AMLO, Año 1: Ingobernabilidad, crecimiento y el factor EE.UU.

0
122

Ingobernabilidad

Rumbo al primer año formal de gobierno, el presidente López Obrador ha tenido un complejo cuarto trimestre. Pero al margen de las explicaciones, se puede concluir que las propuestas presidenciales han sido menores a las contradicciones crecientes de una realidad en proceso dinámico de descomposición.

Todo gobernante comienza su administración con la percepción de la realidad que le da su experiencia, su conocimiento del país y sus enfoques desde fuera del poder presidencial. Pero todo gobernante en el poder presidencial tiene el desafío de tener que ajustar sus mecanismos de gobierno a la realidad que encara como responsable de la toma de decisiones.

El país se encuentra en medio de una crisis típica de ingobernabilidad (Samuel Huntington), asumiendo el concepto no como crítica a la eficacia/ineficacia en el ejercicio del poder sino como el momento en que la oferta de reformas del gobierno es menor al catálogo de demandas de la sociedad.

El punto óptimo de equilibrio se encuentra en el acuerdo entre demandas y ofertas. Y todo gobernante tiene que llegar pronto a la conclusión que su listado de propuestas –por muy ideales que sean– tienen que pasar por el ojo de la aguja de las contradicciones entre los grupos de interés.

López Obrador propuso una Cuarta Transformación que, en cualquiera de sus enfoques óptimos o críticos, no es más que una oferta para resolver los problemas sociales. Pero las tres transformaciones anteriores tuvieron éxito en tanto que fueron rupturas revolucionarias con los viejos regímenes anteriores (en el modelo del ancien régime de la Revolución Francesa); es decir, la destrucción del régimen anterior, a fin de que las nuevas propuestas pudieran tener viabilidad.

En su primer año de gobierno, López Obrador no ha planteado una ruptura revolucionaria con el pasado; antes bien, ha utilizado instrumentos, acuerdos y relaciones de poder del viejo régimen para introducir algunas de sus reformas y propuestas. Sin embargo, el voto electoral por López Obrador fue dinamizado por su discurso de ruptura con el viejo régimen.

En este contexto, la dimensión de las reformas exigidas por la sociedad es mayor y requiere de más dinamismo que las propuestas del nuevo gobierno, menores y lentas. Además, nada podrá hacerse si no se rompe con la estructura vigente del presupuesto de ingresos-gastos del gobierno. El reacomodo de liquidez tiene que destapar a algunos sectores, para poder tapar a nuevos sectores prioritarios.

Las tres metas centrales del gobierno lopezobradorista cerrarán en déficit el primer año de la administración: seguridad, PIB y empleo. Las razones de este saldo deficitario tendrían que buscarse en la continuidad del modelo económico estabilizador y en la ausencia de una nueva política económica/modelo de desarrollo/Estado de bienestar. No debe olvidarse que la crisis económica estallada en 1973 y el neoliberalismo posterior no rompieron con el papel contradictorio del Estado en el desarrollo.

Mientras el gobierno de López Obrador no rompa de manera definitiva con el modelo de gobierno de la Revolución Mexicana en sus diferentes fases, sus posibilidades de cumplir con el ideal de justicia e igualdad social no podrá alcanzarse. Las contradicciones, limitaciones e intereses creados en el 2019 para ofrecer un saldo deficitario entre ofertas y resultados debe ser analizado para entender que se rompe con el pasado y se construye un nuevo modelo de desarrollo o los cinco años que faltan del sexenio serán igual de irregulares y deficitarios que el 2019.

El presidente López Obrador ofreció resultados en el primer año; no los habrá. Ya pidió otro año, pero de ser igual que en el 2019 tampoco los habrá. El tercer año es el de la renovación de la Cámara de Diputados y el que ofrece al ciudadano –como ha ocurrido en fechas similares– la posibilidad del voto de castigo contra compromisos incumplidos. Los objetivos lopezobradoristas no eran utópicos, quizá un poco idealistas, aunque al final con posibilidades de cumplirse. Pero la condición era sencilla: romper con el viejo régimen y sus estrategias de desarrollo, instaurar un nuevo modelo de crecimiento y rehacer las relaciones sociales de producción. Lo hizo el PRI en 1934-1946 para crear el modelo de desarrollo estabilizador que produjo un promedio de 6% de PIB; no pudo hacerlo él neoliberalismo salinista con su primerio de PIB de 2.2%.

