Prevención y tiempo real

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Esta semana tuve oportunidad de reunirme con la Junta de Coordinación Política del Senado de la República y su presidente, en una reunión privada en que se consideraron temas del interés de los coordinadores parlamentarios, así como algunos asuntos importantes para la ASF. Una reunión realmente relevante para el fortalecimiento de la lucha contra la corrupción.

Como señalaron el senador Monreal y el resto de los integrantes de la Jucopo, el tema principal que abordamos es la lucha contra la corrupción, contra la impunidad y un paquete de reformas sobre temas que planteamos para modificar la Constitución y las leyes reglamentarias, como dotar a la ASF de instrumentos para ser más eficaz; asimismo, se destacó el respaldo institucional a la auditoría para impulsar reformas que pueden ser las más importantes en la lucha contra la corrupción y la impunidad.

Así, hablamos de reformas constitucionales orientadas a fortalecer el enfoque preventivo de la fiscalización a través de las auditorías en tiempo real, esto es anticipadas durante su ejercicio, a la presentación de las cuentas públicas. Las revisiones posteriores a la presentación de las cuentas públicas son poco útiles para la prevención y mejores resultados; es el caso del Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2018, el cual se presentará el próximo mes, pero el tiempo que resta para aclaraciones, que es un derecho de los entes auditados, puede concluir hasta el mes de octubre, esto es casi dos años después del ejercicio de los recursos.

Estamos terminando la programación de las auditorías de la cuenta pública 2019, utilizando los métodos de la planeación estratégica y serán georreferenciadas por primera vez en la historia de la fiscalización en México.

Asimismo, trabajaremos auditorías adelantadas a los grandes proyectos de infraestructura, o programas importantes como la ayuda a Centroamérica.

Otro tema importante que se trató es el que tiene que ver con fortalecer la fiscalización superior en los estados, a fin de evitar actos de corrupción y desvío de recursos públicos, así como cohechos particularmente a los municipios, la realización de auditorías con despachos teniendo una base laboral importante y subordinación a los Ejecutivos estatales; claro, hay excepciones.

Desde hace cuatro años la ASF audita las participaciones, y desde su origen tenía de manera exclusiva las aportaciones, esto es los recursos etiquetados del Ramo 33. Esto es llevar a cabo la fiscalización superior, entendiendo como tal, aquella de más alto rango y nivel, dotándola de autonomía técnica y de gestión, que informe a los legisladores, a los entes auditados y a la ciudadanía, sobre el destino de los recursos públicos y las acciones gubernamentales.

En tal virtud, las facultades con las que cuenta la ASF para la fiscalización del gasto federalizado, las participaciones federales, la deuda pública y la disciplina financiera a las entidades federativas, municipios y alcaldías, son las más amplias en todos los sentidos, ya que desde la Constitución en su artículo 79, se establece la competencia de la ASF para que de manera directa y específica fiscalice lo anterior.

Por su parte, tanto la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación como diversos ordenamientos legales como la Ley de Coordinación Fiscal, establecen que el control, la evaluación y fiscalización del manejo de los recursos federales del Ramo General 33, queda a cargo de la ASF, que participa en la revisión y fiscalización de las aportaciones en todas las etapas.

Hoy revisamos incluso a los poderes Legislativo y Judicial.

En suma, hoy con los adelantos tecnológicos estamos en capacidad de revisar prácticamente la totalidad de los recursos públicos, solo faltan las reformas mencionadas.