Reelección 2020 bajo la lupa

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La reforma legal en materia de reelección de legisladores federales y locales, integrantes de los ayuntamientos de los estados y de las alcaldías de la Ciudad de México, aprobada por la Cámara de Diputados en su última sesión de este mes de marzo, causó una tormenta de proporciones mayúsculas en medios y redes sociales. Lamentablemente y para no variar, el impulso, la consigna y/o el ocio estaban más arriba en la lista de componentes de las opiniones y comentarios que la serenidad, la memoria y la información verificada.

Recordemos que la reelección está en la constitución desde hace más de 6 años y que fue incorporada con acotaciones adecuadas para atemperar correctamente los riesgos y amenazas que esta institución encarna en materia de representatividad, libertad de decisión política del electorado y rendición de cuentas. En efecto, la reelección mexicana, aprobada desde febrero de 2014, tiene límites constitucionales, como un tope temporal, reglas estrictas de postulación partidista y el mandato de que solo podrían aspirar a reelegirse las y los legisladores electos en 2018.
Sin embargo, esas normas apenas representan un marco general de actuación y son restricciones más principialistas que operativas. Como la primera aplicación del mandato se acerca vertiginosamente (es decir el proceso electoral de 2021) era indispensable, efectivamente, que el Congreso de la Unión emitiera las reglas concretas que la norma constitucional apenas enunció; también resultaba necesario atender lo no previsto por la constitución, como la regulación específica del financiamiento y otras prerrogativas, la de las precampañas y campañas, así como las de fiscalización de gastos e ingresos de aspirantes a la reelección desde su posición legislativa actual. Del mismo modo, era imperativo legislar si deberían permanecer en el cargo mientras contienden por retenerlo o si deberían separarse para lanzarse a la campaña.
Para complicar aún más la coyuntura, la propia constitución prohíbe expresamente reformas electorales fundamentales dentro de los 90 días previos al inicio del proceso electoral, que este año arranca en la primera semana de septiembre, lo que significa que el plazo para pasar en el congreso una reforma como esta, terminaba a finales del próximo mes de mayo. Ante la incertidumbre sobre la duración de la emergencia sanitaria, lo responsable era legislar de una buena vez ese tema fundamental para nuestra democracia y, en especial, para el fortalecimiento del poder legislativo, que durante tantos años los demócratas demandamos y esperamos.
Creo que la Cámara de Diputados hizo lo correcto y que además no tenía mucho margen de maniobra ante el encuadre constitucional al que la sujetaba la reforma de 2014. La determinación del Senado de no apresurarse también es adecuada, aunque no por mucho tiempo. Sobre la redacción particular de la reforma legal escribiré y opinaré en entregas subsecuentes. #HoyEsMiCumple #Cuarentaysiempre #CelebrareEncerrado #AsiEsMejor #QuedateEnCasa #SerenidadyPaciencia #DeEstaTambienSaldremos