El juicio político contra Rosario Robles: un ejercicio de banalidad

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Por primera vez en décadas, avanza un juicio político en la Cámara de Diputados y todo indica que hay interés para que culmine en unos meses. Las mayorías son fáciles de alcanzar: mayoría simple en la cámara baja y calificada en la colegisladora. Sin embargo, y dejando a un lado cualquier consideración sobre su indiscutible legalidad o discusión sobre si hay o no fundamento, no es posible dejar de pensar que se trata de un acto de venganza política en lugar de un afán justiciero. ¿Cómo llegamos a este punto?

Los juicios políticos en sistemas presidenciales son un control de carácter político que tiene el poder legislativo sobre los titulares de los otros dos poderes, conde la cámara baja es jurado de acusación y la otra de sentencia. Como dijo el entonces académico y posteriormente presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, se puede iniciar por todo cuanto considere el Congreso que debería iniciarse. La única salvaguarda para que no se abuse de este recurso es que debe ser lento y pausado, para desarticular las pasiones que se puedan tener en un momento.

Para usar una analogía, el juicio político es una bomba atómica en el arsenal de herramientas de control del legislativo: un recurso extremo que acaba con la carrera del indiciado y de paso afecta la credibilidad del sistema. Richard Nixon prefirió renunciar antes de ser procesado. William Clinton apenas la libró. Donald Trump se la está jugando el todo con el todo mientras enfrenta ese proceso.

Sin embargo, en México amenazar con un juicio político se había vuelto hasta hace poco en el equivalente a asustar con el petate del muerto: una amenaza hueca pero mediática que se invocaba ante cualquier escándalo público, en ausencia de un caso debidamente armado para presentarlo ante los aparatos judiciales. En ese entendido, la apuesta era por el desgaste en la imagen del acusado antes que la justicia.

¿Cómo le hicimos para banalizar este procedimiento? Mientras en la mayoría de los sistemas presidenciales se enfoca fundamentalmente en los titulares de los poderes ejecutivo y judicial, el Congreso de la Unión puede enjuiciar a estos funcionarios, al gabinete, titulares de órganos autónomos, poderes locales y otros, alcanzando a un total de 3,000 personas susceptibles de juicio político. Cuando se tiene un número tan alto, la amenaza se diluye.

Otro problema: mientras en los otros países inicia por lo que los legisladores consideren, en México cualquier persona puede solicitarlo ante la Mesa Directiva de la Cámara de diputados, lo cual hace que se acumulen cientos de peticiones banales. Por otra parte, la Constitución establece que se puede iniciar un juicio político hasta un año después que un funcionario haya abandonado su cargo, lo cual premia todavía más el espectáculo que el control sobre el poder.

Finalmente, si se llegase a iniciar un juicio político contra un funcionario estatal desde el Congreso de la Unión y de casualidad llegase a prosperar, la legislatura local podría ratificar si procede o no. Como resultado, el doble punto de veto podría terminar premiando la simulación y la impunidad.

Con todo lo anterior, se aprecia que, en efecto, el juicio político no deja de ser un espectáculo si de todas formas la ex secretaria enfrenta ya un proceso penal por su presunta responsabilidad en los ilícitos registrado en la investigación conocida como La estafa maestra. Sin embargo, el problema es que la existencia de un grupo parlamentario mayoritario puede llevar a otro problema con un procedimiento de juicio político tan deficiente como el que tenemos: que sea usado como instrumento de control y chantaje.

Para muestra un botón: ante la declaración de los gobernadores panistas por desconocer a Rosario Piedra como presidenta de la CNDH, Ricardo Monreal amenazó con iniciarles juicio político por desacato. Imaginemos que los gobernadores procediesen y en efecto prosperara el juicio político en el Congreso: sería detenido en las legislaturas locales, asumiendo que el PAN fuese mayoría. Aunque no pasara gran cosa, esto sería en la siguiente elección un tema que Morena posicionaría, pudiendo avanzar en esa entidad.

Pero bueno, esto es el resultado de un procedimiento mal diseñado, el cual no fue modificado porque convenía a la vieja élite. Y si no reconocen la necesidad de adecuarlo según parámetros comparados, será usado contra ellos.