Interpol detiene a Emilio Lozoya; FGR inicia la extradición

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  • Fungió como director de Pemex entre 2012 y 2016, fue inhabilitado por la SFP en mayo de 2019 por «dar información falsa en su declaración patrimonial
  • El abogado del exfuncionario, Javier Coello Trejo, dijo que noticia le cayó como “balde de agua fría”, pero que comenzarán a preparar el litigio de defensa

La Policía Nacional Española y la Interpol, lograron detener en el puerto de Málaga a Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos, la tarde de este miércoles, tiempo local. El exfuncionario está acusado por el gobierno mexicano de recibir más de 10 millones de dólares en presuntos sobornos por parte de la constructora brasileña Odebrecht, a cambio de dirigir contratos para durante la administración de Enrique Peña Nieto.

El informe fue confirmado en Twitter por el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero.

Para la captura, se realizó un trabajo conjunto con autoridades de España, ya que Lozoya Austin estaba en calidad de prófugo de la justicia desde el 2019.

La FGR también informó que comenzará inmediatamente los trámites de extradición a México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

A partir de esa comparecencia se decidirá si enfrenta un proceso de extradición a México, ese juicio podría durar entre 45 y 60 días, dependerá del tiempo que se tome el Gobierno mexicano en enviar los documentos pertinentes a España.

Lozoya, quien fungió como director de la paraestatal entre 2012 y 2016, fue inhabilitado por la Secretaría de la Función Pública (SFP) en mayo de 2019 por «dar información falsa en su declaración patrimonial y omitir en dos ocasiones una cuenta bancaria de cientos de miles de pesos».

“En estos momento lo que va a ocurrir es que ya queda sujeto a proceso de extradición y vamos a empezar el proceso legal. La detención de él es con fines de extradición y ahora vamos a comenzar el litigio para específicamente traerlo a México”, comentó Gertz Manero en entrevista telefónica.

Por su parte, el abogado del exfuncionario, Javier Coello Trejo, dijo que noticia le cayó como “balde de agua fría”, pero que comenzarán a preparar el litigio de defensa.

De acuerdo con la orden de aprehensión librada contra Lozoya, Luis Alberto Meneses Weyll, exdirector de Odebrecht,  señaló que el exfuncionario federal fungió como enlace entre la constructora brasileña e importantes empresarios mexicanos para asociarse y ganar contratos de obra.

Por ello, la FGR consideró que Lozoya es autor material de las operaciones con recursos de procedencia ilícita, derivadas de los sobornos que dio Odebrecht para posicionarse como principal contratista de la administración anterior.

Mientras, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), logró documentar las transferencias bancarias que las empresas ligadas a Lozoya Austin realizaron a diversas empresas y operaciones de compraventa vinculadas a su madre y hermana, Gilda Margarita Austin y Solis y Gilda Lozoya, respectivamente; así como a su esposa, Marielle Helene Eckes y Nelly Maritza Aguilera Concha.

Todos ellos fueron señalados como cómplices de Emilio Lozoya, los cinco fueron imputados como coautores materiales de asociación delictuosa, mientras que El exfuncionario también enfrenta cargos por cohecho.

Según la orden de aprehensión,  Emilio Lozoya conocía la organización Odebrecht S.A y a muchos empresarios mexicanos, con lo que entre

2010 y 2014, “Constructora Norberto Odebrecht” pagó 10.5 millones de dólares pactados por Meneses Weyll con Lozoya a cambio de recibir negocios en los estados que estaban en proceso de renovación gubernamental y en los que había oportunidad de desarrollar proyectos en los sectores hídrico, energético y de transporte.

Lozoya Austin presuntamente recomendó a Meneses aliarse con empresarios mexicanos para fortalecer su posición en el mercado, tales como Jorge Eduardo Rivera Schotte, empresario tamaulipeco y accionista de “Petrochem México”; Juan Carlos Tapia, accionista de “Construcciones Industriales Tapia” con presencia e influencia política en Hidalgo y Felipe Ruiz e hijo, dueños de “Constructora Ruso” en Veracruz.