Reelección 2020: Otras ópticas

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El 27 de abril de 2011, cuando el Senado de la República aprobó reformas a la constitución en diversas materias de orden político, como la reelección legislativa, afirmó que ésta ofrecía varias virtudes: a) Obligaría a los y las legisladoras a mantener un vínculo más estrecho con sus electores o electoras, de quienes dependería, en su momento, una eventual ratificación electoral en el cargo; b) Fomentaría la responsabilidad de las y los representantes populares al imponerles, si aspiraban a ser reelectas en el cargo, mantener el contacto permanente con la ciudadanía de la demarcación territorial por la que fueron electas.

c) Permitiría la formación de legisladores y legisladoras más profesionales, logrando que el conocimiento acumulado respecto de las funciones y las prácticas parlamentarias adquiriera mayor importancia y se redujera la curva de aprendizaje; d) La estabilidad en el encargo legislativo probablemente traería consigo mejores condiciones de gobernabilidad en los contextos de falta de mayorías parlamentarias predefinidas y de gobiernos divididos. Yo agregaría una quinta: se debilitaría el control de las élites y dirigentes partidistas sobre sus grupos parlamentarios y legisladores y legisladoras, pues éstos dependerían más de sus electores y electoras y menos de los partidos.
En refuerzo, ante la resurgida controversia, conviene recordar, además de las ventajas de la reelección, las desventajas de la no reelección. Para ello, sigo en lo general lo que dos de los más reconocidos expertos electorales del mundo, el alemán Dieter Nohlen y el argentino Daniel Zovatto, exponen al respecto en texto recientemente publicado.
Primer inconveniente de la no reelección: los y las electoras no tienen el poder de “enjuiciar” a sus representantes, lo que a su vez detiene o pospone la articulación de un buen sistema de rendición de cuentas. Segundo, puede exacerbar la adecuación parlamentaria a un nuevo presidencialismo e impedir relaciones flexibles entre poderes, que es la base de la gobernanza democrática moderna. Tercero, impide un acercamiento genuino y de largo plazo del elector o electora con su representante, a quien apenas empezaba a conocer, cuando él o ella ya deben buscar otros horizontes profesionales o políticos.
Cuarto, por la restricción electoral que impone, lesiona el derecho de votar y/o ser votado(a) libremente, que es una de las características fundantes de todo régimen democrático. Quinto, impide la formación de élites parlamentarias expertas en temas diversos y esa especie de profesionalización le ofrece al Congreso diversas ventajas en su relación con los otros poderes y eleva en general el nivel del debate público; impide también la generación de pericias y capacidades del Poder Legislativo que sirven para la conformación de conocimiento especializado y por lo tanto, de gran calidad científica y oportunidad política. Avanzaré en entregas posteriores.