Diario del año del coronavirus

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Miércoles 1 de abril, 2020.

Comienza el aislamiento obligatorio.

La ciudad aislada.

El comienzo de nuestra distopía.

Por razones de salud, en la conferencia presidencial apenas una veintena de reporteros acreditados.

El problema no está en que se sienten separados, sino en las interacciones y acercamientos inevitables y en las contaminaciones en sus traslados.

Pero todo sigue igual. Ayer el presidente López Obrador pidió una tregua, a su manera, agrediendo a sus críticos: “llamo a la unidad a los conservadores, que ya le bajen una rayita. Es una tregua, un mes.” Hoy volvió a la carga contra periodistas que quieren dinero, con adversarios conservadores culpables de todo.

El escenario ya está puesto. El presidente no va a cambiar su estrategia. La oposición y los críticos tampoco. El degaste será creciente.

La cifra de infectados y muertos sigue aumentando, los primeros en proporción geométrica.

Hoy también reafirmo el presidente que no habrá apoyos a personas ni a empresas. Qué paguen sus impuestos. Que manden a sus casas a sus empleados y que les sigan pagando salarios. Lo podrán hacer las grandes empresas. Las micro, pequeñas y medianas no. La tasa de utilidad ha sido castigada por el estancamiento de -0.1% de 2019.

Pero el asunto es legal. Las empresas pueden despedir empleados y no pagar salarios en emergencias. Lo dice la Ley Federal del Trabajo:

“Artículo 427.- Son causas de suspensión temporal de las relaciones de trabajo en una empresa o establecimiento: VII.- La suspensión de labores o trabajos, que declare la autoridad sanitaria competente, en los casos de contingencia sanitaria.

Por lo tanto, el apoyo a los trabajadores por la emergencia corresponderá al gobierno. Y no habrá dinero.

Entonces…

Quién sabe.

No hay poder humano que le haga entender al presidente de la república que la realidad económica se mueve por otras inercias. El cierre económico aumentará el desempleo. Nada obliga a las empresas a pagar salarios…, lamentablemente. No ha habido ninguna ley de emergencia económica que eluda el mandato de la Ley del Trabajo.

Si el 57% de la fuerza laboral es informal, quiere decir que son unidades productivas que dependen del día a día: si no trabajan, no comen. Y el presidente ya enlistó los únicos beneficiarios de programas sociales: ancianos, madres, jóvenes que no son todavía población económicamente activa.

No está mal, pero es insuficiente. Las leyes económicas prueban que las mejores coberturas sociales deben venir de dinámica productiva. Y el presupuesto tiene etiquetados sus gastos e inversiones desde antes de la pandemia y no habrá nuevos beneficiarios.

La ciudad comienza a sentirse despoblada. Y están apareciendo los delincuentes cobrando paso. O atracando negocios vacíos. O robando casas. O asaltando los pocos transeúntes.

Así será un mes.

O más.