra concentrado en los últimos dos meses de 2019”.

Es cierto que el gobierno federal puede decidir libremente a que medios asigna presupuesto, a pesar de que en algunos casos cuenten con una audiencia consolidada y con reconocimiento social; también lo es que los medios de comunicación mexicanos, especialmente los impresos, cometieron el error de depender casi en exclusividad de la publicidad oficial y no se prepararon para la transición digital, pero la promesa del entonces candidato López Obrador, de que no se quería dejar sin trabajo a los empleados de los medios, no se hizo realidad, sino que las decisiones que se han tomado por la administración federal provocaron miles de despidos por la caída en los ingresos publicitarios.

También es cierto que la presidencia puede establecer la estrategia que más le convenga para sus intereses y objetivos, pero es de destacar que ésta sea una que privilegie la propaganda por encima de la información que oriente a la población o que difunda los programas de gobierno, algo que se criticó en el pasado y que se repite en el actual sexenio a pesar de los mensajes de que “no somos iguales”.

Artículo 19 y Fundar explican bien que no son tan diferentes de sus antecesores. “La ausencia de reglas claras para la asignación y distribución de la publicidad oficial es un tema pendiente en la agenda del presidente Andrés Manuel López Obrador. Aún con la Política de Comunicación Social presentada el 17 de abril del 2019, persisten los vicios y malas prácticas como la concentración y discrecionalidad en la asignación presupuestaria y la desigualdad en la distribución. ARTICLE 19 y Fundar insistimos en la abrogación de la Ley General de Comunicación Social para acabar con vacíos y malas prácticas que históricamente han contribuido a vulnerar la libertad de expresión y el derecho a la información”.

En un contexto de polarización, en el que la conversación pública se encuentra contaminada por la confrontación permanente, es preocupante que desde el propio gobierno no se promueva la diversidad de opiniones ni se tolere la crítica, por lo que no sorprende que el presupuesto de publicidad oficial no privilegie campañas de comunicación social sino el premio a los medios afines o que han cedido a las pretensiones gubernamentales.

Además, que haya un solo vocero y que ponga en primer término sus creencias personales, no es sino la muestra de que no se concibe la labor de gobierno como una actividad de servicio público sino un asunto de facciones.

Con todo, afortunadamente, la crítica y los medios que la ejercen no han disminuido y podrían sobrevivir a este periodo oscuro para el periodismo mexicano.

@AReyesVigueras