Violencia política, partidos y tribunal

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Las reformas sobre Violencia Política de Género (VPG) también anuncian cambios de época en el cúmulo de obligaciones, deberes y derechos de los partidos políticos, así como en sus fines y organización interna. Veamos algunos de los principales.

De acuerdo con la reforma a la Ley de Partidos, estas organizaciones ahora tienen la nueva obligación de garantizar a las mujeres tanto el ejercicio de sus derechos políticos y electorales libres de violencia política, como la de no discriminarlas en la programación y distribución de tiempos del Estado. Además, deberán prevenir y sancionar todo acto relacionado con la VPG por medio de sus mecanismos y procedimientos internos e incorporar en sus documentos básicos (declaración de principios, programa de acción y estatutos) estos nuevos estándares protectores de las mujeres.
En lo referente a los órganos internos, la reforma dispuso que el de justicia intrapartidaria deberá ahora resolver siempre y en toda resolución con perspectiva de género. Por lo que hace a la aplicación de sus recursos destinados a capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres, los partidos podrán hacerlo en la creación o fortalecimiento de mecanismos para prevenir, atender, sancionar y erradicar VPG.
La reforma a la LGIPE dispone ahora que el INE deberá emitir lineamientos específicos para que los partidos prevengan, atiendan y erradiquen la VPG. El incumplimiento de dichas obligaciones constituirá infracción y, según la gravedad de la falta, podrá sancionarse con la reducción de hasta el 50 por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución (mes, semestre, año). En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de la ley en esta materia, la sanción podría ser, inclusive, la cancelación de su registro como partido.
Además, cuando se acredite VPG en el uso de las prerrogativas de acceso a radio y TV, el INE ordenará la suspensión inmediata de cualquier propaganda política o electoral que resulte violatoria. El INE ordenará también que se utilice el tiempo correspondiente con cargo a las prerrogativas de radio y TV del partido de la persona infractora, quien deberá ofrecer disculpa pública, con la finalidad de reparar el daño.
Finalmente, con una remisión extraña a dos leyes distintas, esta reforma agregó a la ley procesal electoral 28 conductas como causales de procedencia del denominado juicio ciudadano (22 en la Ley de Acceso y 6 en la LGIPE) mediante el que se impugnan ante el Tribunal Electoral actos o resoluciones violatorios de derechos políticos. Cuando alguna de estas conductas se actualice en perjuicio de una mujer, podrá acudir a este juicio por tratarse de VPG. El avance es que antes de la reforma, esta vía tenía fundamento en la jurisprudencia, pero no en la Ley. Próximo martes: VPG en la administración pública.