El primer año de López Obrador será de un diagnóstico acertado, pero de un programa económico desacertado.

Crisis de desarrollo

En la dinámica diaria de las conferencias matutinas y sin posibilidad de debate a fondo, el presidente Lopez Obrador ha tratado de construir una narrativa económica alternativa: la economía va bien, aunque en las cifras vaya mal. El desdén al PIB con argumentos de asignaciones asistenciales en efectivo directo a los beneficiarios quiere desvanecer el significado productivo de la suma de la producción de bienes y servicios.

En su campaña y en su Plan Nacional de Desarrollo, el presidente de la república centralizó el eje de la economía en el PIB: del 2.2% promedio anual en el ciclo neoliberal 1983-2018 se iba a avanzar hacia un promedio anual sexenal 2018-2024 de 4%. El ritmo sería creciente: 2% en 2019-2020, 4% en 2021-2022 y 6% en 2023-2024. Promediado entre seis años, el PIB sería, entonces, de 4%. La única condición estaba en cumplir de manera estricta con los objetivos.

El PIB de 2019 estará en debajo de 0%; si acaso, entre -0.2% a -0.5%; y los principales analistas bancarios sitúan el PIB de 2020 en 1% o abajo. Por tanto, el promedio anual del PRI en el primer tercio del sexenio sería de 3.5%. Para poder alcanzar la meta de 2% bianual, entonces la economía debería tener un ajuste extraordinaria la alza que estaría limitado por la inflación. De ahí que para lograr la meta de 4% en el segundo periodo bianual la economía tendría que crecer 5.5%, aun más complicado por la inflación y su efecto en devaluación.

El problema estructural de la economía mexicana radica en el hecho de que la tasa de 2.5% anual de PIB es el límite para evitar presiones inflacionarias; arriba de esa cifra se padecerían alzas de precios que de nueva cuenta desalinearían las variables más importantes, sobre todo las relativas que dependen unas de otras.

El realismo económico en las expectativas pudo haber sido el origen del choque entre el presidente de la república y su secretario hacendario Carlos Urzúa. En los Criterios Generales de Política Económica 2019 de Hacienda de noviembre de 2018 se estableció la meta anual promedio del PIB de sólo 2.7%, apenas medio punto arriba del 2.2% del ciclo neoliberal. Al cabo de un año, la realidad le está dando la razón a Hacienda.

El PIB es vital para medir el desarrollo:

1.- La suma de bienes y servicios de toda la economía, pero en las variables que registran efectos multiplicadores en la economía.

2.- El PIB es punto de referencia para tasar el desarrollo: el 0.0% (señalado en noviembre) es menor al 2% de crecimiento de la población, menor al 2.4% de aumento anual de la población económicamente activa y menor a su comparación en pesos con la población en términos per cápita.

3.- El PIB señala los márgenes del mercado de trabajo. Las cifras de septiembre del INEGI sobre empleo no ocultan la dimensión de la precariedad laboral: el dato más obvio es el de la tasa de desocupación de 3.7%, que significan 2 millones 147 mil 628 mexicanos sin ingresos por empleo. Pero hay que agregar dos datos más: el 56.5% de la población ocupada lo hace en el sector informal; y a el 7.7% de la PEA vive condiciones de subocupación. En total, la población desocupada y subocupada suma 6.4 millones de personas, el 11% de la población en condiciones de trabajar.

Los dineros entregados de manera directa como subsidios a amas de casa, personas de la tercera edad y jóvenes no constituyen una multiplicación de la demanda, primero porque son pocos en términos individuales y segundo porque se destinan a bienes y servicios básicos de suyo subsidiados.

De acuerdo con estudios del Banco Interamericano de Desarrollo y el Plan Nacional de Desarrollo 1988-1994 de Salinas, el punto central del PIB radica en la atención laboral y de prestaciones sociales a la población económicamente activa que cada año se suma por primera vez al mercado de trabajo. En este sentido, esos estudios revelan que México necesita crecer 6% promedio anual de PIB para atender sólo las necesidades de los 983 mil mexicanos promedio que se suman al mercado de trabajo cada año. A lo largo de 36 años la economía sólo pudo atender a un tercio de esos mexicanos. Ahí, este dato, se explican las cifras de desigualdad, pobreza y marginación.

En este sentido, el primer año de economía lopezobradorista se debe medir por el PIB y no por los subsidios entregados; y ahí, en el PIB, se percibe una crisis de desarrollo que se extenderá a lo largo del sexenio porque el saldo de 2019 y el previsible de 2010 hará imposible la meta de 6% promedio anual sexenal.

