Decreto de militares en seguridad; qué es, qué no es, qué necesita ser

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El decreto del lunes para ordenar la participación de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública sorprendió porque no estuvo precedida de algunos mensajes preparatorios. Sin embargo, su contenido implica un reforzamiento de la estrategia nacional de seguridad pública ante algunos indicios de inteligencia sobre la reactivación de las bandas criminales en el escenario de la pandemia del coronavirus.

De acuerdo con su contenido, el decreto no va a ser tres cosas:

1.- No implica la militarización de la seguridad pública porque los militares seguían en activo en labores de apoyo a la seguridad, militares pasaron a formar parte de la Guardia Nacional y su presencia seguía abierta con autorización del Quinto Transitorio constitucional de la reforma del 14 de marzo del 2019. Su Tarea será la seguridad, no la captura del Estado ni del gobierno.

2.- No implica regresar al modelo de Calderón y Peña Nieto de abrir una guerra contra los cárteles a costa de una respuesta violenta de las organizaciones criminales que sumaron cientos de miles de homicidios dolosos.

3.- No implica un mecanismo de control social de la población, porque para ello se requeriría de un gobierno federal con decisión de reprimir, además de que los militares se sumaron al compromiso presidencial de no reprimir al pueblo.

En todo caso, el gobierno lopezobradorista no ha explicado que es el decreto y en qué escenario estratégico aparece:

1.- El desafío de los cárteles de salir con brigadas armadas a entregar despensas y entre ellas la hija de El Chapo con regalos que llevaban la figura de su padre fue un mensaje de fondo: los grupos criminales estaban iniciando su regreso al control de zonas territoriales de la soberanía del Estado, con la complicidad activa o pasiva de instancias de gobierno municipal y estatal.

2.- El caso de García Luna adquirió otro cariz con el mensaje exculpatorio de la embajadora de Obama y Trump en México, Roberta Jacobson, en el sentido de que la Casa Blanca no tenía datos de las relaciones del funcionario mexicano con narcos.

3.- El aviso del presidente Trump de una ofensiva dentro de México contra los cárteles, sobre todo para capturar al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Cervantes El Mencho. Fuerzas estratégicas civiles y militares ya están en México ocultadas por la embajada estadunidense para labores operativas.

4.- Los cárteles no entendieron o no quisieron entender la estrategia nacional de seguridad pública de cesar persecución de capos y la leyeron a conveniencia como una derrota pasiva del Estado. De manera silenciosa, los cárteles se volvieron a asentar en zonas recuperadas por el Estado.

5.- El Plan DN-III para combatir pandemia se ha encontrado con zonas territoriales ocupadas por el crimen organizado y de ahí la nueva presencia del ejército.

6.- El enfoque del ejército en labores de seguridad pública se basa en la doctrina de seguridad interior que no necesita de autorización legislativa y que está contenida en las tres constituciones mexicanas. La seguridad interior es la recuperación de la estabilidad territorial para una actividad productiva sin delincuentes. Los gobiernos de Calderón y Pena no supieron darle enfoque de seguridad interior a sus estrategias.

7.- El Estado es la institución que se define por tener el monopolio de la fuerza y los cárteles se mueven con tranquilidad a la luz pública y con armas de calibre superior al policiaco. El ejército, por lo tanto, es la única fuerza que puede someter a estas bandas criminales que dominan partes territoriales y políticas del Estado.

8.- El ejército saldrá a las calles a combatir a los delincuentes que hasta ahora se burlan de la Guardia y de las fuerzas policiacas.

9.- El ejército se someterá de manera estricta al mando civil del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, y a las reglas civiles de derechos humanos y de uso de la fuerza, sin tener ya fuero de guerra.

10.- El decreto del lunes se ajusta al Quinto Transitorio de la reforma constitucional de marzo de 2019 que autoriza al presidente de la república a usar a los militares en labores de seguridad pública.

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