El factor EE. UU., no Trump

La élite gobernante en los EE. UU., sea liberal, conservadora o puritana, suele imponer criterios de interpretación: se mueve en su papel de garante de la democracia, pero en el fondo defiende el modelo de dominación imperial democrática jugando a la propuesta de Pericles en la Historia de la guerra del Peloponeso de usar la fuerza para defender democracias afines.

México ha oscilado entre la sumisión, la distancia crítica y la no confrontación, aunque ninguna le ha garantizado espacio por dos razones: México carece de un modelo político y económico propio y al final ha preferido colocarse debajo del paraguas de la seguridad nacional estadunidense.

Pero el problema mayor ha sido la personalización del poder estadunidense; es decir, asumir al imperio en el rostro del presidene en turno. Y ése ha sido el peor error estratégico: el principal problema de la soberanía mexicana es el imperio estadunidense, sean las caras suaves de Carter, Clinton u Obama o los rostros duros de Nixon, los dos Bush o Donald Trump.

El presidente Carter –un demócrata con cargos de conciencia religiosos– tenía una frase que usó cuando le dio un golpe económico duro al presidente López Portillo luego de haber prometido otra cosa, alrededor del gasoducto a. Texas:

–Yo si quiero, pero Casa Blanca dice.

El “Casa Blanca dice” es el poder imperial, la comunidad de los servicios de inteligencia, militares y de seguridad nacional, justo el núcleo real de poder del imperio. Los EE. UU. son, ha escrito el intelectual Gore Vidal, un Estado de Seguridad Nacional, es decir, un Estado para configurar y mantener el dominio mundial del imperio estadunidense. Las doctrinas de seguridad nacional, defensa y soberanía se han fijado en los EE. UU. desde la óptica del imperio más allá de sus fronteras. Se resume en el concepto de “policía del mundo”, pero en realidad se trata de imponer el american way of life o modo de vida americano como el hegemónico que subordina a las demás naciones a sus necesidades.

En el gobierno actual México ha centrado su relación en la figura de Trump y a través de su negociador Jared Kushner, su yerno, usando inclusive al excanciller peñista Luis Videgaray Caso como intermediario. Y para evitar confrontaciones, México se ha hecho a un lado en las provocaciones.

Y ahí ha radicado el segundo error estratégico: la política migratoria de los EE. UU no es de Trump, sino de un imperio que ve en la migración una ruptura de los equilibrios internos. Los estadunidenses perciben a los mexicanos como migrantes que, de una manera u otra, están “recuperando” su territorio arrebatado a mediados del siglo pasado; y lo más grave es que los estadunidenses han entendido el juego mexicano: ocupar la tierra, pero no para re-mexicanizarla sino para aprovecharla con los modos de vida imperiales.

Trump representó la irrupción en las estructuras de decisiones de los estadunidenses de condado, los siempre marginados de las elecciones, los que detestan la burocracia que domina las decisiones del Estado, los que exprimen a los pequeños productores con impuestos y falta de atención a sus problemas, la verdadera mayoría silenciosa económica, productiva y electoral. Se trata, pues, del acceso a decisiones de poder de los mismos estadunidenses, aunque con otros intereses.

Si México es el problema de seguridad numero uno de los EE. UU. por la frontera de más de tres mil kilómetros, en consecuencia, México debería darle reciprocidad y ver a los EE. UU. como el problema mexicano de seguridad nacional numero uno. Sin embargo, el enfoque de seguridad nacional de México respecto a los EE. UU. es el tradicional de la prevención de invasión extranjera y no el de los intereses estratégicos comunes. Con tratado o sin tratado, México comparte enfoques económicos, sociales y de seguridad con los EE. UU., sólo que la vieja doctrina nacionalista impide reconocer el realismo de la bilateralidad.

El gobierno de López Obrador no ganará nada robaleando los conflictos –es decir: evadiéndolos– y tampoco conseguirá ventajas con la confrontación El Tratado fue la oportunidad de interrelacionar intereses, sólo que México quedo en la posición cómoda del país maquiladora y ni en la construcción de una planta industrial más productiva y fuerte.

Pero el punto principal es sencillo: los EE. UU. son un imperio y con ese imperio habrá que lidiar y encarar.

indicadorpolitico.mx

carlosramirezh@hotmail.com

@carlosramirezh